Las autoridades federales diligenciaron 23 órdenes de arresto durante la madrugada de este lunes contra presuntos miembros de una organización criminal, conocida como La Familia Nunca Muere (LFNM), por delitos de crimen organizado, incluyendo asesinato, narcotráfico y armas, informó el fiscal William Stephen Muldrow.

Según Muldrow, la organización LFNM está compuesta por otras gangas, incluidas Las FARC, Cantera Nueva Generación y otras pandillas de las áreas de San Juan, Bayamón, Comerío, Trujillo Alto y Carolina.

Los 23 sospechosos fueron acusados por un gran jurado federal el pasado 12 de mayo. De estos, 14 fueron acusados de asesinato en ayuda de actividades de crimen organizado. De ser hallados culpables, enfrentan una posible condena de cadena perpetua y serían elegibles para la pena de muerte:

1. Emmanuel Pacheco Marín, alias “Bebo Las Farc/Bebo/Manuel/Cabezón/Viejo”
2. Edison Merced Olivera, alias “Chino/Chino Pai/Chino Oriental/El Loco/Chino Las Margaritas/China/Pai/Pay”
3. Segismar Rodríguez Rivera, alias “Segis/Seji/Ceji/Segui”
4. Rafael Prek Vargas, alias “Gordito/Goldito”
5. Nefty Oquendo Rosario, alias “Mencho/N”
6. Fernando Hilario Figueroa, alias “Bazuka/Bazu/Nando de Playita/Boti/Bazukaso/Mi Alma Gemela”
7. Jean Carlos Ramos Valdivia, alias “Caponi/El Cantante/El Flaco”
8. Pedro J. Cintrón Álvarez, alias “Torombolo/Toro”
9. Adam Miranda Rivera
10. Efraín Ortiz Rivera, alias “Topi/Topy/El Malnacido 357/Topo 2024”
11. Jonathan Selander Tanco, alias “Pollo/Gallina/Gato/Ojos Claros”
12. Wilson Álvarez Barrera, alias “Wilson Fama/Fama/La Fama”
13. Adnell Dones Valdivia, alias “Crispan/Crispancito”
14. José Yariel Ortiz Santiago, alias “Sangre”

Pacheco Marín, identificado como el principal líder de LFNM, y Merced Olivera figuran como los sospechosos de ordenar la muerte de cinco hombres el 6 de octubre de 2025, en represalia al asesinato de Héctor Alcántara Domínguez, alias Mariachi, quien era un líder de Las FARC, según la Fiscalía federal.

Se alega que ese día Pacheco Marín y Merced Olivera exigieron a los miembros de LFNM que encontraran a las personas responsables del asesinato de Alcántara Domínguez y que las ejecutaran.

Ese 6 de octubre, al menos 14 presuntos miembros de LFNM secuestraron, torturaron y mataron a Nathan Borques, de 18 años; Wilber Javier Germoso Ramírez, de 18 años; Jean Daniel Santana Márquez, de 18; Eliezer Derickson Messon, de 30; y Ramón Pierret, de 41.

La Fiscalía señaló que no necesariamente los cinco estuvieron involucrados en el crimen de Alcántara Domínguez.

Además de ser torturados, los cuerpos estaban desnudos en una escena violenta poco común en Puerto Rico.

Borques y Germoso Ramírez fueron localizados en la calle Roosevelt de la barriada Figueroa, en Santurce. Santana Márquez, Derickson Messon y Pierret estaban apilados junto al arrastre de una cisterna en la avenida Paseo de los Gigantes, en Carolina. Derickson Messon y Pierret contaban con pasaportes de República Dominicana.

Los otros imputados por presuntamente participar en una organización de crimen organizado son:

1. Alberto Valdez, alias “Pelota/Pelotero”
2. Steven González Sánchez, alias “El de los Tatuajes/Tatuajes”
3. Jorge Torres Rodríguez, alias “Polly/Poyi/Ponce/Pollina”
4. Luis Alfonso Amezquita Falú, alias “Diablón”
5. Christian López Díaz, alias “Christian 25/Chris 25”
6. Carlos Zalduondo Díaz, alias “Colo”
7. Sergio Meléndez Maldonado, alias “Cape”
8. Jessica Rosario Burgos, alias “La Mother”
9. Nallelys Colón Borrero, alias “Naye/SylellaN”

López Díaz huyó cuando los agentes intentaron arrestarlo en Toa Alta, por lo que las autoridades difundieron su imagen para dar con su paradero. Se presume que López Díaz está armado.

Por otra parte, se alega que desde 2019 hasta la actualidad, LFNM distribuyó heroína, cocaína, marihuana, fentanilo, oxicodona y alprazolam en los residenciales Villa Kennedy, Fray Bartolomé de Las Casas, El Mirador de las Casas y Las Margaritas, así como en otras áreas.

Se indicó, además, que importaban cocaína desde República Dominicana hacia Puerto Rico, y que la distribución continuaba dentro de la Isla y en los Estados Unidos.

Las condenas por narcotráfico conllevan una pena mínima obligatoria de 10 años hasta cadena perpetua, mientras que la posesión de un arma de fuego en apoyo a ese delito implica una sentencia consecutiva obligatoria de cinco años hasta cadena perpetua, y la posesión de una ametralladora en ese mismo contexto acarrea una pena consecutiva obligatoria de 30 años hasta cadena perpetua.

El caso forma parte de los trabajos del grupo Homeland Security Task Force, que cuenta con la colaboración de múltiples agencias federales y estatales, entre ellas la DEA, el FBI, el ATF, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Departamento de Hacienda, entre otras.

“La violencia de esta magnitud no se convertirá en la norma en Puerto Rico, y la DEA, junto a nuestros socios del orden público, está comprometida a enfrentarla de manera directa”, expresó el agente especial a cargo de la División del Caribe de la DEA, Michael Mayer.

“Esta investigación se enfocó en individuos que creían que podían usar el asesinato y la intimidación para fortalecer su organización criminal y sembrar el miedo en nuestras comunidades. Lo que encontraron, en cambio, fue un esfuerzo unido de agencias federales y locales trabajando codo a codo, compartiendo inteligencia, recursos y personal para desmantelar a los responsables. Este caso representa mucho más que arrestos y acusaciones; representa nuestra determinación colectiva de proteger al público, desarticular redes criminales violentas y restaurar la seguridad en las comunidades afectadas por esta violencia”, sostuvo Mayer.