Pablo Casellas Toro será enjuiciado en el Tribunal Federal de Puerto Rico, en Hato Rey, el mismo en el que su padre, el juez Salvador Casellas, impartió justicia en notorios casos criminales del país.

El viernes 7 de febrero, Casellas Toro será trasladado desde la Cárcel Regional de Bayamón hasta el Tribunal Federal en Hato Rey, para enfrentar la vista inicial en su contra por tres cargos criminales relacionados a ofrecer información falsa a las autoridades federales sobre un carjacking del que alegó ser víctima.

Apenas el día antes, el 6 de febrero, será la lectura de sentencia en su contra en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón luego de que fuera encontrado culpable el 22 de enero pasado del asesinato de su esposa Carmen Paredes.

Al día siguiente, a las 10:30 a.m., comparecerá a la sala número 7 a la vista inicial, de fianza y lectura de acusación en su contra en la sala siete ante el juez federal Joseph R. Goodwin, quien vendrá a la Isla para ver el caso. Goodwin es el juez presidente del distrito sur de West Virginia desde el 2007 y es juez federal desde 1995, nombrado por el expresidente Bill Clinton.

El pliego acusatorio fue emitido el 10 de abril de 2013, pero no fue hasta hoy que fue abierto para iniciar el proceso en su contra. La acusación fue presentada por el secretario de Justicia federal Eric H. Holder y por los fiscales Wilfredo Ferrer y Michael Gilfarb de Florida, dado a que la Fiscalía federal en Puerto Rico se inhibió de llevar el caso por deferencia al padre del acusado.

En la moción de la Fiscalía para que se hiciera público el pliego acusatorio, se explica que el propósito de mantenerlo sellado desde el año pasado era "para proteger los derechos de juicio justo contra el acusado en el proceso estatal".

Las partes han sostenido conferencias de estatus telefónicas, y la defensa -que no menciona los nombres de los abogados- adelantó que solicitaría cambio de jurisdicción para ver el caso, a lo que el Gobierno no se opondría.

La acusación detalla que el 17 de junio de 2012, Casellas Toro alegó que fue víctima de un crimen en las inmediaciones del Club Metropolitano de Tiro, en Toa Baja. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) acudió a la escena para determinar si se había cometido un delito federal por tratarse de un alegado “carjacking”.

Según el pliego acusatorio, el acusado informó que unos individuos dispararon contra el cristal trasero de su vehículo obligándolo a detenerse. Dijo que un sujeto lo forzó a moverse al asiento del pasajero, mientras le apuntaba con un arma, y que fue entonces que le dispararon en el brazo y que logró escapar por un cristal roto y esconderse de los maleantes, hasta que vio que su carro no estaba. Dijo que tenía dos armas en el baúl de su auto.

Al día siguiente, alguaciles federales lo entrevistaron en su hogar y volvió a sostener que había sido víctima de un carjacking.

El primer cargo es porque "a sabiendas y voluntariamente ofreció testimonio falso, fraudulento y ficticio" en el que alegó que fue a disparar al club de tiro, cuando la realidad es que no fue a practicar, sino "a crear la falsa impresión de que fue víctima de un crimen".

En el segundo cargo, se le imputa que "a sabiendas y voluntariamente ofreció testimonio falso, fraudulento y ficticio" al decir que alguien provocó que detuviera su automóvil, cuando nadie provocó tal acto, y el tercer cargo fue porque "a sabiendas y voluntariamente ofreció testimonio falso, fraudulento y ficticio" al alegar que a punta de pistola, lo forzaron a moverse al asiento del pasajero, "cuando eso no ocurrió".

De ser encontrado culpable, se expone a cinco años de prisión. A nivel estatal, se enfrenta a una sentencia de 118 años por asesinato en primer grado, violación a la Ley Armas y destrucción de evidencia del arma homicida, por el asesinato de Paredes ocurrido el 14 de julio de 2012 en su residencia en la urbanización Tierralta III, en Guaynabo.