Más testimonios de engaños bajo la administración de Abel Nazario
Empleados afirman haber trabajado sin paga durante meses.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 5 años.
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Otros cinco testigos, todos empleados del municipio de Yauco, testificaron en el segundo día del juicio federal contra el senador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario Quiñones, y de acuerdo con sus testimonios y la prueba desfilada, pareció reforzarse la teoría de que había un patrón para engañar a empleados usando diversas estrategias al momento de entregarles el cheque por trabajo no pagado, según el acuerdo al que había llegado el municipio con el Departamento de Trabajo federal, luego que se determinara que estaba incurriendo en una práctica que violaba las leyes laborales.
Entre las estrategias estaba hacer pensar al empleado que se le estaba pagando por adelantado al tiempo que se le pedía trabajar sin paga por semanas o meses siguientes, o que se le había dado un aumento de sueldo o pagado de algún sobrante y, entonces, se le dejaba de hacer algún pago de su salario regular.
Además, de acuerdo con la prueba desfilada, queda bastante claro, y así lo han manifestado tanto la fiscalía como la defensa de Nazario, que en el municipio estaba bastante mal administrado y tenía un caos en el manejo de sus finanzas, al punto que no se han podido conseguir un sinnúmero de documentos relevantes.
Según los cargos presentados por la fiscalía federal, se alega que Nazario, cuando era alcalde de Yauco, mintió a sabiendas al Departamento de Trabajo federal e incumplió con un acuerdo al que habían llegado con el municipio para que le pagara a 177 empleados por horas trabajadas como “voluntarias” entre mediados de 2012 y mediados de 2014, que no se les habían remunerado, en violación a las leyes laborales vigentes.
En total, el político enfrenta 37 cargos, 30 por cada caso de empleado que habría resultado engañado y en consecuencia habría constituido un fraude y violación al acuerdo con el Trabajo federal, y otros siete de fraude electrónico.
Los fiscales Miriam Fernández y Scott Anderson continuaron mostrando evidencia de las irregularidades en los pagos a empleados, así como las estrategias para engañarlos.
Por su lado, la defensa de Nazario, conformada por los abogados María Domínguez, Edgar Vega, Javier Micheo y Carlos Andréu, se esforzó en intentar probar que los testigos de alguna forma no estaban bajo contrato cuando dejaron de cobrar y en desvincular a su cliente del asunto llevando a los testigos a la teoría de que, en última instancia, cualquier dinero que aún no se les hubiera pagado se los adeudaba el municipio, y no Nazario.
El primero en declarar en la jornada fue el gruero Moisés Caraballo Rodríguez. Al igual que ocurrió con los empleados que testificaron el primer día, la fiscalía mostró a los testigos la evidencia del cheque grande que correspondía al pago de horas voluntarias no pagadas, según el acuerdo con el Trabajo federal.
En el caso de Caraballo, explicó que recibió el cheque por $551.94 en febrero de 2015 de manos de Edwin Rivera, ayudante de Nazario que para aquel tiempo era el alcalde de Yauco.
“Edwin Rivera me dijo que era un aumento de sueldo”, afirmó.
El testigo aseguró que en ningún momento se le informó que ese cheque correspondía a las horas voluntarias no pagadas, según el acuerdo con la agencia federal.
Admitió haber firmado el documento WH-58 que, como parte del acuerdo el municipio, tenía que presentar al empleado al momento de entregarle el cheque, y luego debía ser devuelto a los federales con la firma del empleado y el empleador, como constancia de cumplimiento. Sin embargo, aseguró que no leyó el documento y nadie se lo explicó.
Luego presentaron la nómina del municipio para ese tiempo, para mostrar que, el mismo día del cheque grande, el 27 de febrero, se emitió otro a nombre de Caraballo por $544.40, el equivalente a su paga quincenal, que luego fue cancelado, sin que el empleado supiera siquiera que había sido emitido.
