El inicio del juicio contra la empleada doméstica Aida de los Santos Pineda, acusada de matar a su jefa Georgina Ortiz Ortiz, podría afectarse debido a que la mujer fue sometida a una operación quirúrgica la semana pasada.

En una moción informativa, que consta en el expediente del caso en el Tribunal de San Juan, la licenciada Lucille Borges Capó deja saber a la jueza Eloína Torres Cancel que “por causas ajenas a las partes, la cirugía se retrasó”. Originalmente, se había anunciado que la intervención quirúrgica se realizaría en una fecha anterior a la semana pasada.

El documento de dos páginas, que llegó a la Secretaría de lo Criminal del centro judicial el lunes a la 1:16 p.m. sostiene que “haremos arreglos para que las personas a cargo de supervisar la condición médica de la acusada pongan en posición (conocimiento) a las partes sobre cuál es su cuadro clínico y qué arreglos, si alguno, este Honorable Tribunal debe realizar en cuanto a la celebración del juicio”. El proceso está pautado para iniciar el próximo lunes 29 de abril.

El escrito no ofrece la fecha exacta de la operación “por razones de seguridad que ha establecido el Departamento de Corrección”. Tampoco indica el tipo de cirugía.

En sus últimas visitas al tribunal, la ex empleada doméstica caminó con un bastón, y sus abogados solicitaron una pausa entre el proceso de la selección del jurado y el comienzo del juicio debido a razones de salud que nunca se divulgaron en corte abierta.

Ese asunto podría tocarse mañana, viernes, durante una vista para marcar evidencia.

Ruta de la defensa

 El voluminoso expediente del caso también contiene varias mociones de Borges Capó, que parecen anticipar el camino que tomará la defensa para intentar demostrar que De los Santos Pineda no mató a la esposa del exjuez Carlos Irizarry Yunqué en concierto y común acuerdo con otra persona que nunca ha sido identificada como alega el ministerio público.

Irizarry Yunqué descubrió el cuerpo de su esposa la tarde del 17 de agosto de 2010 al llegar al apartamento de ambos en el Condominio Laguna Terrace del Condado.

Como parte de la Regla 95A o el descubrimiento de prueba a favor del ministerio público, Borges Capó entregó a la fiscal Elba Acevedo Pérez copia del expediente que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) entregó al equipo de la defensa sobre el análisis de los cabellos recuperados en las uñas y pulseras de la víctima. La seróloga del ICF, María Enid Ramos, realizó el estudio.

En su argumentación de cierre en la vista preliminar, Borges Capó resaltó que el tejido recuperado debajo de las uñas de la víctima y el cabello recuperado de una de sus pulseras no corresponde a De los Santos Pineda.

Esta estrategia de defensa también parece enfilar los cañones hacia el exjuez del Tribunal Supremo y esposo de la víctima, quien nunca se ha presentado al centro judicial para seguir el caso contra la mujer que supuestamente mató a su compañera de vida.

Poco se conoce del exjuez después del asesinato de su esposa, aunque abogados y fuentes cercanas al tribunal consultados por este medio dicen que se encuentra enfermo.

Como “posibles testigos” de la defensa, Borges Capó anunció a Raymond Soto, chofer que manifestó ver a Irizarry Yunqué en el condominio el día de los hechos, luego de las 3:00 p.m.

En la vista preliminar, el guardia de seguridad del Condominio Laguna Terrace en Condado, Oreste Navarro Soler, declaró que el 17 de agosto Irizarry Yunqué llegó al edificio como a las 5:15 p.m. y detuvo el automóvil frente a la caseta de seguridad para preguntarle si había escuchado los tangos de Carlos Gardel. 

Además, en la lista de potenciales testigos, aparece Jeannette Rivera Corcino, un familiar de la víctima, que “llegó a la escena y de su declaración jurada se desprende que estando allí, alegamente Lida (Isis Irizarry) le manifestó que le dijo a don Carlos Irizarry que se lavara o se cambiara, entre otras cosas”.

Aunque no los anunció formalmente, Borges Capó aclaró que dependiendo de lo que ocurra en el transcurso del juicio podría sentar a declarar al exjuez, su hija Lida Isis y Héctor Bird, dueño del taller de computadoras donde se encontraba la computadora de la víctima.

Jurado con mayoría de mujeres

En las manos de 10 mujeres y dos hombres quedará la decisión de liberar o encarcelar de forma definitiva a la empleada doméstica.

Cuatro suplentes -tres hombres y una mujer- también escucharán la prueba que el ministerio público presentará para probar su teoría de que De los Santos, de 57 años, mató a la esposa del exjuez.

Según el pliego acusatorio, la acusada dio muerte a Ortiz Ortiz asfixiándola por estrangulación, “para poder dominarla y utilizando un cuchillo le hizo una herida punzocortante horizontal de 5” de longitud en el cuello, que le provocó una hemorragia severa que le ocasionó la muerte.

De los Santos enfrenta un cargo de asesinato, que contempla una pena de 99 años de cárcel, y otro de violación a la la Ley de Armas.

En entrevista con el diario Primera Hora, De los Santos aseguró que no mató a su jefa y que el día de los hechos un hombre enmascarado y con guantes la amenazó con un cuchillo para que abandonara el apartamento en Condado, donde horas después apareció muerta Ortiz Ortiz.

En la extensa entrevista, De los Santos afirmó que abandonó el lugar y que no llamó a la Policía por miedo. Eventualmente y cuando entendió que su familiares estaban fuera de peligro divulgó a las autoridades esta información.