LUMA amenaza con aumento en el costo de la luz si prospera demanda del DACO
La secretaria los critica por “sembrar miedo”.

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LUMA Energy lanzó este sábado una advertencia de posible aumento en el costo de energía eléctrica si se revierte la norma que le exime de la responsabilidad de asumir el costo de los enseres eléctricos que se le daña a los abonados en medio de los múltiples apagones del servicio de energía eléctrica que se registran.
“Intentos de revertir los límites de responsabilidad resultarán en un aumento en las tarifas de la luz, ya sea por una mayor exposición a reclamaciones o porque el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) establezca un fondo para pagar por enseres. Estas medidas inevitablemente implicarán mayores costos para los clientes”, manifestó LUMA en declaraciones escritas, sin citar a un portavoz en particular.
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Las expresiones las emitieron para reaccionar al hecho de que el Tribunal Supremo acogió ayer, viernes, entrar en los méritos de una demanda que presentó el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para que se declare nula la sección 4.1 del acuerdo entre el consorcio y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Esta cláusula permite denegar reclamos de los abonados cuando se dañan los enseres eléctricos a causa de los vaivenes del servicio de energía.
LUMA alegó que agradece que el Tribunal Supremo le dé la oportunidad de exponer el impacto que tendría para los consumidores dejar sin efecto tal cláusula. Fue, entonces, que expuso la alerta de aumento en el costo de la luz.
De inmediato, la secretaria del DACO, Valeria Rodríguez Erazo, respondió a la advertencia que hizo LUMA.
“El comunicado emitido por LUMA no solo intenta desviar la atención del verdadero problema que enfrentamos, sino que recurre a una estrategia ya conocida: sembrar miedo en la ciudadanía para justificar un privilegio legal que nunca debió existir. Esta amenaza velada de que los consumidores pagarán más si LUMA responde por sus propios actos es, además de injusta, jurídicamente insostenible”, dijo la abogada en declaraciones escritas.
“En Puerto Rico, bajo nuestro Código Civil, los daños causados por negligencia son responsabilidad personalísima de quien los causa. Pretender que esos daños se transfieran automáticamente a la ciudadanía a través de un aumento en la tarifa eléctrica es un intento de socializar las pérdidas de una empresa privada, mientras se privatiza su poder. Esa lógica no solo es inmoral: viola la Constitución y el principio fundamental de separación de poderes, al intentar convertir una autorización administrativa en una especie de impunidad legal frente a los tribunales”, añadió.
Sin embargo, LUMA aludió a que en Estados Unidos se ha respaldado que se limite de responsabilidad a las compañías eléctricas en el impacto que tienen los abonados.
“Este asunto es un ejemplo de cómo todos seguimos pagando por el abandono y la mala administración de la AEE en el sistema eléctrico, lo que persiste hasta hoy debido a la falta grave de financiamiento, dejando un sistema deteriorado y poco confiable. Tenemos que trabajar juntos para atender los problemas de voltaje y las deficiencias de nuestro sistema eléctrico, y solicitarle al Gobierno y a otros sectores que colaboren con nosotros en la transformación de la red eléctrica para brindarles a los clientes el servicio confiable que esperan”, establece el comunicado de LUMA.
Pero, para Rodríguez Erazo, se le deben dar garantías a los ciudadanos para reclamar por daños sufridos. Dijo que esta consideración no puede depender de los intereses económicos de una empresa.
“LUMA quiere hacerle creer al país que si se le exige rendir cuentas, el sistema colapsará. Pero la realidad es otra: es precisamente la ausencia de consecuencias lo que ha perpetuado el deterioro. No se trata de revivir el pasado, como ellos sugieren; se trata de no repetirlo, asegurándonos de que ninguna empresa —sea pública o privada— opere sin responsabilidad frente al pueblo. El DACO no cederá ante presiones ni campañas de miedo. Seguiremos defendiendo el derecho del consumidor a reclamar, a ser escuchado, y a no quedar indefenso ante la negligencia. La justicia no puede tener excepciones ni tarifas especiales”, concluyó la secretaria del DACO.