Como parte del proceso de formación para el nuevo puesto que ocupará a partir de marzo próximo, la derrotada senadora Liza Fernández llegó al Tribunal de San Juan, junto a la nueva cepa de 29 jueces superiores y municipales nombrados por el saliente gobernador Luis Fortuño.

 Vestida con un atuendo de pantalón y chaqueta crema, la exlegisladora del Partido Nuevo Progresista se sentó en el penúltimo banco de la sala 1103, que preside el juez Harry Massanet Pastrana, ante el ojo curioso de abogados y alguaciles. 

Entres las personas sentadas también estaban el derrotado exsenador José Emilio González, también del PNP, y Enid Marie Gavilán, exdirectora del proyecto Casa Cuna del Municipio de San Juan.

Desde el estrado y en medio de los casos del día, el magistrado explicó a los nuevos jueces su manejo de los informes presentencia.

“Los informes presentencia son confidenciales. Los tengo guardados bajo llave. No son para que se los lleve el fiscal o los abogados”, señaló Pastrana Massanet, mientras Fernández sentada de costado en el banco hurgaba en su teléfono celular, lo que se supone no ocurra porque los alguaciles le informan al público general y a los periodistas que no se puede usar la telefonía móvil.

Los jueces pasaron la mañana en el piso 11, donde ubican las salas de juicio y luego para disfrutar de un almuerzo en el piso 2, abordaron uno de los tres ascensores públicos que funcionaban en el principal centro judicial del país.

Escoltados por alguaciles, entraron al ascensor -que en ese momento se utilizó de forma exclusiva para su transporte- sin realizar expresiones o comentarios a este medio.

En la tarde, regresaron al piso 11 para reunirse nuevamente con el juez Massanet Pastrana.

Polémica designación 

La designación y eventual nombramiento de Fernández, quien en una ocasión identificó al insigne escritor boricua Enrique Laguerre con un productor de telenovelas, causó malestar entre la clase letrada porque impulsó la descolegiación de los abogados y por su falta de “temperamento” para ocupar el puesto.

Además del comentario sobre Laguerre y la presentación del proyecto para terminar con la colegiación obligatoria de los abogados, Fernández tomó decisiones que la conviertieron en enemiga de un sector de la sociedad.

La indignación que generó la decisión de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, que presidió la ahora jueza, de solo amonestar al representante José Luis Rivera Guerra por las alegadas irregularidades al utilizar los servicios básicos de agua y luz como arrimado, llevó a una manifestación espontánea en la que ciudadanos dejaron toallas en su oficina en repudio al “toallazo” que concedió a su colega y correligionario.

Ciudadanos de diversos sectores de la sociedad civil también censuraron su nombramiento por entender que se trataba de un favor político a una funcionaria que de otra manera no reunía las cualidades para el puesto y que acababa de ser derrotada en las urnas.

Ese malestar llevó a dos abogados a impugnar sin suerte el nombramiento argumentando que Fernández no contaba con los siete años de experiencia en el ejercicio de la abogación que exige la Ley de la Judicatura para un nombramiento a juez superior.

Graduación en marzo 

Pero superada la controversia de los nombramientos, los 26 jueces y jueces nombrados a salas municipales y superiores participan desde enero pasado, en un programa de formación inicial para jueces de nuevo nombramiento que ofrece la Academia Judicial Puertorriqueña.

Como parte del proceso reciben cursos de capacitación donde se abordan temas como el temperamento judicial, los cánones de ética judicial, la comunicación en la sala y el acceso a la justicia de las poblaciones vulnerables, entre otros asuntos.

En marzo, una vez concluyan la “escuelita”, como coloquialme se le llama al proceso, los nuevos jueces son asignados a salas en las distintas áreas judiciales de la Isla.