La jueza María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, ordenó en la tarde de ayer, viernes, la liberación de Inocencia Rodríguez, una mujer inmigrante dominicana que se encuentra en proceso de obtener la ciudadanía americana.

Según informó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en comunicado de prensa, la jueza también ordenó que se celebre una vista de fianza en o antes del próximo 21 de julio.

La decisión ocurre dos días después de que el juez de inmigración Elvin Talavera Peraza se negara, durante una vista de redeterminación de custodia celebrada el 15 de julio, a permitir que se corroborara en sala que Rodríguez cuenta con una petición familiar I-130 para encaminar su proceso de naturalizarse y una exención provisional I-601A aprobadas. La información forma parte del expediente de la propia agencia federal y, según la ACLU, demuestra que su detención es ilegal.

Debido a la presunta ilegalidad de su arresto, la ACLU de Puerto Rico acudió al Tribunal Federal con una moción urgente para lograr que fuese liberada.

“La orden emitida por la jueza federal representa una intervención necesaria para proteger el debido proceso de Inocencia y de todas las personas, frente a una política pública discriminatoria que se ejecuta al margen de la ley”, subrayó el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU.

“Es importante recalcar que la orden de Antongiorgi surge ante la negativa y mala fe de un juez de inmigración y de fiscales del gobierno federal, que se negaron a corroborar en sala el hecho innegable de que Inocencia nunca debió ser detenida”, sostuvo.

La orden de Antongiorgi establece que Inocencia debe ser puesta en libertad “de inmediato” en espera de la audiencia de fianza. “Si los demandados no proporcionan a la peticionaria una audiencia de fianza conforme a la Sección 1226(a), según lo ordenado por la presente, o si dicha audiencia de fianza se desestima por falta de jurisdicción, la peticionaria deberá ser liberada de inmediato de la detención”, sostuvo la jueza.

La acción de Talavera Peraza el miércoles ocurrió después de que la jueza federal Antongiorgi detuviera ese mismo día el traslado inmediato de Rodríguez fuera de la jurisdicción de Puerto Rico y advirtiera sobre la posible ilegalidad de la detención, tal como lo planteó la ACLU en un recurso legal presentado a principios de esta semana ante el Tribunal Federal en Puerto Rico.

En la moción urgente del miércoles, la organización solicitó a la jueza que, considerando que la detención de Rodríguez es ilegal y que el juez de inmigración decidió no celebrar una vista de fianza, ordenara su liberación inmediata, o en la alternativa, celebrara una audiencia de emergencia y/o una audiencia de fianza ante el Tribunal de Distrito para detener la continua violación de la libertad y el debido proceso a la peticionaria.

“Cuando el gobierno detiene ilegalmente a una persona y los mecanismos ordinarios fallan en proteger sus derechos, los tribunales federales tienen el deber de intervenir. Nadie debe permanecer privado de su libertad mientras el propio gobierno se niega a corroborar información que obra en sus expedientes. Seguiremos defendiendo a Inocencia y a todas las personas inmigrantes cuyos derechos están siendo violentados en Puerto Rico”, expresó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU.

Rodríguez fue detenida el viernes, 10 de julio de 2026, durante un operativo ejecutado, por al menos,ocho personas en un punto de control de acceso en Guaynabo. Al momento de la intervención, la mujer conducía un vehículo a su nombre ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y ninguna autoridad local había ordenado una detención vehicular.

La ACLU, junto a la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la UPR y la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, ha representado a diez personas inmigrantes, incluyendo a Rodríguez.