La gobernadora Wanda Vázquez Garced anticipó multas a tutiplén que pudieran llegar a los $5,000 y habló de hasta la posibilidad de que los viajeros tuviesen que cumplir seis meses de cárcel si incumplen con las nuevas directrices impuestas para evitar la propagación del coronavirus, que incluyen la obligación de presentar el resultado negativo de una prueba molecular o cumplir una cuarentena de 14 días.

Igual advertencia la lanzó para ciudadanos y comercios que reten sus órdenes ejecutivas impuestas a causa de la pandemia.

Sin embargo, el problema es que “la mayoría” de las denuncias que ha logrado acumular el Negociado de la Policía desde mediados de marzo pasado, cuando inició la cuarentena obligatoria, no han llegado al tribunal, confirmó el director auxiliar del Negociado de Patrullas de Carreteras, el teniente Elvis Zeno Santiago.

Actualmente, las detenciones principales por violación a orden ejecutiva son por estar en la calle fuera del horario del toque de queda. La regulación actual establece este periodo de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.

También se puede detener por no usar la mascarilla, no mantener seis pies de distancia o que haya una reunión de 10 personas o más. Zeno Santiago reconoció que de estas categorías han ocurrido muy pocas o ninguna intervención.

Para que tenga una idea más clara, la Policía reporta hasta el 30 de junio unos 922 arrestos y 2,254 denuncias por violaciones a las órdenes ejecutivas. Cuando se le preguntó al teniente, cuántas de estas habían sido procesadas con éxito en el tribunal, ripostó que “la gran mayoría están citados. Todavía no se han visto”.

Explicó que los tribunales estuvieron cerrados a causa de la pandemia y solo atendían casos graves. Como las violaciones a las órdenes ejecutivas son menos graves, las citaciones para radicación de cargos fueron pautadas para finales de julio y principios de agosto.

“Tenemos seis meses para radicar un caso”, aludió en una instancia.

Reconoció que solo los casos de violación a orden ejecutiva que iban acompañados de delitos graves, como por ejemplo violación a la Ley de Armas o asesinato, son los únicos que han sido procesados por los jueces del tribunal.

Asimismo, expuso que las denuncias por estas violaciones han disminuido sustancialmente. Señaló que antes en un día podían sobrepasar cien casos y ahora se limitan a nueve o menos.

“La gente ya ha ido aprendiendo a vivir con esto. Al principio fue fuerte. El puertorriqueño no entendía por qué tenía que estar en su residencia, pero la mayoría de la gente ha comprendido esta situación”, manifestó el funcionario.