Incredulidad y felicidad simultánea fue lo que sintieron los seis acusados de violar el Artículo 200 del Código Penal cuando el pasado miércoles el juez Eduardo Busquets Pesquera, del Centro Judicial de Ponce, archivó los cargos y declaró inconstitucional la disposición popularmente conocida como Ley Tito Kayak.

Ni ellos ni sus abogados, mucho menos la gente presente en la sala 501 del tribunal ponceño, se esperaban tal desenlace para el proceso que llegó a la etapa de juicio 15 meses después del arresto de los imputados durante una protesta por la instalación de aerogeneradores sobre tierras agrícolas de Santa Isabel.

“Para mí fue la decisión correcta, pero fue algo inesperado. Yo no pensaba que (el juez) iba a determinar que la ley fuese inconstitucional por el hecho de que ya nosotros lo habíamos planteado antes y no habíamos visto esa receptividad de parte de él ni del juez anterior”, contó Javier Smith Torres, estudiante de Economía en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), en entrevista con este medio.

El agrónomo Raúl Mari Fernández coincidió, aunque su apreciación del juez fue distinta.

“Estoy un poco sorprendido, pero a la vez tranquilo. El juez siempre nos trató con mucho respeto, a diferencia de los jueces anteriores, y vimos en este juez una capacidad de diálogo y entendimiento”, dijo Mari en entrevista con Radio Isla.

Junto a Smith Torres y Mari Fernández, estaban acusados Edwin Velázquez González, Robinson Rodríguez, Luis Omar García Mercado y Rosemarie Vázquez Cruz.

Otro que confesó estar casi convencido de que el juez fallaría contra los acusados fue el veterano abogado Martín González, que lideró el equipo de defensa.

“Tan pronto el juez empezó a leer su resolución, el corazón me quería estallar. Y según iba leyendo me iba dando cuenta de que iba a declarar inconstitucional la ley, pero me rehusaba a creerlo hasta que escuchara la palabra final. Y entonces la sala rompió en aplausos, quería caerse aquella sala”, relató González, que compartió labores en la defensa del grupo con Pedro Santiago Vélez, Miguel Castro, Luis A. Quiñones y Martín González Vélez.

Para Velázquez González, estudiante de Ingeniería Agrícola en el RUM, esto significa el cierre de un capítulo, aunque se canta listo para lo que venga si la fiscalía decide apelar la determinación del juez.

“Para mí fue el fin de este proceso que hemos tenido, injusto. Fue un final feliz. El juez demostró ser valiente”, dijo el universitario de 22 años.

El licenciado González reconoció que ser partícipe de un caso como este, el primero por violación al Artículo 200 (antes 208-A), le hace parte de la historia. Tras la declaración de inconstitucionalidad del juez, con el argumento que la defensa sostuvo todo el camino, el abogado siente nuevos bríos.

“Yo creo que eso me ha devuelto la esperanza y la fe en el sistema. Esta ha sido una batalla bien difícil porque ha sido en contra del sistema. En 39 años de litigación y educación como abogado no me había sentido así, es como si estuviera empezando de nuevo. Este caso representaba la libertad de expresión de mi pueblo”, reflexionó.

Por entender que desalienta manifestaciones legítimas protegidas por el derecho a la libre expresión, el juez Busquets Pesquera declaró la inconstitucionalidad del Artículo 208-A del Código Penal del 2004, que penaliza las protestas en obras de construcción que cuentan con permisos. Falta ver si la fiscalía apela la decisión.