El abogado Micheo le insistió a Caraballo que estaba allí “porque el municipio de Yauco le debe dinero, no Abel Nazario”, antes de someterlo a un sofocante ejercicio matemático que incluyó registros de asistencia de tres meses, multiplicando por las 7.5 horas diarias, según los días de trabajo cada semana.
El ejercicio de cálculo se extendió por bastante tiempo y confundió en más de una ocasión a Caraballo, provocando repetidas intervenciones del juez Joseph Laplante, en un esfuerzo por poner claridad al asunto.
El testigo Anderson Oscar Castro Sepúlveda, un empleado de la plaza del mercado de Yauco, sostuvo que cuando le entregaron su cheque grande del acuerdo, en abril de 2015, por $1,822.94, lo recibió de manos de Nazario.
“(Nazario) me dijo que era un cheque por adelantado, de tres meses y medio”, dijo Castro.
Agregó que nadie le explicó que se trataba del cheque por horas voluntarias no pagadas. Además, sostuvo que, si bien estaba su firma en el documento WH-58, el resto de la información no era su letra.
“Me acuerdo del documento. Me lo entregó el alcalde (Nazario) y me dijo que era del adelanto”, comentó, agregando que no leyó el documento ni tampoco le dijo nadie de qué se trataba.
“¿Y pasó tres meses y medio sin cobrar?”, indagó el fiscal Anderson, recibiendo una respuesta positiva.
El fiscal mostró además documentos que indican que Castro estaba bajo contrato con el municipio para esas fechas en que habría trabajado sin que se le pagara, así como registros de asistencia.
Asimismo, mostró el registro de nómina del municipio, donde se ve que luego de la entrega del cheque del acuerdo, el 29 de abril de 2015, no se volvió a emitir otro cheque a su nombre hasta el 31 de agosto de 2015, a pesar que para ese tiempo habría estado trabajando.
Durante el contrainterrogatorio, el abogado Vega buscó mostrar que Nazario no tomó acciones de represalia contra los empleados por el recibo de los pagos del acuerdo, y por el contrario habría tomado acciones a su favor. Sin embargo, no le funcionó del todo bien, pues, al cuestionarle a Castro si no era cierto que Nazario le había dado la permanencia en su puesto después de recibir el cheque grande, el testigo lo negó.
“Nunca he sido permanente”, sostuvo.
Entonces fue confrontado con un contrato de nombramiento como empleado transitorio, de noviembre de 2015, cuando Nazario aún era alcalde.
“Reconozco ese documento. Es mi nombramiento como empleado transitorio. Pero nunca me nombró permanente. No lo hizo porque tenía que esperar el periodo de probatoria de tres meses. Y pasó y nunca me nombraron. Nunca me dieron el contrato (permanente)”, afirmó.
José Cordero Jorge, quien es manejador de casos para el Centro Renace para deambulantes y adictos, fue el siguiente en declarar. De manera similar, se repasó el periodo alrededor de su recibo del cheque por el acuerdo, en su caso, en abril de 2015, por $1,996.77.
El testigo afirmó que el cheque se lo entregó Nazario, “y me dijo que había un sobrante y me iba a dar un adelanto de la nómina, pero que tenía que trabajar para cubrir ese adelanto, por los próximos tres meses".
Al igual que los otros, firmó el WH-58, sin leerlo, y sin que nadie le explicara de qué se trataba.
Luego, sostuvo, siguió trabajando en el Centro Renace, sin que se le remunerara.
El registro de nómina muestra que, entretanto, se emitieron dos cheques de nómina a su nombre, pero ambos fueron cancelados.
El abogado Micheo confrontó al testigo con una carta que le envió Nazario el 23 de marzo de 2015, en la que le indicaba que su contrato culminaba el 30 de marzo de 2015.
Sin embargo, Cordero insistió en que “yo seguí trabajando”.
“¿Pero no ponchaba? Eso (su asistencia) no está en la evidencia de fiscalía. O sea, no hay evidencia de que trabajó en abril de 2015”, cuestionó Micheo, antes de indicar que, según la nómina, se le habría pagado un cheque de nómina regular a finales de ese mes.
