De los 425 carjackings que se han registrado en lo que va de año, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Elmer L. Román González, anunció que en los últimos cinco días se han arrestado ocho individuos sospechosos de los violentos robos.

Román González atribuye las intervenciones a la iniciativa denominada Trigger Puller existente entre agencias municipales, estatales y federales.

Por su parte, el comisionado de la Policía, Henry Escalera Rivera, explicó que con los ocho arrestos se esclarece más de una decena de casos de carjacking, elevando el por ciento de esclarecimiento a 44.

“Durante las intervenciones, realizadas entre los días 15 y 19 de septiembre y que llevaron al arresto de estos ocho sospechosos, se ocuparon, armas de fuego, municiones y propiedad que había sido hurtada”, indicó el comisionado.

Sin embargo, al momento, estadísticas de la Policía indican que, comparado con el año pasado, los carjackings han aumentado en unos 42 casos cuando solo se habían reportado 383. De estos atracos, 14 han sido a los choferes de la empresa de transporte Uber.

Hoy se reportó el caso más reciente cuando, mediante intimidación, individuos despojaron de su auto a Lenis M. Pagán Guzmán cerca del negocio Jangueito Bar, en Manatí.

Según la Policía, Pagán Guzmán se encontraba en el lugar cuando dos hombres entre los 20 y 21 años, lo amenazaron y le quitaron su vehículo, un Toyota Tercel color blanco, cuatro puertas con la tablilla ICY-893. También le arrebataron unos $50 que tenía en efectivo. Acto seguido, lo golpearon con un objeto contundente. Tras el impacto, Pagán Guzmán fue trasladado al Hospital Manatí Medical Center para recibir atención médica.

Agentes de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo están a cargo de la investigación.

No obstante, de los ocho arrestos reportados por la Policía, cuatro se produjeron en esta semana. Uno de ellos fue a Héctor López Delgado, de 33 años, quien es sospechoso de cometer un carjacking contra una persona de edad avanzada el 12 de septiembre en la Avenida Ashford, frente al Condominio Miramar Condado. El arresto se produjo el 15 de septiembre y fue consultado con la fiscal Mayte Flores quien lo sometió ante el Juez Jimmy Sepúlveda, que impuso una fianza de $50 mil dólares. López Delgado fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón. La División de Robos de San Juan fue parte de esta investigación.

Al otro día, 16 de septiembre, se radicaron cargos contra José E. López Piñeiro por poseer un vehículo Kia Forte del año 2018 que había sido hurtado mediante carjacking en Caguas. La fiscal Sandra Cortés presentó el caso ante la Jueza Vanessa Sánchez, quien determinó causa por violación al artículo 15 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular (Ley 8), imponiéndole una fianza de $5 mil la cual fue prestada a través de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ). Esta investigación fue realizada por el CIC de Humacao.

Ese mismo día, se realizaron cuatro ruedas de confrontación por delitos de carjackings ocurridos el 20 de abril en el Ramal 8, intersección con la calle Simón Madera en Río Piedras; el 12 de mayo en la urbanización Venus Gardens en Río Piedras; el 20 de mayo en la urbanización El Comandante en Carolina y el 12 de agosto frente al Hogar Alma en Cupey. Por el delito ocurrido el 20 de mayo, se radicaron cargos a nivel estatal contra Daniel Matos Pastrana, quien se encuentra en prisión por otro delito de carjacking, el juez Jimmy Sepúlveda encontró causa y fijó una fianza de $50 mil. El sospechoso fue reingresado a la cárcel de Bayamón. La investigación fue realizada por la División de Robos de San Juan y el FBI, quien quedó a cargo de la investigación en los otros tres casos contra el mismo sujeto.

El martes 17 de septiembre personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce arrestó en la calle 40 de la urbanización Jardines del Caribe, en Ponce, a Roberto L. Montalvo Irizarry de 30 años. Este individuo figuraba en la lista de los 10 más buscados y contra él pesaban dos órdenes de arresto por asesinato, violación a la Ley de Armas y hurto de vehículo y una fianza de $2,260,000 fijada por la Jueza Adria M. Cruz Cruz del Tribunal de Ponce.

Al momento de la intervención, el arrestado tenía en su poder un rifle calibre 300 con dos cargadores y 61 municiones. Además, poseía un cargador tipo tambor para 100 municiones.

Mientras, el miércoles 18 de septiembre, se radicaron cargos contra dos sujetos imputados de cometer el delito de carjacking contra conductores del servicio de transporte UBER. El primero de los arrestados fue un menor de edad, sospechoso de cometer el delito el 12 de julio de 2019 en la calle Casino de la urbanización Puerto Nuevo en San Juan. El caso, investigado por la División de Robos de San Juan, fue consultado con la Procuradora de menores Ana Pérez y presentado ante la Jueza María Flecha Mestre, quien ordenó el ingreso del menor a la institución juvenil en Villalba.

El segundo, fue identificado como Luis Díaz Hernández de 20 años y residente en Guaynabo, a quien se le imputa haber solicitado los servicios de la empresa de transporte Uber para luego secuestrar a la víctima utilizando un arma de fuego y posteriormente lo dejó amarrado a un árbol, llevándose su vehículo. El caso fue investigado por el CIC de Bayamón y consultado con la fiscal Lisette Sánchez. El Tribunal de Bayamón determinó causa para todos los delitos imputados y se fijó una fianza de $120 mil que, tras no ser prestada, el acusado fue ingresado en la institución penal de Bayamón.

En tanto, el 19 de septiembre en el barrio Jauca de Santa Isabel, se arrestó durante horas de la noche a John Michael Ortega, de 22 años, conocido por Bombi, quien es residente en la barriada San José de San Juan. Este sujeto fue identificado como líder de un grupo dedicado a cometer delitos de carjackings en las áreas de San Juan y Carolina. Contra este hombre pesaban dos órdenes de arresto por robo de vehículo (carjacking) y Ley de Armas con fianza de $1.2 millones y una orden por violación de condiciones de probatoria a nivel federal. El arrestado será llevado al Tribunal para el diligenciamiento de las mismas. Esta intervención fue realizada por personal de la División de Arrestos y Extradiciones.

“Vivimos en una sociedad de ley y orden en la que el delincuente debe tener claro que actuar al margen de ello tendrá serias consecuencias. No se escatimará en recursos para investigar y procesar a las personas que cometen este tipo de delitos contra la ciudadanía, ese es el compromiso de la Policía, el DSP y la gobernadora Wanda Vázquez”, expuso Román González en declaraciones escritas.

Por su parte, el comisionado de la Policía, indicó que personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de las 13 áreas policiacas continúa ejecutando el Plan Anticrimen para para desarticular cualquier ganga que se dedique a cometer estos y otros delitos.