La exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, no quiere que su juicio federal se celebre en Puerto Rico y ha solicitado mediante moción un cambió de jurisdicción.

"Es la única manera de garantizar un juicio justo", reza la moción de 18 páginas.

Se argumentó para pedir el cambio de jurisdicción es el llamado verano del 19, descrito como "un movimiento de base que ha desbancado dos gobernadores".

También se cuestiona en la moción que se haya celebrado una conferencia de prensa de una hora anunciando los cargos en el pliego acusatorio contra Keleher que creó "antipatía" y que se amplificó porque el mismo día comenzaron a divulgarse las páginas del chat de Ricardo Rosselló que terminó en su renuncia.

"Los acusados están siendo agrupados en esa crisis porque la percepción pública es que son parte del círculo de corrupción del gobernador Rosselló y por lo tanto culpables por asociación", reza la moción.

También se criticó la cobertura mediática. "El volumen de la publicidad negativa junto a la cargada atmósfera política ha creado una considerable parcialidad contra los acusados", se indicó.

Incluso, como parte de la moción se defensa informa que encomendó un estudio para analizar la opinión de los posibles jurados en Puerto Rico y que ese análisis determinó que dos terceras partes de los posibles jurados de la isla conocen del caso y "presumen que los acusados son culpables".

"Los acusados no pueden esperar un juicio justo en Puerto Rico", se indicó.

La moción fue radicada anoche ante el juez federal Pedro Delgado. No está claro cómo, si el juez accede al pedido, esto afecta el calendario establecido para el proceso criminal. Se supone que el 6 de diciembre a las 9 a.m. habrá otra vista de estado de los procedimientos, una vista previa al juicio en abril y el juicio comenzaría el 4 de mayo de 2020.

La fiscalía federal presentó en abril pasado una acusación de 44 páginas contra exfuncionarios de la administración del gobernador Ricardo Rosselló y contratistas del gobierno, que incluye a Keleher, la exadministradora de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Ángela Ávila, los contratistas Alberto Velázquez Piñol y Fernando Scherrer Caillet, así como las hermanas Glenda E. Ponce Mendoza y Mayra Ponce Mendoza.

Los cargos incluyen conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero y soborno.

La acusación detalla tres esquemas que involucraba a la compañía BDO, el DE y ASES, usando fondos federales para enriquecerse ilícitamente.