La jueza Awilda Mejías Ríos, del Tribunal de Bayamón, determinó no ha lugar a la petición de la defensa del detective privado Milton Rodríguez Rivera, quien solicitó desestimar el cargo en su contra por supuestamente violar la Ley de Detectives Privados al no guardar la confidencialidad de sus clientas Ana Cacho y su madre, Amneris Yvette González.

El martes, el abogado de Rodríguez Rivera, Luis Santiago, argumentó que el cargo contra su representado no procedía porque no se había consultado con el Secretario de Justicia previo a la radicación del delito.

No obstante, la jueza indicó que la interpretación de la defensa es "absurda".

"Dar una interpretación como la que sugiere la defensa sería absurdo puesto que ningún detective que tenga conocimiento de que ha violado el mencionado precepto legal acudirá motuo propio a informarle al Superintendente de la Policía que se le investigue a él mismo por haber cometido una transgresión a la ley", lee la resolución de tres páginas y media.

Indicó que informarlo al Secretario de Justicia no es de aplicación en este caso de posible violación al Artículo 18 de la Ley de Detectives Privados porque "la exigencia de la ley de someter es de aplicación cuando empleados del detective son los que cometen la infracción", pero en este caso fue el detective el que se alega cometió la infracción.

"Surge claramente que la necesidad de que el Secretario de Justicia intervenga cuando se impute una infracción por divulgación de información nace cuando es un patrono el que tiene la obligación de informar los hechos y circunstancias que le hicieron pensar que se quebrantó la ley", agrega el escrito, que aclara que esto es para propiciar que los patronos acudan a denunciar posibles violaciones de ley y se les exhima de responsabilidad como patrono si refiere la situación a investigación.

Rodríguez Rivera enfrenta un cargo por violación a la confidencialidad de sus clientas y por supuestamente practicar como detective aún después que se le revocara su licencia el 4 de enero pasado.

Cacho y su madre son testigos de fiscalía en cuanto al primer cargo, dado a que sostienen que el investigador privado que contrataron poco después de la muerte del niño Lorenzo González Cacho el 9 de marzo de 2010, publicó el libro El caso Lorenzo: las vivencias de un detective privado sin su permiso.

El juicio en contra de Rodríguez Rivera está pautado para el 7 de septiembre ante el juez Mario Morales.