A la luz del día, en plena universidad y sin esconderse mucho, abrían sus mochilas sin libros y sacaban las balanzas. 

De esta manera, grupos de estudiantes recibían a sus clientes dentro del campus y suplían la demanda, que les generaba miles de dólares en venta de marihuana.

Así se desprende de una investigación de varios meses del Negociado de Drogas de la Policía, que desarticuló este lunes la operación de puntos de drogas en los recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras y Bayamón, así como en la Universidad del Sagrado Corazón (USC), en Santurce.

El Negociado diligenció 27 órdenes de arresto. De ese total, siete están acusados por operar en la USC, ocho por venta de drogas en la UPR de Bayamón y 11 en el Recinto de Río Piedras. En el grupo figura también un menor de edad que no se precisó en qué lugar operó. Un total de 21 personas habían sido detenidas hasta el mediodía del lunes.

Todos son estudiantes, con excepción de un sujeto en Río Piedras, quien se hacía pasar por universitario para realizar sus transacciones, reveló la Policía en un comunicado de prensa. Ese sujeto fue identificado por las autoridades como David Sánchez Arroyo, quien tiene expediente criminal previo.

"De día y de noche... Operaban a cualquier hora del día, mientras la universidad estuviera en funciones", dijo el comandante José Juan García, director del Negociado de Drogas. "La mayor parte de las funciones, diría yo, eran de día", agregó.

El superintendente de la Policía, José Caldero, por su parte, señaló que en la UPR-Río Piedras los puntos operaban en las inmediaciones del teatro, cerca de la residencia de estudiantes y en los pasillos de la Facultad de Ciencias Naturales. Agregó que en la UPR-Bayamón y en Sagrado los puntos estaban ubicados en gacebos.

Las autoridades estimaron que la operación ilegal generaba anualmente $224,000 en Río Piedras, $122,000 en Bayamón y $112,000 en Sagrado.

García explicó que en cada recinto operaba cada grupo de forma coordinada. En cambio, no encontraron que existiera alguna comunicación entre los tres grupos, aunque funcionaban de manera similar.

"Llevaban un tiempo y por eso los directivos de las universidades nos traen a la atención de que eso estaba ocurriendo allí", sostuvo García. "Empezamos a levantar inteligencia para hacer identificaciones, con alguna información que ya teníamos, y logramos identificar a cada uno y cómo operaban", precisó el oficial policiaco.

"Operaban en distintos lugares y las personas iban donde ellos. Eran puntos. Eran personas que vendían, en este caso, marihuana y los clientes ya sabían a dónde ir", añadió.

Con autorización de las administraciones universitarias, la investigación inició en marzo de este año. Agentes encubiertos se hicieron pasar por estudiantes universitarios "comunes y corrientes" que comenzaron a visitar los puntos.

"Se acercaban a estas personas, que tenían sus mochilas y en muchos de los casos no tenían libros. Lo que había era una mochila abierta con plásticos y picadura de marihuana", precisó García.

"Sacaban una balanza. No la pesaban escondida. La ponían en el piso, ponían la marihuana sobre la balanza y te vendían exactamente la cantidad que estabas pidiendo", abundó.

El Comandante también destacó que las transacciones que realizaron con cada uno de los acusados fueron grabadas en vídeos, que forman parte de la prueba que llevada a los tribunales.

"Hay individuos que tienen más de una venta", comentó. "Hay algunos (acusados) con dos y tres ventas al mismo agente y todas fueron grabadas en vídeo", reveló.

El veterano oficial en operaciones contra el narcotráfico dijo que no existe un perfil particular de los acusados, sino que los acusados tienen diferentes tipos de trasfondos.

Lamentó que, comúnmente, se tiende a decir que los involucrados son personas de escasos recursos, pues considera que no es cierto. Resaltó que, entre los acusados en esta operación, había "una gran cantidad" de detenidos "que entendemos, por el lugar donde residen, que no son de escasos recursos, sino de clase media o media alta".

"Hay un joven que terminó de estudiar leyes en mayo. Ese se detuvo en una urbanización, que si ves el lugar, entendemos que es una urbanización más acomodada que la que vemos comúnmente. Ese joven tenía droga al momento de ser detenido", sostuvo García.

Señaló, además, que entre los imputados también había estudiantes de "administración, contabilidad y humanidades". El operativo fue denominado "Parrandón Universitario 1", por lo que se le preguntó a Caldero y García se habría más arrestos en otros recintos y no lo descartó.

"Hace muchísimo tiempo que esto no se hacía", expresó García, en referencia a las intervenciones por drogas en las universidades.

"Se había intervenido en el pasado y conocemos de casos que están activos, y en su momento veremos hasta donde llegamos. Hay que mantenerse en sintonía", añadió.

La Policía identificó al líder de la organización en Río Piedras como Alexander Jefet; al de Sagrado como Kevin Rodríguez, y al de Bayamón como Gustavo Cruz Rivera.

Los imputados enfrentan cargos por violación al Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas, por posesión de droga con intención de distribución. Las 39 denuncias conllevaron una fianza global de $1.9 millones.

Reaccionan las Universidades

El anuncio de los arrestos se realizó en una conferencia de prensa, en la que también participaron los presidentes de la UPR y la USC.

Tanto Urayoán Walker, presidente de la UPR, su homólogo de la USC, Gilberto Marxuach, indicaron que acudieron a la Policía cuando les llegó información de lo que estaba sucediendo.

De esta manera, aseguraron que el personal de seguridad de ambas instituciones sabía lo que estaba ocurriendo.

"Precisamente por percatarse es que acudimos a la ayuda directamente de la Policía, que es quien tiene la responsabilidad, en colaboración con nosotros, sobre estos temas de índole legal y criminal en Puerto Rico", sostuvo Walker.

"A raíz de nuestra reunión con el Superintendente de la Policía, entonces, surge este esfuerzo para desarticular este grupo de estudiantes dentro del recinto de Rio Piedras y Bayamón de la UPR", agregó.

Walker dijo que este suceso no agilizará el proceso de la instalación de las cámaras de seguridad en el recinto riopedrense, sino que seguirá el curso regular, después de haber sido aprobado en el Senado Académico y ahora se encuentra ante la consideración de la Junta de Gobierno. De aprobarse, anticipó que luego podría llevarse a los otros recintos.

"Este esfuerzo (con la Policía es) para tener unos recintos más seguros para nuestros estudiantes y para el país", manifestó Walker. "Desde la Universidad es que desarrollamos los talentos que necesita el país. Particularmente, en esta coyuntura histórica que vive el país es necesario tener una universidad fuerte, comprometida con el país como siempre y este tipo de conducta, como sabemos, no se puede tolerar dentro ni fuera de los predios de la UPR".

Por su parte, Marxuach apuntó que, además, de notificar a las autoridades, "hemos aprovechado para hacer una revisión completa de todos los protocolos, políticas y reglamentos de seguridad… las prácticas y procedimientos del equipo de seguridad de la Universidad, para reforzar la seguridad y la integridad en el campus".

"Ha sido una oportunidad de aprendizaje para la universidad y para fortalecer todos nuestros procedimientos, para poder garantizar al estudiantado, los padres y familiares que es un ambiente seguro y sano, conducente a la seguridad de nuestros jóvenes", afirmó.