El caso federal por corrupción pública que encabeza la exgobernadora Wanda Vázquez Garced no será desestimado.

La jueza federal Silvia Carreño Coll denegó ayer, jueves, las dos mociones presentadas por los otros dos coacusados, el banquero Julio Herrera Velutini en septiembre pasado y el exagente federal Marc Rossini.

La decisión se tomó en momentos en que los abogados de defensa y la Fiscalía federal realizan conversaciones en Washington, DC para llegar a un tipo de acuerdo que evite el juicio, pautado para iniciar el 25 de agosto.

Además, ocurre previo a la vista de status que realizará la jueza este próximo lunes en el Tribunal federal de Distrito, en Hato Rey, para proseguir con los trámites que encaminarían el juicio o para dar a conocer si hay algún acuerdo.

En una opinión y orden de nueve páginas, la jueza expuso los argumentos por los que no daba paso a las peticiones de desestimación presentada por cada uno de los coacusados.

A modo de conclusion, estableció que los planteamientos establecidos por los coacusados deben exponerse en un juicio para que un jurado determine si los implicados en el caso de corrupción son culpables o no culpables.

“Bien podría ser cierto, como sostiene Rossini, que el Gobierno ‘ha intentado erróneamente presentar la defensa política legítima como una ‘intención corrupta’’. Pero eso lo debe decidir el jurado, no el Tribunal. Una moción de desestimación no es ‘una forma de comprobar la suficiencia de las pruebas que sustentan las alegaciones de una acusación’”, señaló a jueza.

La moción de desestimación Herrera Velutini alude a que las imputaciones realizadas por a Fiscalía federal “no alega un elemento esencial, a saber, cualquier acuerdo para que los exgobernadores Vázquez y (Pedro) Pierluisi realizaran un ‘acto oficial’” que constituyera un delito.

Mientras, la de Rossini establecía que Vázquez Garced y él eran colaboradores de investigaciones federales, por lo que no había una “intención corrupta” para cometer los delitos achacados.

Según la acusación de la Fiscalía federal, Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero a la exgobernadora para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y remplazar al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, alegadamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su remplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000 por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. No han sido sentenciados.