La magistrada federal Silvia Carreño le asignó hoy, en la mañana, una fianza de $13,000 a uno de los médicos arrestados como parte de una investigación dirigida a desarticular a una organización de galenos y farmacéuticos que se había convertido en uno de los principales suplidores de medicamentos que se vendían en el bajo mundo.

La fiscal federal Elba Gorbea se opuso tenazmente a que el médico Héctor Aguilar pudiese ser excarcelado mediante una fianza al alegar que éste representaba un peligro para la comunidad y un riesgo de fuga. La representante del Ministerio Público señaló que el galeno había emitido unas 1,500 recetas a otros conspiradores de la organización y a otras personas sin que mediara ningún propósito médico.  La funcionaria  aseguró, además, que las autoridades cuentan con grabaciones de vídeo y audio sobre las presuntas transacciones ilegales en que incurrió el galeno.

Pero, el representante legal de Aguilar, Joseph A Boucher-Martínez, ofreció un historial detallado de la experiencia de trabajo del galeno e insistió que éste podría cumplir con todas las condiciones impuestas por el tribunal. De los $13,000 de la fianza, $3,000 tienen que ser garantizados mientras para la cantidad restante no se tiene que presentar ninguna garantía de pago.

El magistrado Marcos López le denegó fianza al presunto cabecilla de la organización criminal, el doctor César Várgas Quiñones el pasado lunes.  Trascendió en la vista que durante los últimos años éste había comparecido ante los tribunales estatales por casos de evasión contributiva, violencia doméstica y amenazas contra un testigo.

Durante la vista de hoy se divulgó que Aguilar también tenía problemas legales, ya que fue arrestado en por lo menos dos ocasiones por desacatar una orden del juez para el pago de pensión alimenticia. La fiscal aseguró que éste tenía una deuda que ascendía a $15,523.

Al momento de emitirse el pliego acusatorio contra la organización, Aguilar estaba en el proceso de mudarse al estado de Florida para trabajar como médico, aunque el número que le había asignado la Administración Federal Antidrogas (DEA) para dispensar recetas había caducado.

Las autoridades aseguran que Vargas Quiñones utilizó su clínica de salud Sheilia, en San Sebastián, como el centro de operaciones de la conspiración. Aguilar figura entre tres médicos acusados que trabajaban en la instalación bajo la supervisión del presunto cabecilla. Las autoridades también acusaron a varios dueños de farmacias que supuestamente conspiraron con los galenos para vender los medicamentos.

Uno de los médicos, Luis Betancourt Medina, se declaró no culpable ante otra vista celebrada en la sala del magistrado López durante la mañana de hoy. No obstante, su vista de fianza fue pospuesta ante una solicitud de la defensa.