La primera vista de la demanda que radicó en despedida de año el Comité de las Fiestas de la Calle San Sebastián contra la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, se verá mañana, miércoles, en el Tribunal Federal en Hato Rey.

El Comité acusa a la mandataria municipal de supuestamente violar su derecho de marca y sus derechos constitucionales de libertad de expresión y de religión al promover cambios en las emblemáticas fiestas sanjuaneras.

En entrevista con este medio, la alcaldesa defendió la posición del ayuntamiento de asumir mayor control sobre las fiestas que se celebrarán del 15 al 18 de enero y en las cuales se invierte un $1 millón en fondos públicos.

“Las fiestas le pertenecen al pueblo de Puerto Rico y no a un grupo en particular”, afirmó Cruz Soto.

“Las fiestas se pueden hacer sin el Comité, pero no se pueden hacer sin la logística extraordinaria de coordinación que realiza el municipio”, agregó.

Señaló también que el ayuntamiento remitió dos contratos al Comité que le permiten hacer las actividades tradicionales que siempre ha realizado, pero que ambos contratos han sido rechazados “bajo la teoría de que las fiestas les pertenecen a ellos”.

Durante la vista de “injuction” o interdicto, pautada para las 9:00 a.m., el Municipio de San Juan estará representado por los abogados Zaira Girón, directora de la División Legal de San Juan, Patricia Rivera, experta en el asunto de marcas, Tessi Leal y Frank Torres Viada.

El Comité, por su parte, estará representado por las abogadas Jane Becker Whitaker y Yolanda Álvarez.

El pasado 31 de diciembre el Comité demandó a Cruz Soto, a su esposo Alfredo Carrasquillo, al Municipio de San Juan y a las empresas Spanish Broadcasting System e Insurance Company DEF.

La demanda de 26 páginas contiene ocho reclamos entre los que se incluye el pago de $1.5 millones por los supuestos daños recibidos por las acciones o expresiones difamatorias de la alcaldesa, gastos de abogados y otras penalidades que pueda imponer la corte.

En el recurso judicial, el Comité alega ser el propietario único de las marcas “Fiestas de la Calle San Sebastián”, “Fiesta de la Calle” y “la San Se” y reclama que el Municipio no puede utilizarlas sin su autorización.

Señala también que la alcaldesa y el municipio violan sus derechos constitucionales al ejercicio libre de su religión y al ejercicio de la libre expresión al supuestamente impedirle contratar espectáculos de música típica puertorriqueña.

Por ello, solicita al tribunal un interdicto que dé marcha atrás a la decisión del ayuntamiento de impedir al Comité la supuesta “oportunidad de presentar actividades culturales de Puerto Rico, incluyendo la danza, la plena y la bomba en la Plaza del Quinto Centenario”.

Pide otro interdicto para evitar que el municipio utilice las marcas “Fiestas de la Calle San Sebastián”, “Fiesta de la Calle” y “la San Se” sin el permiso del Comité, y que se abstenga de contratar auspiciadores utilizando estas arcas.

Reclama, además, que el tribunal ordene al municipio que el dinero que produzca toda contratación que haga con auspiciadores, utilizando las marcas que alegan le pertenece, les sea entregado a ellos.