Los ocho municipios demandados por los Testigos de Jehová para que se les permitiera entrar a urbanizaciones con control de acceso sin guardias apelaron la orden el Tribunal Federal, que determinó que debían entregarle a ese grupo religioso los "beepers" y códigos de ingreso hacia sus comunidades.

Trujillo Alto, Guaynabo, Gurabo, Bayamón, Ponce, Caguas y Dorado sometieron una apelación el viernes en conjunto, y San Juan hizo lo propio por separado.

El 21 de marzo pasado, el juez federal Gustavo Gelpí permitió la entrada de los Testigos de Jehová a estas urbanizaciones para poder llevar su mensaje evangelizador a cada hogar. La apelación incluye una orden emitida en abril pasado, en la que se advirtió que los municipios que no cumplieran se exponían a una multa de $100 diarios, y las órdenes de los pasados días en las que Gelpí obligaba a los municipios a abrir los portones de las urbanizaciones que se negaban a dar mecanismos de apertura a la parte demandante.

Específicamente, se había ordenado a los municipios de Guaynabo, Gurabo, Ponce, Dorado, Trujillo Alto y Bayamón que abrieran los portones de las urbanizaciones que no estaban cumpliendo con la directriz original.

A principios de mes, Gelpí expresó que estaba consciente del debate público que provocó su determinación.

“El Tribunal no es sordo ante las preocupaciones del público en general que reside en comunidades con control de acceso. Tal como evidencian las muchas mociones presentadas por los municipios demandados, aparentan no entender. Este Tribunal está solamente reforzando órdenes de un tribunal superior. Al hacer esto, el Tribunal debe tener un balance entre la protección legítima contra el crimen y proteger libertades civiles de los ciudadanos de Puerto Rico”, explicó el juez, quien recordó que las calles son públicas.

Según Gelpí, si el Tribunal permite que se niegue el acceso de los Testigos de Jehová a las calles públicas, también deberá permitir que se impida la entrada de aspirantes políticos, periodistas y otros grupos religiosos.

 “Los Testigos de Jehová están ejerciendo sus derechos de poder practicar sus creencias religiosas y hablar libremente de sus creencias. No hay diferencia entre las protecciones de la Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos... El Tribunal no ha permitido el libre acceso de criminales violentos, ni personas con conocimiento o de reputación deberían regar ese miedo... El Tribunal no conoce de ninguna instancia en que los Testigos de Jehová hayan sido acusados o convictos de crimen alguno mientras expresan sus creencias religiosas. Los Testigos de Jehová gozan de los mismos derechos de la primera enmienda constitucional como los residentes de Puerto Rico”, manifestó Gelpí.

Como parte del pleito incoado por los Testigos de Jehová, los ocho municipios demandados ya cumplían con la directriz de Gelpí. Cada urbanización con control de acceso sin guardia de seguridad en su entrada debe proveerle a los religiosos el mismo mecanismo de entrada que ellos usan para que estos puedan cumplir con su rol evangelizador dado el hecho de que las calles, aunque estén en urbanizaciones cerradas, siguen siendo públicas.