El hasta ayer administrador de la Cámara de Representantes, Xavier González Calderón, saldría hoy del Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo, luego de pasar la noche en dicha institución y que hoy se le concediera libertad bajo fianza.

González Calderón, de 51 años, hizo alegación de no culpabilidad esta tarde ante la magistrada federal Silvia Carreño Coll.

El acusado fue arrestado ayer junto al recaudador del Partido Popular Democrático (PPD) y amigo del gobernador Alejandro García Padilla, Anaudi Javier Hernández Pérez, y otras ocho personas por un esquema de corrupción gubernamental.

Durante la vista de fianza, su abogado Juan Ramón Acevedo y los fiscales Timothy Henwood y José Capó informaron que acordaron no objetar que se le impusiera fianza, contrario a lo expresado ayer en la vista inicial por los fiscales.

Henwood explicó que las "preocupaciones" que tenían ayer las aclararon hoy. Indicó que su inquietud era que, de continuar trabajando en su posición dentro de la Cámara de Representantes, el arrestado tendría acceso a documentos, pero que se les informó que fue suspendido de empleo. También les preocupaba que poseía un arma de fuego con licencia, pero que la misma fue confiscada por las autoridades.

La fianza fue asegurada con una propiedad ya salda. La magistrada le impuso un horario para estar en su residencia de 9:00 p.m. a 6:00 a.m. Su abogado solicitó que los días festivos venideros, que se le permita estar fuera de su hogar más tarde, lo que deberá informar con anticipación al oficial probatorio.

El entonces administrador de la Cámara de Representantes -que tiene una maestría en administración pública- enfrenta dos cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico para privar al gobierno de Puerto Rico de dinero y propiedad relacionado al contrato que se le otorgó a la compañía de Hernández Pérez, 3 Comm Global, el contrato para la instalación y servicio del cuadro telefónico.

Este es el tercer esquema detallado por las autoridades relacionado a este caso, en el que se alega también participó Glenn Omar Rivera Pizarro, quien era ayudante especial de González Calderón, y el director de tecnología, Víctor Rafael Burgos Cotto.

El propósito de la conspiración era que la compañía 3 Comm Global -creada el 9 de noviembre de 2012- de Hernández Pérez, quien fue recaudador y miembro del comité de finanzas del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, obtuviera el contrato para reemplazar y dar servicio al cuadro telefónico. Se alega que dicha empresa tuvo ventaja al recibir por parte de los acusados información sobre otras propuestas recibidas para subasta para que supieran cuánto solicitar. De hecho, emitieron seis propuestas enmendadas.

De hecho, el costo propuesto de $149,9000 por el costo del equipo y $13,500 mensual para el servicio del sistema surgió el 13 de marzo, pero la subasta no salió formalmente hasta el 9 de mayo. El sistema telefónico nunca funcionó, se estuvo pagando hasta octubre de este año, aun cuando se contrató ya a otra compañía para manejarlo. La compañía 3 Comm Global recibió aproximadamente $482,208.42 de la Cámara de Representantes.

La vista de fianza de Hernández Pérez, quien está detenido desde ayer en MDC, se verá en su fondo este lunes ante el magistrado federal Marcos López.

La acusación cubre tres esquemas de soborno, extorsión y un patrón de corrupción pública orquestada por Hernández Pérez y otros coconspiradores que, desde que el PPD ganó las elecciones en noviembre de 2012 hasta el presente, crearon compañías con el fin de obtener contratos gubernamentales y beneficios para colocar a amistades en puestos claves para beneficiarse. Se estima que Hernández Pérez recibió alrededor de $2 millones a través de influencias y pagos indebidos por parte de la Cámara de Representantes, la Administración de Desarrollo Laboral (ADL) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

La acusación establece que Hernández Pérez fue recaudador del PPD y "buen amigo" de la persona B, quien es el hermano del Gobernador, Luis Gerardo "Jerry" García Padilla, a quien el principal acusado enviaba resumés de personas de su confianza para que fueran nombradas en posiciones de confianza dentro de las agencias gubernamentales, y así fue. A cambio de regalos que Hernández Pérez les hacía, como carteras Salvatore Ferragamo y Carolina Herrera, boletos a conciertos, cenas en restaurantes lujosos, entre otras, las personas autorizaron contratos, órdenes de compra, propuestas y pagos para beneficio de él y sus coconspiradores. Llevaba un récord de todos los "regalos" que hizo.

Además de solicitar nombramientos, también pidió que despidieran a personas que ocupaban puestos de confianza en la AAA por su afiliación política.

Los demás acusados son la administradora de la ADL, Sally López Martínez; la directora de compras de la AAA, Sonia M. Barreto Colón; la vicepresidenta de la AAA, Ivonne Marie Falcón Nieves; su hermana Marielis Falcón Nieves; y los empresarios de JM Profesional (sic) and Training Group, Carlos Francisco Luna Cruz y Javier Alexis Muñiz Álvarez.

Este último está detenido temporeramente en MDC hasta su vista de fianza, pautada para el martes.

La jefa de Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, y el agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Carlos Cases, advirtieron que la investigación continúa.

"Exhorto al gobernador y a los demás líderes políticos de Puerto Rico a que lean el pliego acusatorio con detenimiento y mediten sobre estas acusaciones con detenimiento y mediten sobre estas acusaciones serias y sin precedentes, y los reto a que limpien su casa de los parásitos y garrapatas políticas que tienen a Puerto Rico desangrado y en cuidado intensivo", señaló Cases.