Durante los primeros seis meses del 2022, nueve participantes del Programa de Supervisión Electrónica se han cortado el grillete, de los cuales cinco han sido arrestados, reveló la directora del Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ), Janet Rodríguez Robles.

Las razones para evadir el sistema son diversas, sostuvo Rodríguez Robles, antes de explicar cómo se adviene a participar en el programa. “Si un cliente tiene una convicción previa, yo no lo voy a recomendar. Sin embargo, si paga la fianza, que es su derecho, lo tengo que tener porque lleva un grillete, porque un asesinato por ley lleva grillete”, aclaró la funcionaria sobre el caso.

El año pasado, 28 participantes se cortaron el grillete electrónico; de éstos, cuatro eran confinados que fueron liberados mediante el recurso de habeas corpus, luego que se les expiró el plazo de detención preventiva en espera de juicio por cargos de asesinato y Ley de Armas. Todos fueron arrestados, el último el 28 de marzo de este año.

En la actualidad, la matrícula total de imputados que supervisan es de 925, entre los cuales figuran 330 acusados por violencia doméstica divididos en 294 hombres y 36 mujeres. Tienen registrados a 71 ofensores sexuales, 67 de los cuales son hombres. Por otros delitos hay 524 personas, de los que 58 son mujeres. De la totalidad, 627 casos pertenecen a la Administración de Corrección y Rehabilitación (ACR), los cuales se encuentran en libertad bajo palabra, por clemencia ejecutiva o disfrutan de pases extendidos.

Los evadidos

El caso más reciente y notorio es el de Carlos M. Cruz Vega, alias Mueca, quien la semana pasada amenazó de muerte a su expareja en hechos ocurridos en Fajardo, tras cortarse el grillete electrónico. El hombre no fue recomendado por PSAJ para participar del programa, pero por disposición de ley tenía que ofrecérsele los servicios porque quedó en libertad bajo fianza.

El fugitivo, natural de Carolina, está acusado por violación a la Ley de Armas, apropiación ilegal y asesinato en primer grado y contra él pesa una orden de arresto con una fianza de $200,000 expedida por el juez José A. Caraballo, por violaciones a la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, expedida el sábado pasado.

Recientemente, la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas radicó 12 cargos criminales contra Orlando Omar Tirado Santiago, de 38 años, por los delitos de fraude, posesión y traspaso de documentos falsificados en su modalidad grave y apropiación ilegal, delitos que cometió mientras se encontraba bajo supervisión electrónica. Este colocaba papel de aluminio en el grillete para interferir con la señal y cometer sus fechorías. Ahora está encarcelado al no prestar una fianza de $100,000.

“Aun cuando el imputado tiene envuelto el grillete en papel de aluminio puede dar ubicaciones, ellos piensan que la señal se bloquea totalmente siendo incorrecto, en algún momento va a dar una señal de que está en otro lugar”, advirtió Rodríguez Robles.

Otra de las dificultades que enfrentan en el Programa, como señaló en vistas públicas, es la de la inestabilidad en la señal inalámbrica de los dispositivos en personas que viven en la zona montañosa de la Isla. No obstante, una manipulación simple como halarlo o tratar de forzarlo envía una alerta inmediatamente al sistema que recopila información, analiza y le da seguimiento a los imputados. El sistema, reiteró Rodríguez Robles, opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Agregó que se encuentra en trámites de que se le asigne más personal.

“El sistema tiene una cobertura 4G; tiene unas correas de acero y nuestro personal está capacitado para trabajar inmediatamente en caso de cualquier alerta que el sistema nos dé sobre alguna violación a las condiciones del grillete. Una vez un imputado incumple con alguna condición de manipulación de grillete nosotros tenemos el personal en la calle para trabajar estos casos”, respondió la directora de PSAJ.

Aclaró que en los casos de acusados por Ley 54, el imputado no puede vivir a menos de una distancia de unos 30 minutos de la personal sobreviviente.

Cada imputado está registrado en un mapa interactivo y cuando incumple con sus condiciones de horario, esa alerta sale en la plataforma que monitorea el centro y de inmediato se lo advierte al participante una vez se recibe una autorización para ello, al tiempo que se clarificó que este dispositivo de comunicación no se utiliza para escuchar las conversaciones de la persona que lo posee.

También, la víctima recibe un aviso en sus teléfonos celulares a través de la aplicación EMPOWER, que es una herramienta que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) tiene disponible desde el 2011 como parte del contrato de grilletes y vigilancia electrónica que tiene con la compañía Track Group. A juicio de Rodríguez Robles, la aplicación salva vidas si se hace el uso adecuado.

Como parte de la supervisión se realizan visitas periódicas, pruebas toxicológicas ya que muchas de las órdenes de arresto que se diligencia es por dar positivo e incumplimiento de horario. Mensualmente se cancelan unas 6 participaciones.

“Más que por los grilletes, las cancelaciones se dan por incumplimiento de alguna condición y no es por manipulación del grillete”, puntualizó.

Indicó que les ha servido como disuasivo la aprobación del artículo 278 del Código Penal, que tiene una pena de hasta tres años a quien manipule u ocasione daños al Sistema de Supervisión Electrónica (grillete).

Prófugos

Permanece fugitivo Adrián M. Sánchez Hernández de 30 años, alias Marce, por removerse el grillete electrónico el pasado 25 de enero, luego de haber sido acusado por los delitos asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violación a los artículos 6.05 (Portación y uso de armas de fuego sin licencia), 6.14 (Disparar o apuntar armas) y 6.22 (Fabricación, Distribución, Posesión y Uso de Municiones; Importación de Municiones) de la Ley de Armas.

También las autoridades buscan a Ángel G. Ramírez Álvarez, de 26 años, alias Cocoy, quien se cortó el grillete el 9 de abril en la cancha de la escuela que ubica en las parcelas Betances, en Cabo Rojo, tras ser acusado por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

Ambos se encontraban en libertad bajo supervisión electrónica por un recurso de habeas corpus, que es una protección constitucional que establece que la detención preventiva antes de un juicio no excederá seis meses.

Un tercer imputado identificado por PSAJ como Rey Justiniano Rodríguez también evadió el programa.

Subasta en agenda

En los próximos 2 a 3 meses se completarán los trámites para una nueva subasta para que una empresa brinde estos servicios. La seleccionada debe tener una aplicación para los sobrevivientes, que tenga un teléfono integrado en el grillete, entre otros requisitos.

“Se tomaron medidas correctivas, obviamente si hay tecnología más avanzada estamos en busca de eso, pero hoy en estos momentos estamos trabajando con esa subasta”, comentó.

Mensualmente se paga a esta compañía $236,000, por el servicio de grilletes, correas, plataformas, la aplicación y a sus representantes en Puerto Rico. Track Group es representada por Miguel Tirado y Nina Quiñones y en el área de ventas por Joel Burrola.