"No se preocupe, que le ayudo para que pague la mitad".

Este tipo de frase era el primer paso de una cadena de corrupción que no parece tener fin en los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

A menos de dos años de un operativo similar y de allanamientos federales, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) diligenció este miércoles 38 órdenes de arresto contra un grupo que incluye funcionarios de oficinas de los CESCO, ciudadanos que se hacían pasar por gestores y hasta un policía estatal. A todos se les formularon cargos de corrupción y fraude, entre otros delitos.

El director de la División de Investigaciones Contra el Crimen Organizado (Dicco) del NIE, Rufo González, explicó que las detenciones responden a esquemas que operaban en los CESCO, principalmente para borrar multas y realizar trámites fraudulentos para obtener licencias.

"Cada funcionario de CESCO tiene su propia finquita, por decirlo de una manera. No es que está conectado cada uno con el otro. Cada cual va a halar la brasa para su sartén", sostuvo González. "Cada funcionario de CESCO tenía su propia micro organización", señaló.

"El supuesto esquema era individual. Funcionarios en los CESCO cobraban por borrar multas para su propio beneficio…Por ejemplo, un ciudadano que iba con una multa de $1,000 le cobraban $500 y le borraban la multa para que tramitara su licencia", explicó.

Según González, en la mayoría de las ocasiones la cadena de corrupción comenzaba con un gestor ilegal, quien se acercaba a personas que llegaban a los CESCO. Cuando les indicaban que iban a pagar multas, les decían cómo podían ayudarle a pagar la mitad.

"Ahí comenzaba el acuerdo entre el gestor ilegal y el funcionario del CESCO para borrar las multas", sostuvo González. "El gestor ilegal era el que tenía el contacto y entonces el funcionario del CESCO era el que borraba", precisó el directivo de Dicco.

El dinero pagado por el ciudadano entonces era divido entre el funcionario y el gestor ilegal, agregó al revelar los hallazgos de la investigación que condujo a las acusaciones criminales. 

El fiscal indicó que en la pesquisa encontraron casos en los que los ciudadanos llegaban sabiendo del esquema, pero también descubrieron que timaron a personas a quienes les hicieron creer que estaban siguiendo el proceso regular.

Asimismo, según las acusaciones, algunas personas llegaron directamente a funcionarios de CESCO dispuestos a trámites fraudulentos porque así no tenían que compartir la cantidad pagada por el gestor.

El mismo proceso fraudulento era utilizado para personas que querían obtener una licencia de conducir sin haber tomado los exámenes. También lo hacían para los que deseaban conseguir licencias para manejar vehículos pesados y hasta camiones de carga, declaró el fiscal, poco después de completarse los arrestos. 

González adelantó que las multas borradas de forma ilegal serán reactivadas, por lo que los ciudadanos tendrán que pagarlas. Entretanto, las licencias obtenidas de forma fraudulenta serán invalidadas.

Contra los 38 acusados, la fiscal Fabiola Acarón, del Departamento de Justicia, sometió 164 cargos por delitos de fraude, falsificación de registros electrónicos, soborno, apropiación ilegal y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Después de encontrar causa para los arrestos, el tribunal impuso una fianza global de $3.7 millones.

Hasta el mediodía del miércoles, habían logrado capturar a 29 de los acusados.

"Arrestamos a algunos en lugares de trabajo y otros en sus hogares, porque hay algunos de estos funcionarios de CESCO que habían renunciado. Aparentemente temían que tenían algo contra ellos y renunciaron a sus puestos", comentó González, quien no descartó que varios de los que no encontraron se hayan ido fuera de Puerto Rico.

Entre los imputados figuran 23 empleados de los CESCO de Manatí, Bayamón, Río Piedras (Tren Urbano), Fajardo, Ponce, Arecibo y Caguas. También hay tres empleados del Departamento de Hacienda, trabajadores del municipio de San Juan y un policía estatal.

El policía acusado fue identificado como Antonio Valentín Rosario, quien fue arrestado mientras trabajaba en el cuartel del Precinto de Bayamón Norte. Allí fue desarmado y esposado.

"Su participación consistió en recibir dinero de parte de un ciudadano en particular para que le borraran la multa. Él sirvió de intermediario", dijo González. "El ciudadano tenía como $2,800 en multas. (Valentín Rosario) le pidió $2,000 para el borrado de multas. Le borraron las multas con un funcionario de CESCO y consiguió su licencia", explicó.

A su salida del cuartel, ubicado en los predios del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, ese oficial dijo desconocer por qué lo detenían.

"No sé de qué es", expresó el uniformado.

Entre otros arrestados figuró una funcionaria del CESCO de Bayamón, quien supuestamente participó en actos investigados borrando multas. A su salida, una compañera de trabajo se sorprendió con la intervención y comenzó a llorar.

