El juez federal Francisco A. Besosa desestimó en 2011 la demanda presentada por familiares de Miguel A. Cáceres Cruz contra supervisores del agente de la Policía de Puerto Rico convicto por asesinarlo en el 2007, y ayer, lunes, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston sostuvo dicha desestimación.

La viuda de Cáceres, Evelyn Ramírez Lluveras, y sus tres hijos sometieron en 2008 una demanda a nivel federal contra los agentes José Pagán Cruz, Zulma Díaz y Carlos Sustache Sustache, y contra sus supervisores, el entonces superintendente Pedro Toledo, el exdirector de la región de Humacao, coronel Edwin Rivera Merced, el teniente Víctor Cruz Sánchez y los sargentos de Operaciones Tácticas, Rafael Figueroa Solís y Juan Colón Báez. La demanda fue por negligencia en la supervisión de los agentes acusados por cometer violación a los derechos civiles en hechos ocurridos el 11 de agosto de 2007 en Humacao.

"El trágico caso surge de un injustificado asesinato de un civil, Miguel A. Cáceres Cruz, en Puerto Rico por un policía en funciones, Javier Pagán Cruz. Los demandantes, la viuda y sus hijos, demandaron a Pagán y a los dos oficiales que estaban con él en la escena, y cinco supervisores por violación de derechos al causar un asesinato injustificado", comienza la opinión emitida por el panel de jueces compuestos por Sandra Lynch, William Kayatta, y una opinión disidente de Juan Torruella.

Los hechos ocurrieron el 11 de agosto de 2007 en Humacao, cuando Cáceres Cruz, de entonces 43 años, participaba con otros del Punta Santiago Scooter Club para prestar escolta en un quinceañero. Mientras dirigían el tránsito, llegaron Pagán, Sustache y Díaz. Específicamente Pagán sostuvo una discusión con Cáceres, quien cayó al suelo en plena acera, y el agente le hizo varios disparos que le causaron la muerte. Los hechos fueron grabados en vídeo por un ciudadano que presenció el acto.

Pagán Cruz fue encontrado culpable a nivel estatal y cumple cadena perpetua. Sustache Sustache y Díaz fueron encontrados no culpables.

La demanda resaltaba que contra Pagán Cruz hubo al menos siete acciones disciplinarias en su contra durante su trayectoria en la Uniformada, incluyendo un acto de violencia doméstica, y no se tomaron acciones afirmativas. No obstante, se reafirmó la decisión de Besosa.

Torruella emitió una opinión disidente, refiriéndose específicamente a los oficiales Cruz Sánchez y Colón Báez.

"Específicamente, creo que hay dudas si los oficiales Cruz Sánchez y Colón Báez estaban al tanto de las tendencias seriamente violentas de Pagán Cruz. También creo que un jurado debió determinar si estos supervisores fallaron al no tomar medidas para prevenir o al menos mitigar el riesgo grave que presentaba Pagán Cruz contra los derechos constitucionales en relación al asesinato de Cácerez Cruz. Por lo cual, respetuosamente disiento", opinó Torruella, quien resaltó las siete querellas contra Pagán Cruz.

En noviembre de 2012, sí se determinó que Pagán Cruz, Sustache Sustache y Díaz tienen que pagar $11.5 millones a la familia de Cáceres Cruz.