El sistema judicial de Puerto Rico se unirá a una iniciativa impulsada por la Organización de Estados Americanos (OEA) que ha probado ser exitosa en una decena de países latinoamericanos y que promueve una cultura de paz, resolución de conflictos de baja intensidad y mayor acceso a la justicia a través de la figura de los facilitadores judiciales.

Se trata, explicaron directivos de la OEA y el sistema judicial de la Isla, de un programa a través de líderes elegidos por personas de su propia comunidad que proporcionan, de manera voluntaria, servicios de información jurídica, orientación y mediación, particularmente en conflictos considerados de menor escala. Los facilitadores judiciales, además, proveen un mayor acceso a la justicia a personas de menos recursos económicos, grupos más vulnerables, así como a personas que viven en poblaciones distantes de centros judiciales.

Gracias a este acuerdo de colaboración entre el Poder Judicial y la OEA, detalló Maite Oronoz Rodríguez, jueza presidenta del Poder Judicial de Puerto Rico, se creará un programa de facilitadores judiciales “que busca afianzar las relaciones entre las comunidades y el poder judicial, entre otras cosas”, al tiempo que se busca empoderar a esos líderes y lideresas comunitarios para que sirvan de orientadores, mediadores, y “quizás prevenir que escalen los conflictos”.

“Nosotros lo vemos como una herramienta afín con nuestra política pública de dar acceso a la comunidad y acceso a la Judicatura o al sistema judicial. Pero es mucho más que eso, porque va a depender de cuáles son las necesidades de esa comunidad”, sostuvo Oronoz, poniendo como ejemplo que podría ser la persona que indique a alguien de la comunidad cómo hacer un determinado trámite gubernamental.

Los facilitadores, agregó Juan Carlos Roncal, coordinador general del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA, salen de entre los mismos líderes naturales de cada comunidad, a través de un proceso eleccionario en el que la comunidad elige su facilitador o facilitadora judicial. Según se ha visto ya en las experiencias de otras naciones, puede ser “la persona más grande de la comunidad, los sabios del pueblo a donde la comunidad recurre para los consejos y que ayuden a la convivencia social. Y en el otro extremo hemos visto profesionales o egresados universitarios que tienen un compromiso con su comunidad y quieren ser agentes de cambio”.

En el caso de aquellos facilitadores que necesiten educarse en temas judiciales, lo podrán hacer a través de un currículo desarrollado por la OEA para esos fines, adaptado a la realidad de Puerto Rico.

“El facilitador judicial puede ser una persona que tenga una graduación de escuela secundaria o puede ser un profesional. Lo que importa es el reconocimiento que tenga de la sociedad, por parte de la comunidad en la que habita, como una persona que inspira confianza, y que se sabe que, de forma neutral y objetiva, puede ayudar a resolver un conflicto de baja intensidad”, añadió María Teresa Mellenkamp, oficial a cargo del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales de la OEA

Por otro lado, Roncal aclaró que la labor de facilitador se trata de un trabajo de voluntariado, sin compensación económica alguna, y que no forman parte de la estructura institucional del Poder Judicial.

Asimismo, el funcionario de la OEA explicó que los acuerdos que ayuden a generar en las comunidades también son de carácter voluntario, “y no tienen ningún efecto de tipo legal o jurídico”.

Mellenkamp comentó que puede ocurrir que el facilitador no logre poner a las partes de acuerdo de manera amigable, “y ahí es donde el facilitador se convierte en el puente principal entre la comunidad y el Poder Judicial. O sea, tienen un rol informal, pero también pueden traer un caso que no se resuelve fuera del sistema judicial, ellos son los que, de alguna manera, a estas partes que acuden a ellos, les dicen, ‘bueno tenemos que acudir a la Justicia, al centro de mediación, o a la instancia que corresponda”.

Abundó que, a menudo ocurre que las personas ni siquiera saben a dónde es que les corresponde acudir con una situación judicial, y el facilitador entonces tendría “esa función orientadora”.

La jueza Oronoz destacó que estos facilitadores serían “un complemento al sistema judicial” que podría atender esos “conflictos sociales que no son necesariamente conflictos legales”, que se le llaman de baja intensidad, que pueden ser asuntos interpersonales, entre vecinos, que se pueden resolver con una conversación o un diálogo, “de manera armoniosa, en una cultura de paz”.

“Pueden ser conflictos intrafamiliares, donde no haya violencia, conflictos de propiedad, pueden ser asuntos de lindero que no requieren ir a un tribunal, frutos que caen en una finca y se molesta el vecino, animales que se evaden de un lugar y se van a otro, los estacionamientos en condominios, ese tipo de problemas que pueden ser conciliables por su naturaleza. Básicamente conflictos que no involucran actos de violencia ni violación a la ley”, explicaron los funcionarios sobre aquellos asuntos en los que podría intervenir el facilitador judicial.

Por otro lado, la jueza presidenta subrayó que el facilitador o facilitadora judicial podría ayudar a mejorar el acceso a la justicia, ya sea informando a la comunidad sobre sus derechos y responsabilidades, o cómo llevar algún asunto judicial, o en su función de mediador comunitario, “que no tiene costo, y así estás allegando la resolución de un conflicto sin que haya una penalidad económica o una inversión económica”.

Además “fomentas una cultura de paz, que beneficia al individuo, a la comunidad, y mientras vayas agradando, esperanzadoramente yo pienso, a todo Puerto Rico”.

Los funcionarios de la OEA resaltaron que este programa se ha desarrollado con éxito por más de 20 años a través de 10 naciones, y su beneficio ha sido constatado con “cifras sorprendentes” que han arrojado diversos estudios.

“Las comunidades quieren a sus facilitadores judiciales. El Poder Judicial y las cortes supremas están muy satisfechos con toda la labor que realizan los facilitadores judiciales, y esto se ve en cantidades objetivas. En los últimos estudios que hemos realizado hay más de 600,000 familias que son impactadas de manera favorable por el servicio que realizan los facilitadores judiciales. A nivel de la región hay más de 7,000 facilitadores y facilitadoras judiciales”, detalló Roncal, agregando que cada vez hay más países interesados en adoptarlos.

Pero más allá de cifras, Mellenkamp afirmó que, tras ver de primera mano su labor en las comunidades, el impacto es mucho mayor. “Ellos cuentan sus propias experiencias de cómo han mediado o resuelto conflictos entre partes que tienen que ver con cosas de la vida cotidiana que suceden en todos lados, derechos de adultos mayores, ancianos que están desamparados o que son maltratos por sus propios familiares, derechos que tiene la niñez que hay que enseñarles a los padres. Tienen una tarea educativa muy importante, tienen una capacidad de diálogo y de solidaridad y empatía con el otro que tienen pocos”.

Según las diversas experiencias, la labor de facilitadores ha abarcado y ayudado a comunidades en temas tan diversos como promover derechos, temas de género, de niños y niñas, medioambiente, minorías étnicas, población migrante.

Este proyecto se estaría llevando a cabo en tres etapas, una “de conceptualización interna, de quién lo va a manejar a nivel interno del Poder Judicial”, una segunda de “analizar las necesidades de Puerto Rico para diseñar el proyecto propiamente”, y por último una de implementación. De todo marchar sin contratiempos, la jueza presidenta estimó que un piloto con varias comunidades podría estar iniciando tan pronto como en 2024.