Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 18, imputadas por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, regresaron esta mañana al Tribunal de Aibonito para asistir a la vista preliminar ante la jueza Marielem Padilla Cotto, quien determinó que el proceso comenzará hoy únicamente para la adulta.

Durante la vista se acordó iniciar el caso de Cabrera Rivera, ya que la defensa de Anthonieska necesita entrevistarla para determinar si radicará una moción sobre prueba favorable, beneficiosa o exculpatoria.

Se separó, de ser necesario, la fecha del 28 de octubre a la 1:30 p.m., en caso de que se decida solicitar al Ministerio Público evidencia adicional, en la sala del juez de Aibonito, Luis Navas de León. Ese mismo día se celebrará una vista sobre el estado de los procedimientos para actualizar los avances del caso.

El miércoles, la jueza Paola Morales, del Tribunal Superior de Aibonito, determinó que Avilés Cabrera es procesable tras la evaluación del perito José Domingo Malavé, lo que dio paso al inicio de esta etapa judicial.

Durante la vista de hoy, la licenciada Rocío Revelles Ponce —a quien la jueza le denegó una moción al amparo del debido proceso de ley para posponer el proceso— explicó que asumió la representación el 26 de agosto y, al conversar con la joven, percibió que no estaba procesable.

“Dado lo anterior, no pudo haber una comunicación abogado-cliente. Luego, mediante un perito, se determinó que no era procesable, y no fue hasta el miércoles que la misma está apta para entender los procedimientos y hablar con sus abogados. Así las cosas, juez, no hemos podido reunirnos con nuestra representada ni discutir ninguna incidencia del caso ni dialogar con ella”, planteó Revelles Ponce.

La defensa tiene cinco días laborables para reunirse con la clienta, y los términos aún no han concluido. Además, advirtió que, debido a este retraso, se paralizó la consideración de una moción para celebrar una vista de prueba exculpatoria, para la cual tampoco está preparada.

Recordó, además, que no recibieron notificación del Ministerio Público sobre un documento que añadía más testigos, y que no fue hasta el martes 14 de octubre que tuvieron conocimiento de este. Por esa razón se determinó no comenzar la vista preliminar en el caso de la joven.

“Esto no es porque la defensa quiera simple y sencillamente alargar los procesos”, afirmó la abogada, quien agregó que no fue hasta esta mañana que supo dónde se encontraba la joven.

En el caso de su madre, la vista de prueba exculpatoria ya fue adjudicada y se espera que la vista preliminar se celebre para cumplir con los términos legales.

Más temprano, la jueza planteó la posibilidad de separar los procesos, ya que “están en etapas diferentes”, pero hubo oposición.

“Esta juez advirtió en la ocasión pasada que, si era necesario fraccionar los casos, lo haría, porque la señora Elvia Cabrera Rivera tiene términos distintos a los de la señorita Anthonieska. El tribunal estaba inclinado a separar los procedimientos”, expresó la jueza.

Ante ese escenario, el licenciado Jesús R. Ramos Puca, abogado de Cabrera Rivera, respondió que estaba preparado para ver el caso, “sin embargo, estando al límite de la fecha de los términos de juicio rápido y en ánimo de no retrasar el proceso”.

Por su parte, el fiscal Orlando Velázquez Reyes objetó la separación, argumentando que ambos casos comparten la misma prueba y los mismos testigos. “Sería realmente una injusticia, porque separar las causas complicaría los procesos para todas las partes”, sostuvo.

En las afueras del tribunal se congregaron familiares de la víctima y de madre e hija, quienes exigieron justicia. Desde una guagua con altoparlantes, la familia de Elvia y Anthonieska reclamó un juicio “con la verdad como norte”.

“Hoy nos unimos con el mismo clamor: justicia con mentiras no es justicia. Seguimos alzando nuestras voces hasta ser escuchadas”, expresaron, acompañando el mensaje con las etiquetas #FreeElvia y #AnthonieskaVíctima.

Para la fecha de los hechos, la joven tenía 17 años, por lo que se renunció a la jurisdicción del Tribunal de Menores para radicarle cargos como adulta.

Según el psiquiatra, la joven pudo explicar y entender claramente el proceso legal y los roles en el tribunal, pese a su discapacidad cognoscitiva. Malavé indicó que, a diferencia de la evaluación anterior, ahora estaba orientada en tiempo y espacio y con buen contacto visual.

Durante el interrogatorio salió a relucir que el secretario de Salud, Víctor M. Ramos Otero, evaluó físicamente a la joven el pasado jueves, lo que la defensa —representada por las licenciadas Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL)— calificó como “atípico”. Las abogadas solicitaron al tribunal acceso al expediente médico.

El Departamento de Justicia (DJ) aclaró que la evaluación física fue realizada dentro de las funciones y facultades del Dr. Ramos Otero como jefe de la instalación hospitalaria y pediatra.

Madre e hija enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación al Artículo 6.06 de la Ley de Armas, por portación y uso de armas blancas en concierto y común acuerdo. Ambas permanecen encarceladas en el Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza de $1 millón impuesta por la jueza Valery Telles.

El 25 de septiembre se asignaron los fiscales Silda Rubio Barreto y Orlando Velázquez Reyes, por su experiencia en casos de menores, y el 9 de octubre el DJ removió a la fiscal Brenda Lee Soto Santiago.

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, durante una pelea entre jóvenes y adultos que culminó con el asesinato de la menor con un objeto punzante, tras el cierre de una fiesta de verano auspiciada por el municipio.

Las autoridades no han revelado el motivo de los hechos, más allá de que se trató de una riña. En la denuncia se describe el arma blanca utilizada como de una pulgada de ancho, sin más detalles.

El DJ no descarta radicar nuevos cargos contra las imputadas y otras personas vinculadas a los hechos.