La jueza federal Silvia Carreño Coll, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, no se quedó callada ante el intento de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced de “clarificar” la razón por la que llegó a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal para cambiar una acusación de corrupción pública por una violación menos grave de delitos electorales.

En una orden emitida en la tarde del miércoles, la jurista estableció que al Tribunal no le incumbe conocer detalles de las reuniones que la representación legal de la exgobernadora y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos realizaron para pactar un acuerdo de culpabilidad.

Sostuvo que “el Tribunal no encuentra ninguna razón legalmente válida (ya sea de carácter procesal o sustantivo) que justifique la presentación de la moción radicada en el expediente número 887”, que es la moción informativa que se presentó para aclarar la decisión de llegar a un acuerdo de culpabilidad.

De paso, destacó que “independientemente de lo que haya sucedido cuando el abogado de la señora Vázquez-Garced se reunió con representantes de la Fiscalía Federal en Puerto Rico y de la sede central del Departamento de Justicia, la realidad es que este Tribunal nunca ha solicitado estar al tanto de los detalles de dichas reuniones. Y hay una razón sencilla por la cual el Tribunal nunca lo ha hecho: como el propio Tribunal ha dejado claro en repetidas ocasiones, este no participa en negociaciones de acuerdos de culpabilidad”.

De hecho, citó una regla judicial que dejó claro que el papel que juega un juez en estos acuerdos de culpabilidad es “absolutamente ninguno”.

Sin embargo, la jueza federal le dejó claro a los abogados de Vázquez Garced, Ignacio Fernández, Luis Plaza, Edgar Sánchez y Peter Jonh Porrata, que el tribunal cuenta con un expediente del caso, por lo que conoce muchas de las interioridades respecto a las acusaciones que se realizaron contra su cliente, así como a otros dos coacusados, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini.

“Mientras el Tribunal toma nota de la presentación de la señora Wanda Vázquez Garced en el expediente número 887, es imperativo subrayar que todas las órdenes emitidas por el Tribunal en este expediente contienen citas relevantes y se basan en representaciones e información disponible en el registro. Sugerir lo contrario sería engañoso”.

Asimismo, la jueza dijo que tomó conocimiento de la discrepancia señalada por la Fiscalía federal en torno a las razones que se expusieron para llegar a un acuerdo.

Según los abogados de la exgobernadora, Vázquez Garced accedió al acuerdo, debido a que en marzo pasado la Fiscalía federal supuestamente obtuvo nueva evidencia a favor de esta que presuntamente hacían que la acusación imputada, de conspirar para obtener un beneficio económico durante las primarias que enfrentó contra el exgobernador Pedro Pierluisi en el 2020, “colapsara” o que “no fuera viable”. Pero, que supuestamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se negó a desestimar el caso.

“A partir de ese momento, después de que altos funcionarios del Departamento de Justicia reconocieran que la acusación ya no era sostenible, las partes iniciaron negociaciones para un acuerdo de culpabilidad por primera vez. Las negociaciones duraron varias semanas hasta que se llegó a un acuerdo el 17 de junio de 2025”, se explicó en la moción que radicó la exgobernadora.

La Fiscalía federal, sin embargo, rechazó en otro escrito que esta información fuese cierta.

“En primer lugar, Estados Unidos, (representado por la Fiscalía federal), niega rotundamente que se hicieran las declaraciones o cualquier otra declaración similar atribuidas al abogado del gobierno y a la dirección del Departamento (de Justicia de los Estados Unidos) durante la reunión, de que los fiscales ‘se arriesgaron’ o de que ‘la acusación ha colapsado y ya no es viable’. Las citas atribuidas al abogado del gobierno y a la dirección del Departamento en la moción de Vázquez (Garced) son completamente falsas. La acusación en este caso no fracasó y Estados Unidos está listo para proceder a juicio, de ser necesario”, indica la moción firmada por la fiscal federal Myriam Fernández González.

Alejada de las razones por las que se haya llegado a un acuerdo, Carreño Coll explicó que en la vista citada para el próximo 27 de agosto, en la que los coacusados deberán aceptar su culpa, se limitará a preguntar si “su alegación es ‘consciente y voluntaria’”.

“El Tribunal podría interrogar a la señora Vázquez Garced sobre su ‘participación en el proceso de negociación de acuerdo’ durante su vista de alegación de culpabilidad, pero dicha indagación estaría limitada a confirmar que su alegación es ‘consciente y voluntaria’“, fue lo que precisó la jueza.

Este caso federal contra la exgobernadora data de agosto de 2022, cuando un gran jurado le impuso cargos de conspiración, soborno y fraude electrónico, junto a los otros dos coacusados.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y remplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Al igual de Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini también se declararán culpables el próximo 27 de agosto. Todos enfrentan una nueva acusación por un delito menos grave por violaciones electorales.

Específicamente, se le imputó, bajo este acuerdo de culpabilidad, violaciones al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés).

Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

La pena en prisión, bajo este delito menos grave, es de hasta un año. También se le pudiesen imponer multas.

Bajo la acusación anterior, de conspiración, soborno y fraude electrónico, la exgobernadora se exponía a 20 años en prisión, de ser hallada culpable.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. No han sido sentenciados.