La advertencia de autoridades locales y federales sobre las repercusiones penales que se impondrán a los que hayan incurrido en fraude al Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) provocó otra avalancha de entrega de cheques en el Departamento del Trabajo, donde más de 800 personas -entre estas más de 100 empleados públicos- acudieron la semana pasada a entregar dinero que no les correspondían; lo que equivale a más de $6.3 millones recuperados.

Así lo detalló el portavoz de prensa de la agencia, Kike O’Neill, al explicar que en un periodo de cinco días -del 21 al 25 de septiembre- aumentó la cantidad de gente que ha llegado a la agencia para entregar cheques, incluyendo los que fueron tramitados a nombre de menores, empleados de gobierno y público en general.

El lunes pasado se estimó que unas 3,500 personas habían acudido a instalaciones del Departamento del Trabajo para hacer el mismo tipo de entrega. El monto estimado de lo recuperado, para entonces, fue de $5.6 millones.

“En esta ocasión se recibieron $2,361,635 en cheques que nunca se cambiaron y $3,070,267 (en giros), o sea, que la persona había cambiado el cheque y lo devolvió a través de un giro a nombre del Secretario de Hacienda”, explicó.

En cuanto a cheques vinculados a menores de edad se devolvieron $58,932 y $11,652 en giros postales.

Los montos recuperados que relacionan a servidores públicos -incluyendo empleados municipales- fue de

$182,132 en cheques y $665,247 en giros.

“En total se recuperaron durante la semana pasada $6,360,643, para un total acumulado de $24,603,054″, agregó O’Neill.

Explicó que cuando un ciudadano acude a entregar algún cheque o giro postal debe llenar una carta narrativa.

“Eso incluye su información, últimos cuatro digitos del seguro social, teléfono, correo electrónico y una explicación del por qué surge la devolución”, dijo.

Anteriormente, la secretaria del Departamento de Justicia, Inés Carrau, había exhortado a los ciudadanos que pudieran estar vinculados a los fraudes a que entregaran los cheques en el Departamento del Trabajo. Hizo la salvedad de que la devolución no implica la exclusión de cargos criminales, aunque sí podrían considerarse como atenuantes a la hora de acudir al tribunal.

Carrau recordó que algunos de los delitos que se le pudieran imputar a personas vinculadas en fraudes al programa de desempleo conllevan extensas penas de cárcel.

“Por ejemplo, por apropiación ilegal de bienes públicos son 15 años de cárcel; por fraude son ocho años de prisión y por falsificar licencias son tres años”, explicó al mencionar que algunos de estos no prescriben y otros caducan en un periodo de cinco años.

Mientras, el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, dijo que el dinero recuperado se devuelve al gobierno federal.

“En primera instancia empezaremos a clasificarlos. Por ejemplo, los que son de servidores públicos aparte de los que vinculan a menores de edad o a otros ciudadanos privados”, acotó al mencionar que al momento esas cifras segregadas no están disponibles.

Una vez se clasifican y se certifican los cheques devueltos el dinero tiene que devolverse al gobierno federal.

Actualmente en la vieja plataforma de PUA hay unas 200,000 personas registradas cobrando el beneficio del cual ya se han desembolsado más $220 millones. En cambio, en el nuevo sistema FASTPUA (que opera validando información de participantes con la del Departamento de Hacienda) hay solo 100,383 casos registrados. En términos generales la agencia ha entregado sobre $5,000 millones en asistencia del PUA, desempleo regular y otros beneficios.

Del desempleo regular se han recibido un total de 353,723 solicitudes, de las cuales 237,690 personas están cobrando el beneficio. Mientras, aun quedan 37,362 solicitudes por atender a causa de los llamados “puntos controvertibles” y unos 72,645 casos fueron declarados “inelegibles”.