El Departamento de Justicia inició una investigación preliminar sobre las alegaciones de presuntas presiones indebidas contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, relacionadas con la evaluación y posible adjudicación de contratos con fondos federales en la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, confirmó el martes que notificó la determinación a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), luego de evaluar el referido presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Según informó El Nuevo Día, la agencia cuenta con 90 días para realizar la pesquisa, que estará a cargo de dos fiscales. La evaluación preliminar deberá culminar con una recomendación sobre si procede solicitar la designación de un fiscal especial independiente.

“Vamos a investigarlo todo”, afirmó Gómez Torres durante una entrevista en el programa Jugando Pelota Dura, al explicar que la investigación abarcará las alegaciones relacionadas con el referido.

La presidenta de la OPFEI, Ygrí Rivera, confirmó al periódico que recibió la notificación de Justicia.

La pesquisa surge de las denuncias de Blanca Medina Díaz, exadministradora de la ADSEF, quien alegó que recibió presiones y hostigamiento de parte de Roig para evaluar y conceder contratos a determinadas empresas.

Uno de los señalamientos está relacionado con NOLA Education, compañía que buscaba ofrecer servicios educativos mediante su programa Star Academy.

Medina Díaz también alegó que la secretaria de la Familia la presionó para evaluar y conceder un contrato a Strategic Technology Advisors, destinado a desarrollar una plataforma de adiestramientos que, según la exfuncionaria, era innecesaria.

Ambas contrataciones se proponían financiar con fondos del programa federal de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés).

La exadministradora ha comparecido ante el Departamento de Justicia, la Oficina del Inspector General de Puerto Rico y las autoridades federales para ofrecer información sobre sus señalamientos.

La investigación preliminar permitirá a Justicia examinar la evidencia disponible y determinar si existen fundamentos para recomendar que se designe un fiscal especial independiente.

La OPFEI tendrá la facultad de acoger o rechazar la recomendación que emita el Departamento de Justicia una vez concluya la evaluación.

El inicio de esta pesquisa no implica que se haya determinado la comisión de un delito ni que las alegaciones hayan sido probadas.

Por su parte, Roig ha rechazado los señalamientos en su contra. En declaraciones previas publicadas por El Nuevo Día el 8 de octubre, la secretaria aseguró que colaboraría con las autoridades si era citada y defendió que la evaluación de las propuestas en controversia se realizó de manera independiente.

La nueva investigación añade otro capítulo a la controversia sobre los procesos de contratación en la ADSEF y las denuncias de la exadministradora sobre el manejo de fondos federales.