En un documento de 22 páginas, Alpi Figueroa determinó el pasado viernes que el acuerdo al que llegó el Municipio de Mayagüez con el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) en noviembre de 2016 para la creación de dicho Fideicomiso es nulo, ya que la Ley 9-2001, conocida como “Ley del Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico” prohíbe el traspaso de su titularidad.

De igual modo, validó el argumento presentado por el Estado que reclamaba que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) es el llamado a velar por la “protección a perpetuidad” de todos los Parques Nacionales, según dicta la ley 171-2018 (“Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”).

“Se estará sometiendo una reconsideración y eventualmente seguiremos los foros que el sistema de Justicia nos garantiza. Si tenemos que llegar al Tribunal Supremo, llegaremos ahí”, comentó el licenciado Samuel González, nombrado director ejecutivo del Fideicomiso del zoológico y ex director de la entonces Compañía de Parques Nacionales.

Según González, existe una contradicción en la ley, pues distinto a lo expresado por la parte demandada, a su juicio el DRD sí podía ceder esa propiedad a una entidad como el Fideicomiso sin desprenderse de su responsabilidad de cuidar por ese bien, ya contaría con un representante del estado en esa nueva organización. 

“La enmienda que se hace en la ley del 2014, que transfiere Parques Nacionales al DRD y lo convierte en programa, se reitera en ella la protección de los parques y que los mismos no podían ser cedidos. Sin embargo, hace referencia de que se podían ceder bienes muebles o inmuebles de Parques Nacionales siempre y cuando preservaran el fin público Y en la propia composición del Fideicomiso, el fin era precisamente la protección, conservación y mantenimiento del zoológico”, apuntó González, quien precisamente formó parte del grupo de funcionarios que trabajaron en la redacción de la ley de Parques Nacionales en el 2001, bajo la administración de Sila María Calderón.

“Además, en el acuerdo que se había establecido en el 2016, se le cedía el zoológico al Fideicomiso, pero se mantenía el estado representado por el DRD y se mantenía la finalidad de cuidarlo, protegerlo y mantener el zoológico como bien público”, apuntó.

El ex funcionario refutó que el Estado reclamara como defensa principal que el zoológico de Puerto Rico es un parque nacional y que la agencia concerniente debe “defenderlo a perpetuidad”.

“Es contradictoria la política del gobierno de Puerto Rico que levanta esa bandera de la perpetuidad del zoológico como parque nacional. Sin embargo, hoy lo está desmantelando, regalando los animales, no nombrando un veterinario y no trabajando en una acción afirmativa para abrir ese parque”, destacó.

“Los tribunales no pueden abstraerse de lo que está sucediendo en la sociedad. En los últimos años, el zoológico fue abandonado, no fue atendido adecuadamente por parte de las agencias encargadas y por eso era la importancia la figura del Fideicomiso, que iba dirigido a rescatar ese bien público”, sentenció González.