El exasesor legislativo de Héctor Martínez, Víctor Rivera Torres, se reunió más de 15 veces con agentes del FBI y con investigadores de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos y quizás en esas ocasiones no contó las cosas de la misma forma en que lo ha hecho durante su testimonio en este juicio contra Héctor Martínez y Juan Bravo. O al menos eso es lo que ha intentado establecer el abogado del exlegislador, Abbe Lowell en su contrainterrogatorio.

En su segundo día vertiendo testimonio, Rivera Torres, también exasesor político de Martínez negó que le hubiese dicho al FBI que su exprotegido le hubiese contado que pagó con su propio dinero el pasaje a Las Vegas en el 2005.

Insistió en lo que las cosas ocurrieron como "se lo dije el primer día" de su testimonio: que en noviembre de 2009 el exlegislador fue a su casa y le confesó que el empresario Juan Bravo, coacusado de soborno en este caso, fue quien pagó su pasaje de avión a Las Vegas.

Para ese encuentro con Martínez en su casa Rivera Torres se había reunido previamente con el FBI en dos ocasiones y tenía su teléfono intervenido por las autoridades federales.

También admitió hoy en corte que para esa fecha una persona de su confianza a quien nunca se identificó en sala, le había advertido a Rivera Torres que le querían hacer daño por lo que se sentía con paranoia.

Por otro lado, el abogado también le increpó al testigo la forma en la que en febrero de 2005 le envió a un cliente suyo en la práctica privada un borrador de un proyecto de ley que Juan Bravo llevó a la oficina de Héctor Martínez para regular compañías de seguridad privada.

Rivera Torres admitió que compartió el documento por fax enviándoselo a sí mismo y luego retransmitiéndolo a la oficina de su cliente, un directivo de la empresa Norwestern Security. Al enviar el documento de esa forma no quedó por escrito que esa empresa, competencia de la compañía de Bravo, estuviese recibiendo el borrador de la medida, excepto por el registro del numero de teléfono en una esquina del papel.  

Sin embargo, Rivera Torres negó que buscara tapar de esa forma cualquier conflicto de interés. Previamente Lowell mostró copia de su contrato con Héctor Martínez en el Senado en que, además de establecer un tope en el monto que podía cobrar, también se le apercibía de que no podía incurrir en conflictos con su práctica de abogado.

Rivera Torres dijo que no recordaba por qué pasó "tanto trabajo" en enviar el proyecto de ley, si podía pedir comentarios de forma oficial a un posible proyecto. 

"No le puedo dar una explicación", indicó.

El contrainterrogatorio continúa en horas de la tarde.

Martínez y Bravo enfrentan cada uno un cargo de soborno en este segundo juicio. La teoría de la fiscalía es que Bravo le pagó a Martínez los gastos para ir a ver la pelea de boxeo a cambio de que el legislador aprobara dos proyectos de ley que ayudaban su negocio de seguridad privada.