El exsenador novoprogresista Antonio Soto Díaz, alias El Chuchin, y su esposa Agnes Lopés Santiago tendrán que esperar dos semanas para conocer si el juez Enrique Silva Avilés, del Tribunal de San Juan, encontró causa para juicio en su contra por tres cargos de evasión contributiva.

Después de escuchar las argumentaciones finales y el contrainterrogatorio al único testigo que declaró en el proceso, el magistrado informó al Ministerio Público y a la defensa que necesitaba tiempo para aquilatar la prueba.

Así las cosas, citó a la pareja para el 25 de septiembre, a las 10:00 a.m. En esa día  divulgará su decisión en corte abierta.

En una vista pasada, el agente especial fiscal Carlos Laracuente Gierbolini, del Departamento de Hacienda, declaró que la pareja no informó un ingreso aproximado de $481,000 en sus planillas de contribución de ingresos de los años 2009, 2010 y 2011.

Explicó que calculó esta cifra al comparar los ingresos reportados en las planillas de la pareja con los depósitos de sus cuentas bancarias.

Afirmó que la cuenta donde detectó los ingresos no informados estaba a nombre de Lopés Santiago y de su hija Gladymar Soto Lopés.

Hoy, viernes, el testigo señaló que investigó a la pareja, pero no a su hija “porque es dependiente”.

A preguntas del licenciado Pablo Colón Santiago respondió que no analizó las declaraciones juradas del exsenador donde informó que había realizado una inversión personal de unos $400,000 en las empresas Anthony's II Corp. y Soto's Corp.

Laracuente Gierbolini también indicó que consideró todos los depósitos que analizó como ingresos tributables y que desconocía si algunos de los depósitos respondían a dinero de préstamos estudiantiles.

En una línea de preguntas dirigida a demostrar que el testigo no había hecho una investigación exhaustiva, el abogado llevó al hombre a aceptar que no sabía con certeza quién había abierto la cuenta donde detectó el supuesto dinero no reportado a Hacienda.

Luego a preguntas del licenciado, Carlos Torres Nolasco, quien representa a Lopés Santiago, el testigo aceptó que no sabía que los préstamos estudiantiles y las rentas de propiedad inmueble no son ingresos tributables.

En un intento por rehabilitar al testigo, el fiscal especial independiente Manuel Nuñez Corrada, llevó al testigo a decir que en su análisis examinó una certificación de empleo de 2009 que emitió el exsenador donde consignó que esposa trabajaba en su empresa Anthony's II Corp. y generaba un ingreso de $650 mensuales.

Ese dinero, según el testigo, no se reportó en las planillas, donde la mujer se identificó como ama de casa.

En su argumentación final, el fiscal Carlos Romo Aledo, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, insistió en que la prueba presentada demostró que el exsenador y su esposa dejaron de informar ingresos para evitar el pago de contribuciones.

“Los ingresos en las planillas no son correctos”, afirmó.

“Esas planillas eran falsas y fraudulentas cuando las radicaron”, agregó.

Colón Santiago, por su parte, citó jurisprudencia federal que sostiene que no se puede considerar todo depósito como un ingreso tributable.

Planteó también que el dinero adicional que el testigo identificó se trató de repagos hechos al exsenador por su inversión y cuestionó que no se le permitiera a la pareja aclarar las dudas que surgieron de sus planillas.

“Dónde está la evasión contributiva si son repagos. Si yo tengo una inversión en esa corporación tengo derecho a que me paguen”, afirmó.

“Como que tenemos la tensión de apresurarnos cuando se trata de una figura pública”, agregó en otro momento, 

Además, adjudicó cualquier problema con la planilla de la pareja al contable que la preparó.

Previamente Soto Díaz se allanó a una determinación de causa para juicio por tres infracciones a la Ley de Ética Gubernamental que pesan en su contra.

Estos tres cargos por violación al artículo 4.11 de la Ley de Ética Gubernamental responden al supuesto incumplimiento o a la falsificación de información en los informes que sometió ante la Oficina de Ética Gubernamental en el 2009, 2010 y 2011, cuando se desempeñaba como senador.

En proceso separado, el controvertible exsenador del penepé enfrenta otros 26 cargos de apropiación ilegal agravada de fondos públicos y de falsificación ideológica.

Estos cargos están relacionados al supuesto cobro ilegal de $2,106 en dietas legislativas, mientras el entonces senador se encontraba de viaje en la República Dominicana.