La jueza federal Silvia Carreño Coll emitió en la tarde de este martes una orden para que la Fiscalía federal presente en o antes del próximo martes, 15 de julio, las nuevas acusaciones contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini, luego de alcanzarse un acuerdo de culpabilidad.

Mientras, dispuso que la Fiscalía y los acusados tendrán también hasta el próximo martes para darle a conocer las posibles fechas en las que se realizará dicha vista, pero de manera presencial. Es que la jueza denegó que los acusados se presenten de manera virtual, tal como lo solicitaron los acusados y la Fiscalía federal, para enfrentar los nuevos cargos.

Una de las razones para la solicitud, según trascendió, es que Herrera Velutini, supuestamente, no tiene visa activa para entrar a territorio estadounidense.

Carreño Coll fue clara al expresar su interés de que cada uno de los imputados expresen públicamente y ante su sala del Tribunal federal de Distrito, en Hato Rey, que cometieron un delito.

“Si bien los acusados ​​están ahora imputados ​​de un delito menos grave, este sigue siendo un delito que atenta contra la integridad de nuestro proceso electoral democrático. El delito imputado representa un ataque a un principio fundamental de nuestra sociedad democrática: elecciones libres y justas. Por consiguiente, el Tribunal no ejercerá su discreción para permitir que las audiencias de lectura de cargos y declaración de culpabilidad se celebren por videoconferencia”, precisó Carreño Coll.

Pero, más allá de dar estas directrices, la jueza criticó sutilmente que el caso estuviera tres años en litigio para terminar con un delito menos grave que conllevaría una pena que es “relativamente leve” a la que hubiesen enfrentado los acusados en un caso por corrupción pública, como el imputado originalmente por la Fiscalía federal. No obstante, aceptó que el gobierno puede ejercer su discreción en la toma de decisiones.

Según la jueza, “el expediente judicial muestra que, durante casi tres años (sin contar los años dedicados por las autoridades a investigar las acusaciones incluidas en la acusación formal), la Fiscalía federal llevó adelante con sumo celo su caso contra estos acusados”.

Aceptó que hubo controversia por la extensa prueba presentada en el caso, que se supone fuese a juicio el próximo 25 de agosto.

La acusación inicial contra Vázquez Garced, la segunda que ha ocupado el cargo de gobernador que enfrenta cargos criminales luego del caso de Aníbal Acevedo Vilá, pero la primera que aceptaría culpa, incluye tres cargos criminales en su contra, seis contra el banquero Herrera Velutini y tres contra el exagente federal Rossini.

Específicamente, la exgobernadora fue imputada de cargos de conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico. Por estos cargos, se exponía a cumplir hasta 20 años en prisión.

Tras hacer un recuento de los pasos que se han dado en estos pasados tres años en los que el caso ha estado activo, específicamente desde el 3 de agosto de 2022, la jueza afirmó que, “en un giro inesperado, los acusados anunciaron que llegaron a un acuerdo con el gobierno. Según ese acuerdo y siguiendo, presumiblemente, directrices del Departamento de Justicia, informaron que la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico no continuaría con los cargos incluidos en la acusación formal. En su lugar, el gobierno presentaría acusaciones penales (informations) con un solo cargo”.

Carreño Coll precisó que el cargo sería por violar el Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés).

“Llama poderosamente la atención que la pena por violar la sección 30121 de la FECA es relativamente leve en comparación con la exposición penal que enfrentaban los acusados si eran hallados culpables de los delitos incluidos en la acusación original. Sin embargo, la decisión del Gobierno de cambiar de rumbo en el último momento está permitida”, aceptó la jueza en su orden.

Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Según ha adelantado la Fiscalía federal, en este caso se presentaría como un delito menos grave, lo que podría conllevar una multa o una imposición de cárcel de hasta un año. En casos graves, las penas pudiesen alcanzar los $10,000 en multas y los cinco años en prisión.

Ante la diferencia en el caso, la jueza aceptó que “no tiene otra opción más que acatar la decisión del Gobierno”.

Los pormenores del caso

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y remplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000 por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. No han sido sentenciados.