La exgobernadora Wanda Vázquez y los coacusados en este sonado caso de corrupción pública llegaron a un acuerdo con la Fiscalía federal sobre las posibles fechas en las que podrían presentarse “en persona” ante la sala de la jueza federal Silvia Carreño Coll, en el Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, para declararse culpables.

Según se informó este martes en una moción conjunta firmada por el fiscal federal Seth A. Erbe, las fechas recomendadas para hacer esta vista son el 26 o el 27 de agosto. Le corresponderá ahora a la jueza federal fijar el día exacto y la hora.

Cabe destacar que estos días como quiera la jueza los tenía reservados para atender el caso, ya que se suponía que el juicio contra Vázquez Garced y los coacusado, el banquero Julio Herrera Velutini, y el exagente federal, Mark Rossini, iniciara el lunes, 25 de agosto.

Sin embargo, el proceso judicial se canceló a finales de junio pasado, cuando los acusados lograron un acuerdo de culpabilidad en negociaciones realizadas directamente con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la capital federal. El acuerdo establecía que los implicados en el caso de corrupción aceptarían la culpa, pero en un delito menos grave por violaciones a la ley electoral.

Todas las nuevas acusaciones a Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini están fijadas bajo la misma codificación. Se trata de violaciones al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés).

Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

La Fiscalía ha adelantado que la modalidad de estos delitos es menos grave.

En las nuevas acusaciones se precisa que la pena a imponerse está contenida en la sección 31109 (d) (1) (A) (ii) de la mencionada ley. La misma establece que “cualquier persona que, a sabiendas y voluntariamente, cometa una violación de cualquier disposición de esta ley que implique la realización, recepción o declaración de cualquier contribución, donación o gasto, (ii) que sume $2,000 o más (pero menos de $25,000) durante un año calendario, será sancionada con una multa conforme a dicho título, o con una pena de prisión de no más de 1 año, o ambas”.

En un inicio, contra la exgobernadora pesaban tres cargos por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico. Por tales delitos, la pena pudo haber sido hasta de 20 años en prisión.

Mientras, Herrera Velutini enfrentaba seis cargos y tres el exagente federal Rossini.

Este caso se data de agosto de 2022, cuando un gran jurado acusó al trío. La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y remplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000 por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. No han sido sentenciados.