El Departamento de Justicia no ha contemplado citar al secretario de Recursos Naturales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, para interrogarlo como parte de la pesquisa que encaminan en su contra por la orden administrativa que firmó a horas de ser designado al cargo y la cual archivaba los casos de supuestas construcciones ilegales en el área de La Parguera.

La información la dio a conocer este miércoles la fiscal Sonia Martínez Ortiz, directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor.

Tras la llegada del senador popular Luis Javier Hernández a la sede de Justicia para ser interrogado en este caso, ya que fue quien radicó la querella contra Quiles Pérez, la fiscal contestó a la prensa con un “hasta el momento no” a la pregunta sobre si el secretario será interrogado.

Se le cuestionó si será citado en un futuro. Respondió que “eso lo va a determinar la fiscal que está a cargo de la investigación, que es la fiscal Marie Díaz de León. El procedimiento es que ella realiza la investigación con toda la información que tenga disponible, las declaraciones que tengan disponible, que esas declaraciones juradas que se tomen contengan información que le conste de propio y personal conocimiento al declarante y que surge el grado de participación del funcionario que se está investigando”.

No obstante, Martínez Ortiz detalló que en esta semana estarían realizando las últimas entrevistas sobre este caso. Precisó que está citada nuevamente la exsecretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, así como una funcionaria de esta misma agencia, de la cual no reveló el nombre y que es parte de la División Legal.

Sobre la comparecencia de Rodríguez Vega, reveló que “regresa solamente para un proceso corto, porque ya su entrevista culminó”.

La fiscal también expuso que los posibles delitos implicados en este caso son corrupción pública o delitos en contra de la función pública, el cual podría implicar un referido al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).

Martínez Ortiz, sin embargo, no mencionó quién pudo haber cometido el delito. Pero, la querella radicada por el portavoz popular en el Senado y exalcalde de Villalba es contra Quiles Pérez.

Esta orden ejecutiva sobre La Parguera creó controversias, debido a que la exsecretaria del DRNA encaminó una investigación contra los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón por presuntos daños ambientales que causaron las mejoras que realizaron a su residencia en esta zona natural del municipio de Lajas.

Quiles Pérez ha rechazado públicamente y durante una Comisión Total del Senado que ordenara el archivo de los casos pendientes, incluyendo el que existe en contra de los suegros de la gobernadora. De hecho, llegó a enmendar la orden para establecer que el archivo de los casos se daría si los Oficiales Examinadores y Jueces Administrativos determinan que el mismo se tornó académico a raíz de la orden ejecutiva que firmó.

Es que más allá de la situación del archivo de casos, la orden establece el cobro de derechos por el uso de terrenos y aguas de dominio público en ese litoral costero. Asimismo, autoriza el mantenimiento y la reparación de propiedades privadas ubicadas dentro de la zona marítimo-terrestre.

En medio de la controversia, suscitadas en enero pasado, el senador popular fue el que requirió al Senado que solicitaran al DRNA y a la exsecretaria información sobre esta orden ejecutiva.

La implicación de Rodríguez Vega se dio, ya que se alegó que esta dejó la orden ejecutiva sin firmar antes de salir del cargo y sobre el escritorio del que fuese designado al cargo. Pero, la exfuncionaria ha rechazado estos alegatos.

Hernández Ortiz, a su llegada a la comparecencia de Justicia, expuso que fue vocal en investigar el caso. Pero, sostuvo que el DRNA nunca entregó toda la información requerida.

“En el caso del secretario de Recursos Naturales, ustedes saben que cuando lo nominó la gobernadora, ella particularmente le dio instrucciones de que sabía lo que tenía que hacer, y en efecto lo hizo. Firmó una orden administrativa en apenas dos horas, inmediatamente lo realizó, todavía no había sido confirmado, cuando nosotros comenzamos a hacer peticiones de información. De hecho, pedimos una Comisión Total, que el presidente de Thomas Rivera Schatz concedió. Y antes de eso, pedimos información. Pedimos los correos electrónicos de Anaís Rodríguez, pedimos los correos electrónicos de Waldemar Quiles, pedimos los correos electrónicos de algún memorando interno legal, de la División Legal de Recursos Naturales, cosa que nunca recibimos por completo”, denunció.

Alegó que el secretario del DRNA se contradijo en la Comisión Total.

También recordó que requirió una opinión legal a Justicia de lo ocurrido. Como no se dio paso a su reclamo, informó que radicó la querella que dio pie a esta pesquisa.

Señaló que, en su comparecencia a la agencia, lo que hará es “aportar información que hemos recibido producto de nuestra investigación”.

“Es información que va dirigida a la ilegalidad de la orden administrativa y todo el tracto que ocurrió extraño, que pudiera ser presiones indebidas”, añadió.

Se le preguntó si hay delitos involucrados en este caso. Contestó con un “claro”.

“Si se suscribió a una orden ilegal, es un acto ilegal. Y la persona que lo haya hecho, en este caso, Waldemar Quiles, cometería un acto ilegal. Nosotros hemos planteado desde el día uno dos cosas importantes. Primero, que esta orden administrativa es ilegal, porque va en contra del propio reglamento interno, que otros secretarios sean opuestos a esta acción de concesión. Y segundo, que es una acción inmoral, antiético de la propia gobernadora, que debió haberse inhibido este proceso, no debía haber propuesto, verdad, o permitido que esto se realizara sin que ella se echara hacia un lado. Así que yo creo que estos son dos elementos importantes que hoy se deben investigar”, afirmó.

La fiscal Martínez Ortiz informó que Justicia tiene hasta el 4 de agosto para tomar una determinación de si recomienda o no al PFEI que asigne un fiscal especial independiente para analizar si radica cargos criminales en este caso. Por ello, comentó que la División está en sus últimas entrevistas para poder enviar a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, un informe y que esta determine el curso a seguir.