El testigo Bienvenido Cornier Troche, empleado de mantenimiento del casco urbano de Yauco, explicó que a él le dieron el cheque grande según el acuerdo en enero de 2016, y no lo cobró hasta marzo, porque Nazario le dijo que, aunque le entregaba el cheque, tenía que trabajar sin paga por los meses siguientes. Agregó que “nunca me dijo que era por las horas voluntarias”, y que le pidió que esperara un tiempo para cambiarlo.
Como en los otros casos, también firmó, sin leer y sin que nadie le explicara, el documento WH-58.
“Trabajé por tres meses sin cobrar”, insistió ante otras preguntas.
En el contrainterrogatorio, la abogada Domínguez lo confrontó con unos documentos que mostraban que solicitó beneficios por desempleo en diciembre de 2015, y recibió tales beneficios en diciembre de 2015 y enero y febrero de 2016.
“Y son meses que, según el gobierno (la fiscalía) usted trabajó en el municipio de Yauco y no se le pagó”, cuestionó.
Pero en su redirecto, el fiscal Anderson le preguntó si se trataba de desempleo parcial, y la diferencia con el desempleo.
Por último, se sentó a testificar Omar García Antongiorgi, empleado de transporte colectivo. Como en los testigos anteriores, se desfiló prueba del cobro del cheque según el acuerdo.
“El cheque me lo dio Abel Nazario en su oficina y me dijo que era pago por adelantado”, sostuvo García.
Nuevamente, firmó el WH-58 sin leerlo ni que se lo explicaran.
En su caso, se presentó, además, un papel escrito a mano que “me lo preparó Abel Nazario”, que listaba varias quincenas con pagos de $267.82, y una cifra adicional por $2,040.86, que coincidía con el monto de su cheque según el acuerdo.
García dijo que luego del cheque, continuó trabajando y llenando hojas de asistencia por tres meses, sin ser remunerado. Sostuvo que no cuestionó la situación, “porque el señor Nazario me había dicho que me habían pagado las quincenas por adelantado”.
El abogado Micheo lo confrontó con el hecho de que no cuestionara nada, a pesar que nunca antes había recibido pagos por adelantado.
A preguntas suyas, además, el testigo admitió que, luego de recibir el cheque grande, le mejoraron sus condiciones de trabajo con más horas y más paga.
Sin embargo, el fiscal Anderson volvió a la carga y sostuvo que “le dieron el contrato, pero no le han pagado esos meses que trabajó”.
“Correcto. Al día de hoy no me han pagado”, respondió el testigo.
Micheo contrarrestó retomando el argumento de que “lo cierto es que ese dinero se lo debe el municipio de Yauco, no Abel Nazario”.
En un momento de la jornada, la fiscalía se dirigió al juez Laplante para expresar preocupación por los interrogatorios de la defensa que consideró llevaban una carga engañosa, argumentando que “porque no haya evidencia, eso no significa que (los empleados) no hayan trabajado… sabemos el desastre que era Yauco y faltan muchos documentos”.
Anderson cuestionó, además, por qué la defensa hacía referencia a lo que habría ocurrido con las posiciones de los empleados meses después de los hechos en disputa, “cuando hay evidencia de que hubo represalias después de la entrega de los cheques”.
Pero la abogada Domínguez argumentó que el caso se basa en la veracidad de registros, “y van a traer testigos, imagino que los 30 empleados (afectados) y pretenden que creamos lo que hicieron o recuerdan de algo que pasó hace cinco años”. Sostuvo, también, que si la fiscalía “trae el tema del reguero que había en Yauco”, eso también debe de funcionar para la defensa.
El juez evaluó que, si bien entendía la preocupación de la fiscalía, no consideraba que las preguntas de la defensa fueran necesariamente engañosas. Sostuvo que “el asunto de las represalias creo que es problemático en este caso”, y más bien habría engaño, según lo que había visto hasta el momento.
No obstante, afirmó que estaría velando la situación para intervenir en caso que lo considerara pertinente.
El caso continúa este jueves, cuando se esperan más testigos de la fiscalía.