La jueza Gisela Alfonso no encontró hoy, miércoles, causa para juicio contra la ex secretaria interina de Justicia Wandymar Burgos por los dos delitos graves relacionados a supuestamente filtrar información relacionada a una investigación preliminar y el referido de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

“El PFEI no cumplió con lo que tenía que cumplir de quantum de prueba en esta etapa de vista preliminar”, estableció la jueza del Tribunal de San Juan.

Burgos había sido acusada de violaciones a la Ley de Ética Gubernamental por usar los poderes de su cargo e información confidencial adquirida por razón de su puesto para alegadamente obtener un beneficio para ella o terceros.

Todavía tiene pendiente el juicio por un delito menos grave por obstrucción a la justicia, al solicitar a la agente investigadora Agnes Valentín que no efectuara la entrega al PFEI y devolviera el informe a la agencia.

“Usó información por razón de su cargo producto de una investigación preliminar para beneficiar las personas investigadas, entre ellas, la entonces gobernadora Wanda Vázquez”, planteó la fiscal Leticia Pabón durante su argumentación final minutos antes.

El PFEI presentó mensajes de WhatsApp en los que Burgos compartió con la asesora principal de la exgobernadora, Grisel Santiago, que uno de los referidos era a Vázquez Garced por posible represalia a la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar. El PFEI terminó archivando ese caso debido a que Andújar era empleada de confianza susceptible a la remoción del cargo en cualquier momento.

El abogado de defensa, Jason González, argumentó que el elemento del delito no había sido probado por los fiscales especiales independientes, debido a que no se había demostrado el beneficio ilegal alegadamente obtenido o intentado lograr por Burgos. Recalcó que tampoco se probó que fue de su celular que se escaneó el sumario fiscal, que es un documento confidencial, que se filtró a la prensa, y que fue utilizado por la defensa de Vázquez Garced en la discusión pública previo a las primarias electorales del Partido Nuevo Progresista en la que ella competía por la candidatura a la gobernación.

“No hay prueba alguna de que la intención específica de Wandymar Burgos era obtener un beneficio para ella o para otros”, argumentó González.

“No se presentó prueba alguna que, de ninguna manera, ella tuvo comunicación con la sra. Wanda Vázquez Garced o con el sr. Antonio Pabón Batlle para favorecerlos o para favorecerse a si misma. Ellos tienen que pasar esa prueba porque esa es la denuncia”, recalcó el abogado defensor.

Burgos había solicitado a La Fortaleza que se le nominara para ocupar un puesto como jueza superior. La exgobernadora Vázquez Garced presentó el nombramiento al Senado en dos ocasiones, pero primero fue retirado por la misma Fortaleza y luego, fue rechazado por el Senado presidido entonces por Thomas Rivera Schatz.

Santiago, la asesora de la gobernadora y testigo del PFEI, testificó que se enteró, el 6 de julio de 2020, que Vázquez Garced y el entonces Secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, habían sido referidos a investigación criminal mediante mensajes de WhatsApp que le envió Burgos. Posteriormente, ella compartió la información con un funcionario ejecutivo de Asuntos Públicos o de la Oficina de Prensa de La Fortaleza, que no supo identificar.

La exasesora, que ocupa un puesto de jueza por nombramiento de Vázquez Garced, testificó también que “el 8 o 9 de julio, en horas de la noche”, recibió una llamada de la entonces gobernadora en donde le pudo expresar su incomodidad con cómo Asuntos Públicos manejó el asunto. Aseguró que siguieron conversando de otros temas de trabajo, pero “cuando está la conversación acabándose, la gobernadora me expresa que le gustaría ver el informe”.

Santiago aseguró que ella no le respondió, pero reaccionó con mucha molestia al pedido.

“Es un asunto serio. No vamos a traer al tribunal cualquier asunto. Es serio que una secretaria de Justicia le informe a los investigados que están siendo investigados. Cuando se realiza el acto, se hace con mentalidad corrupta”, alegó sin éxito el fiscal Miguel Colón.

Burgos había sido designada secretaria interina de Justicia por Vázquez Garced, tras el despido de Dennise Longo el 3 de julio de 2020. Antes de abandonar el puesto, Longo terminó de tramitar un referido a la Opfei contra la exgobernadora y otros funcionarios y exfuncionarios, según el término establecido en la Ley del PFEI y acordado previamente.

Al entrar en el puesto, Burgos ordenó el 6 de julio que el referido no fuera entregado y los solicitó de vuelta. Cuando la agente investigadora de Justicia, Agneris Valentín, entregaba los informes en las oficinas del PFEI, recibió una llamada en la que se le dio instrucciones de no efectuar la entrega y regresar con los mismos a esa agencia.

Luego que el asunto trascendiera en la prensa, el referido fue sometido. Burgos alegó que lo solicitó con el propósito de ver “de qué trataban los informes”.