Las cuatro mujeres que fueron arrestadas y que enfrentan cargos por una trifulca que montaron en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín el pasado 15 de mayo, se mantuvieron sin salir del país durante los pasados 13 días, porque así lo decidieron y porque no querían arriesgarse al no entender completamente el proceso judicial en su contra.

Uno de sus abogados,  Osvaldo Carlo, dijo que ninguna de ellas tiene grillete, ni restricciones para regresar a Estados Unidos tras presentar la fianza de $1,000 que se les impuso a cada una.

“Ellas siempre tuvieron el derecho de irse a sus respectivos estados porque no tienen ninguna restricción. Se quedaron porque tenían unas vistas pendientes y dos señalamientos uno detrás del otro. Pero ya después de hoy decidieron moverse porque habrá un mes de receso en el proceso”, dijo en entrevista telefónica Carlo, quien tiene la representación legal de las cuatro, junto al abogado Edwin Quiñones.

Las mujeres enfrentan varios cargos: por violación al Artículo 108 del Código Penal, por agresión, al Artículo 241 por alteración a la paz y al 245 por empleo de violencia e intimidación. Los primeros son menos graves, mientras que el tercero es grave y es el que tiene una pena máxima de tres años de cárcel.

Ayer se realizó la vista preliminar, pero el juez César Almodóvar Marchany, del Centro Judicial de Carolina, no había tenido acceso al expediente, por lo que no estaba al tanto de que había una petición de un intérprete, dijo Jorge Umpierre portavoz interino de prensa de la Oficina de Administración de Tribunales. Por lo tanto, pospuso la vista para el 1 de julio.

Carlo aseguró que Tiona Lorrain Gómez, de 27 años; Fitia Lashana Quitevis, de 29; Kelly Raponza, de 52, y Ferrari Cruz, de 29 saben que se exponen a una vista de extradición si es que para el 1 de julio no regresan a la vista preliminar.

Carlo dijo que solicitó la desestimación de los cargos  porque las mujeres, no entienden completamente lo que ha sucedido hasta ahora. Aunque el juez la denegó, se proponen radicar un recurso para insistir en que se les violaron sus derechos.

El abogado relató que las mujeres eran parte de un grupo de 13 o 14 personas y de entre esas había alguien de origen mexicano que fue quien primero habló con la policía en el aeropuerto, tras perder el vuelo. Una vez se desatan las supuestas agresiones y detienen a las cuatro, el resto de los turistas regresaron esa misma noche en otro vuelo.

“El juez hoy (ayer) les habló en inglés y en gran medida esto ayudó a clarificarles el proceso. Lo cierto es que están perdidas. Hasta que no se les asigne un intérprete están en desventaja. Fueron a una Regla 6 en la que no entendieron bien. Eso ha creado en ellas dudas sobre el sistema, de por qué no se les permitió un intérprete en lo que a todas luces fue una vista evidenciara. La primera confrontación que tuvieron con el sistema no fue agradable”, afirmó.

Según Carlo, las turistas tienen el mismo derecho constitucional a entender el proceso, igual que las personas con problemas emocionales cuando las declaran no aptas, que entonces se procede a detener las vistas.

A pesar del evidente malestar que las mujeres expresaron ayer también en sala, “siempre han expresado interés de regresar y resolver la situación”, dijo Carlo.