Informes de patología, balística, fotografías y un vídeo se marcaron como identificaciones del ministerio público, como parte del juicio que se sigue contra David Bonilla Fernández, acusado por la muerte de Julio Ramos Oliver en medio de un altercado en las fiestas de la calle San Sebastián en el Viejo San Juan.

Durante una vista para marcar evidencia ante la jueza Eloína Torres Cancel, del tribunal del San Juan, los fiscales Mario Rivera Géigel y Nadia Pineda también marcaron como identificaciones una cuchilla, proyectiles y casquillos de bala.

Las piezas marcadas como identificaciones pasan por un proceso de autenticación antes de convertirse en piezas de evidencia del ministerio público.

Los abogados de la defensa, Jorge Gordon Menéndez y Orlando Cameron Gordon, no estipularon pieza de evidencia, ni presentaron evidencia para marcar en el proceso judicial de este martes.

En una alocución inicial, Gordon Menéndez explicó a la jueza Torres Cancel que luego de asumir la representación legal de Bonilla Fernández la defensa evalúa toda la evidencia entregada al antiguo defensor del acusado, Irving Prado.

Además, copia las grabaciones de los procedimientos previos a la etapa de juicio.

Ese proceso de copiar las grabaciones todavía no ha culminado.

Ante este planteamiento, la magistrada advirtió que no concederá suspensiones durante el juicio, que comenzó con la selección de jurado el pasado 12 de agosto pasado, por dilación con las copias de las grabaciones.

Gordon Menéndez y Cameron Gordon acogieron la representación legal de Bonilla Fernández ese 12 de agosto. No estuvieron presentes en la vista preliminar, ni en la vista para encontrar causa para su arresto.

Los abogados de la defensa suelen confrontar e impugnar a los testigos de cargo con cambios u omisiones de sus declaraciones en etapas previas del proceso criminal.

Después de marcar la prueba que el ministerio público pretende usar en el juicio, las partes se despidieron de la magistrada hasta el 4 de septiembre próximo.

Ese día sigue la selección del jurado que determinará si Bonilla Fernández es culpable o no culpable del asesinato de Ramos Oliver.

Contra Bonilla Fernández, quien se encuentra detenido, pesa un cargo de asesinato y dos violaciones a la Ley de Armas.

Por el cargo de asesinato se expone a una pena de 99 años de cárcel.