"Marie no es así, de verdad", exclamó la empleada. "Yo lo sé... pero vamos a ver", contestó la imputada mientras era sacada de su lugar de trabajo.

Esta investigación, denominada "Licencia Fácil II", es la segunda parte de una investigación que culminó con la radicación de cargos contra cinco funcionarios de los CESCO y cinco gestores ilegales en marzo del año 2014.

En aquel momento, se intervino en los CESCO de Arecibo, Ponce y Metro. Como resultado de los cargos sometidos se realizó un referido a las autoridades federales y dos funcionarios fueron convictos tras hacer alegación de culpabilidad. Además, hubo un gestor y un civil que hicieron alegación de culpabilidad y dos funcionarios fueron referidos a la Oficina de Ética Gubernamental.

González dijo que por los pasados 18 meses continuaron la investigación. Aunque no tienen un estimado preciso, calculan que miles de dólares dejaron de llegar al Gobierno por el esquema fraudulento.

Pese a la cantidad de arrestos y la frecuencia en las intervenciones de las autoridades, González no se mostró optimista de que la situación de actividades ilegales haya terminado en los CESCO.

"Tengo la certeza de que hay más funcionarios corruptos en las oficinas de los CESCO…Pudieran venir más arrestos. La investigación continúa", sostuvo.

De ser hallados culpables, los acusados se exponen a sentencias de tres años de cárcel. Los que enfrentan el delito de soborno también se exponen a ocho años de prisión. Mientras, por los delitos relacionados con violaciones a la Ley de Ética, los funcionarios no tienen probatoria y se exponen a una pena fija de ocho años cárcel.

Reacciona el DTOP

Por su parte, el secretario del DTOP, Miguel Torres Díaz, lamentó la situación y manifestó que la transparencia y la verticalidad son elementos fundamentales para ejecutar el ejercicio del servicio público.  

"Lamento, en mi carácter personal y profesional, los sucesos ocurridos durante el día de hoy. Estos son parte de una investigación que apoyamos desde que iniciamos nuestra gestión,  en la cual el Departamento colabora con las agencias gubernamentales estatales de forma directa y pro activa", sostuvo Torres en declaraciones escritas. 

"Cuando comenzaron las intervenciones con los empleados, iniciamos de inmediato el proceso administrativo correspondiente. Esta vez estamos igualmente listos para comenzar los procesos en la agencia”, añadió.

Larga lista de acusados

Los empleados del DTOP acusados fueron identificados por el Departamento de Justicia como Omar Ayala Soler, Margarita Tañón Rivera,  María I. Ortiz Vélez, Edna Iraina Sáez Orta, Ángel Pedrogo Muneras, José A. Alameda Cruz, Rigoberto Carreras Rosado, Yaramilete Díaz Valcárcel, María A. Fernández Montalvo y Antonia González Marcano.

En la lista de acusados divulgada por la agencia estatal en un comunicado de prensa figuran también Albanitzy Rosado Western, Rebeca N. León Del Campo, Luis F. Adorno Concepción, Edith J. Álvarez Ayala, Juan Ramón Collazo Figueroa, Lylia Bosque Rivera, Wanda I. Treviño Ortiz, Johana Avilés Salgado, Armando Pérez Espinosa,  Jesicca Joan Castro Rodríguez, Roselys I. Cardona Falconi, Silvia Rivera de Jesús y Luz M. Bonilla Rivera.

Esos acusados son empleados de las oficinas regionales de los CESCO en Manatí, Bayamón, Río Piedras (Tren Urbano), Fajardo, Ponce, Arecibo y Caguas.

Además, según la información ofrecida por el Departamento de Justicia, tres empleados del Departamento de Hacienda, identificados como Johan M. Ayala Candelario, Michael Marrero Johan y Wilfredo Marrero Ortega han sido implicados en las actividades ilegales.

Asimismo, contra Héctor A. Alejandro Jordán y Rubén García Gómez, de la Oficina de Ornato del Municipio de San Juan, y el oficial de la Policía en Bayamón, Valentín Rosario, se presentaron cargos.

Junto a estos individuos, nueve civiles también fueron relacionados a los actos fraudulentos, por lo que se presentaron denuncias contra Luz M. García, María del Carmen Fernández González, Alberta Rolón, Enery M. Burgos, Rafael Mercado, Eric A. Torres, Joel Robles, Restituto Barrientos y José A. Rosa.

Según el Departamento de Justicia, las actividades ilegales tenían esencialmente los siguientes pasos:

1) El esquema comenzaba con gestores ilegales en los predios de los CESCO

2) Le hacían el acercamiento al ciudadano

3) Le ofrecían sus servicios a cambio de que pagara la mitad del monto total de la multa

4) El gestor ilegal hacía sus contactos con el funcionario del CESCO.

5) Le borraban ficticiamente las multas.

6) El gestor ilegal y el funcionario del CESCO compartían el pago del ciudadano.