El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli y el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, aseguraron que al día de hoy no han recibido querellas sobre las presuntas amenazas de muerte de las que han sido objeto los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y miembros de la comunidad, en sus intentos por detener la deforestación y el rellenado del mangle, de la Reserva Estuarina y de Investigación de Bahía de Jobos, en Salinas, para la construcción ilegal de casas de playa.

La legisladora Mariana Nogales Molinelli, quien es la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, emplazó la semana pasada al secretario del DRNA, Rafael Machargo, a que tome acción en contra de la “destrucción” de la reserva ya que tiene información de que al menos desde el 2018 la NOAA ha estado advirtiéndole a esa agencia que la construcción “ilegal” está interfiriendo con los objetivos de conservación e investigación.

“Vamos a suponer que hubo una amenaza, pero tiene que llegar esa amenaza a la fiscalía, o sea, yo no puedo proceder en atención a lo que dice la prensa o lo que dice una persona en particular, yo tengo que para probar esa amenaza que tener la persona que recibe la amenaza, qué tipo de amenaza fue y eso se procesa...no ha llegado...esa denuncia no ha llegado a nuestro departamento”, puntualizó Emanuelli, durante una conferencia para anunciar los arrestos de vendedores al detal de drogas en zonas turísticas.

Por su parte, López Figueroa fue cuestionado por periodistas sobre si recibió alguna directriz del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para crear alguna escuadra e intervenir en Salinas para el desalojo de la zona.

“Por lo menos nosotros no hemos recibido querellas de amenazas en el último año, en Salinas. Tan pronto se radique todo el asunto legal la policía hará su parte en ese proceso”, respondió López Figueroa.

Agregó que tampoco les han solicitado ningún servicio para la protección de los empleados que se encuentran desconectando los servicios básicos de agua potable y de energía eléctrica. “No nos han notificado nada sobre eso”.

A su vez, Emanuelli destacó que sobre estas amenazas prevalece el crimen ambiental cometido en esa comunidad, por lo que se comprometió a que tan pronto tenga la evidencia se va a evaluar la posible radicación de cargos si así procede.

En el aspecto civil, detalló que, desde abril del año pasado se le dio una dispensa al DRNA para contratar un bufete de abogados para llevar a cabo un estudio legal y les exigió que tan pronto se radique la demanda para el desalojo de los residentes que invadieron la zona protegida, le tienen que notificar.

“El Departamento de Recursos Naturales desde hace varios meses, en abril de 2021, se reunió con el Departamento de Justicia y allí fueron varios funcionarios y a petición de ellos, el Departamento de Recursos Naturales, se dio una dispensa para ellos contratar un bufete de abogados para llevar a cabo esa función. Como parte de esa dispensa, nosotros le exigimos que tan pronto se radique la demandan, sea de desahucio o de reivindicación, tienen que notificarnos y mantenernos informados en todo momento”, sentenció Emanuelli.