Los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau Ramírez y Denis Márquez Lebrón, demandaron hoy a la gobernadora Wanda Vázquez Garced por exceso de poder.

La demanda le solicita al Tribunal de Primera Instancia de San Juan un interdicto preliminar y permanente y un decreto de inconstitucionalidad de la Orden Ejecutiva 2020-036.

El pasado miércoles, la mandataria del País le otorgó inmunidad a las facilidades y profesionales de la salud que asisten al gobierno en la respuesta a la emergencia del coronavirus Covid-19.

La Orden Ejecutiva establece inmunidad “sobre cualquier reclamación y/o responsabilidad impuesta por daños y perjuicios sufridos por un caso de alegada impericia médica y/o reclamación por negligencia a las facilidades y los profesionales de la salud” que estén atendiendo la pandemia “siempre y cuando no conlleven actos u omisiones que constituyan un crimen, delito, fraude, en los que medie malicia o negligencia crasa, actos intencionales, o aquellos que constituyan una reclamación falsa”.

No obstante, la demanda –radicada por el abogado Adrián González Costa– suplica que el tribunal decrete afirmativamente que esta orden configuró “una actuación ejecutiva que excede los poderes constitucionalmente” delegados al Ejecutivo.

Asimismo, el senador Dalmau Ramírez y el representante Márquez Lebrón pidieron que se concluya que la firma de esta inmunidad implica “el ejercicio de prerrogativas legislativas y que por tanto, procede su decreto de nulidad por contravenir al principio constitucional de ‘separación de poderes’”.

Según unas expresiones publicadas en la cuenta oficial de la colectividad en Facebook, el PIP entiende que Vázquez Garced se ha abrogado poderes ilimitados inherentes y autoridades omnímodas que ninguna ley ni Constitución le otorgan en Puerto Rico.

"La Orden Ejecutiva emitida por la gobernadora no va dirigida a proteger pacientes, va dirigida a quitarle derechos a personas cuyo tratamiento médico sea negligente. Le quita derechos al pueblo. Y lo hace violentando la separación de poderes de la Constitución, ya que está legislando por decreto. La gobernadora no comprende, como tampoco comprendía Ricky [Ricardo] Rosselló, que nuestro sistema de gobierno es de pesos y contrapesos. Legislar y quitar derechos por decretos emitidos desde una torre de marfil en Fortaleza es antidemocrático y dictatorial. Si quieren aprobar ese regalo a las aseguradoras y hospitales privados, que lo lleven a la Legislatura y que, en el pase de lista de la votación, quede claro dónde está parado cada cual”, puntualizó el portavoz senatorial de la colectividad.

El también candidato a la gobernación del PIP subrayó que lo que están haciendo con esta acción judicial "es proteger los derechos y reclamos del pueblo, al tiempo que dan a respetar la separación de poderes necesaria para evitar que la autoridad de poder recaiga en el capricho de una sola persona, la Gobernadora”.

Por su parte la vicepresidente y aspirante al Senado por acumulación del PIP, María de Lourdes Santiago, manifestó que la Orden Ejecutiva no es para proteger a las y los trabajadores de Salud que están en primera línea.

“Lo que busca es darle impunidad a las aseguradoras y hospitales privados que niegan servicios, que no han admitido pacientes de COVID que llegan hasta sus puertas, y que en medio de una pandemia tiran a la calle a cientos de médicos enfermeras, terapistas y técnicos. Es, de nuevo, un toallazo al fracaso de la privatización de la salud”, sentenció.

En tanto, el portavoz del PIP en la Cámara de Representantes, expresó que “con esta Orden se sigue usando el estado de emergencia y el sufrimiento del pueblo para garantizar los privilegios de unos cuantos: las empresas amigas, así se dediquen a construcción, venden suministros médicos, y el que sí se dedica a los servicios médicos no tiene que responder por los daños que cause. Para esa gente, la pandemia es otra piñata”.

“Hay quienes creen que el gobierno es un juego de cartas y confunden la realidad con la fantasía. El arte de gobernar es muy serio y real y debe estar enfocado en defender la vida y derechos de todos, no el lucro de unos pocos poderosos”, concluyó Dalmau.