El viajecito salió caro.

El juez federal Francisco Besosa se propone a sentenciar mañana, miércoles, al ex senador Héctor Martínez y al empresario Juan Bravo, antiguo presidente de la compañía de seguridad Ranger American, luego de que fueran encontrados culpables de actos de soborno el 7 de marzo de 2011. 

Martínez y Bravo, quienes podrían enfrentar duras sentencias, protagonizaron unos de los casos criminales  más notorios del 2011 en que los medios levantaron su historial y trayectoria para tratar de explicar su caída mediante el veredicto de culpabilidad que envío temblores por el sector público y empresarial de la sociedad puertorriqueña. 

Las acusaciones surgieron de un viaje que Bravo le pagó a Martínez y al ex senador Jorge de Castro Font  para ver una pelea de boxeo entre Félix “Tito” Trinidad y Ronald “Winky” Wright el 14 de mayo del 2005 a cambio de que éstos presentaran legislación que beneficiaría a Ranger American. 

La caída de Martínez

El ex senador,Héctor Martínez Maldonado, aparentó tener el camino despejado en el Partido Nuevo Progresista (PNP) cuando incursionó en la política, siguiendo los pasos de su padre fenecido, Héctor Martínez Colón. Éste alcanzó la posición de senador y represente. Fue uno de los fundadores del desaparecido Partido de Renovación. Gozaba de prestigio, particularmente entre los políticos de oposición.

Pero, a diferencia de su padre, la incursión de Martínez Maldonado en el sector gubernamental siempre estuvo plagada por controversias. Luego de trabajar en la comisión de lo Jurídico en la Cámara de Representantes, Martínez Maldonado se convirtió en uno de los ayudantes del senador convicto Freddy Valentín durante los años 90. Posteriormente trascendió que Martínez Maldonado había recibido cheques que contratistas le enviaron a Valentín. 

A pesar de esta asociación sospechosa, Martínez Maldonado fue electo como senador para el distrito de Carolina en las elecciones de 2004. Su designación como presidente de la poderosa comisión senatorial de Seguridad Pública lo colocó dentro de una posición privilegiada en el Senado.  

Pero en el 2006, Martínez, la senadora Lornna Soto y ex representante Epifanio Jiménez se vincularon a la figura del notorio narcotraficante José “Coquito” López Rosario, cuando el sujeto accedió a instituciones carcelarias en inspecciones en que participaban los tres funcionarios. El narco murió en el Centro Médico de Río Piedras, víctima de un atentado a mano armada.

Por otro lado, Bravo Fernández también gozaba de un prestigio inmensurable como dueño de una de las compañías de seguridad más grande de la Isla. Evidenció el “sueño americano”, un comerciante que comenzó con pequeños negocios, como propietario de una tintorería en Isla Verde, hasta convertirse en uno de los empresarios más exitosos. Bravo Fernández se codeaba con  hombres de poder, incluso, del Gobierno federal en Puerto Rico. 

Un Gran Jurado Federal emitió una acusación contra Martínez y Bravo en junio de 2010  por cargos de conspiración, soborno, obstrucción de justicia (en el caso del primero) y participar en una operación ilegal por un grupo mediante el viaje interestatal, Interstate Travel in-Aid-of Racketeering. 

La división de Integridad Pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos está solicitando para Martínez y Bravo una sentencia de cárcel de 15 a 19 años y 12 a 15 años, respectivamente, por los cargos de soborno, pero el juez tendrá hoy completa discreción para dictar su sentencia. Los otros cargos fueron desestimados, ya sea en el veredicto del jurado o en el proceso de mociones radicadas por las partes.

Ahora habrá que esperar para las últimas palabras de Martínez y Bravo cuando se les de la oportunidad de dirigirse al tribunal antes de ser sentenciados.