Durante un recorrido de Primera Hora por la plaza de recreo, horas después que agentes adscritos al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron a Ortiz Díaz en su residencia, en la urbanización Ciudad Jardín, el asombro imperaba en el casco urbano.

“Lo oí con mucho pesar porque realmente el alcalde ha trabajado bien aquí, desde que está ha habido un progreso grande en el pueblo… Él hizo un nuevo Gurabo”, opinó Ángel Zayas, de 54 años, tras enumerar mejoras en áreas recreativas y otras obras atribuidas a Manolito, ahora implicado en un esquema de corrupción gubernamental que propició un reclamo de dimisión por parte del gobernador electo, Ricardo Rosselló.

“Nos sorprendió. Había rumores de que pasaba algo con el alcalde, aunque no pensábamos que hubiese acusaciones formales. Pero todo el mundo tiene que responder por sus actos… Y hasta que no se le pruebe lo contrario sigue siendo inocente, y yo soy estadista”, agregó Zayas, quien pese a los rumores crecientes en noviembre votó por él porque “la obra de él se ve”. 

Por su parte, Blanca Estrada, de 57 años, destacó que “no esperaba eso porque él es muy buena persona”.

“Veía a uno en la calle y saludaba. No era orgulloso. Me ha dado mucha pena (su arresto)”, expresó la gurabeña. 

Para Estrada, los cargos de corrupción que enfrenta “están fuertes”. La mujer también reconoció la existencia de rumores que echaban sombra sobre acciones del alcalde, pero “no eran nada concreto”. 

Sin embargo, temprano ayer el líder novoprogresista fue detenido y poco después las autoridades federales revelaron algunos detalles de la intervención.

Purruchá en la casa

Al arrestar a Manolito, los federales le ocuparon $23,000 en efectivo en su hogar.

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez reveló hallazgos de la pesquisa que condujo al arresto del alcalde. En rueda de prensa, informó que para octubre del 2012, un contratista pidió una reunión con el alcalde para hablar de unos $200,000 que le debía el municipio. 

Durante esa reunión, el alcalde le solicitó al contratista $125,000 para él invertirlos en un proyecto de antenas de comunicaciones y cuando éste le indicó que no tenía ese dinero disponible ya que le adeudaban mucho dinero, Ortiz Díaz, le propuso resarcir la deuda, sostuvo Rodríguez.

Con este dinero el contratista, le podría hacer el “préstamo” de $125,000 al alcalde y también tendría dinero para pagarle a sus suplidores.

 Rodríguez detalló que el 19 de diciembre de 2012 el contratista emitió tres cheques de su compañía, todos con una fecha posterior, pagaderos a diferentes personas vinculadas con Miguel Merced, quien hoy en día es un convicto federal.

Merced, explicó la funcionaria, era el promotor de un negocio de inversión en antenas en el cual el alcalde tenía interés. De acuerdo con la pesquisa, los tres cheques que se le entregaron al alcalde sumaron $125,000 y ese mismo día el gobierno municipal emitió dos cheques por un total de $196,643.26 al contratista por trabajos realizados, según lo acordado. 

El alcalde, a su vez, invirtió el dinero con el que extorsionó al contratista en lo que resultó ser un esquema Ponzi, que es una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores, sostuvo Rodríguez.

“Este esquema fue dirigido por Merced, quien cumple condena de seis años de prisión por fraude”, subrayó la fiscal. El esquema piramidal de Merced, que operó de 2006 a 2013, generó ganancias de $15 millones, explicó.

El individuo se hacía pasar por empleado de la Comisión Federal de Comunicaciones y convenció a muchas personas de que, a cambio de una inversión de dinero, la agen cia federal le expediría contratos de administración de telefonía celular que les produciría mucha ganancia.

“Mientras el alcalde invirtió el dinero extorsionado al contratista A, se presentó al igual que muchos, al tribunal como víctima en el caso de Merced. Este tipo de procedimiento lo que busca es una restitución para las personas que han perdido su dinero”, dijo Rodríguez. 

“Es interesante que él fue al tribunal como víctima, pero la realidad que fueron los ciudadanos del pueblo de Gurabo los que fueron las verdaderas víctimas de este alcalde que traicionó la confianza del pueblo y la confianza que le habían brindado con su voto los ciudadanos, nuevamente otro servidor público que abusa de su posición a expensas del pueblo de Puerto Rico”, agregó.