El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor M. Pesquera considera que no existe una crisis de seguridad nacional a la luz de las balaceras recientes antes de entrar a la reunión convocada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, para discutir las estrategias contra la criminalidad con su equipo de seguridad y varios alcaldes afectados por incidentes de violencia. 

“Hay una preocupación lógica…crea inseguridad (las balaceras) si tú ves el visual que fue horrible, no hay duda de eso, pero lo que le quiero decir no es que sea una cosa de que haya una crisis que haya una crisis de seguridad nacional. Hay una situación que se está atendiendo, tenemos unos planes proyectados”, 

A su vez insistió en que las estadísticas reflejan que hay menos asesinatos al inicio del 2019 que en el 2018. 

A pesar de que en lo que va de año han ocurrido 18 asesinatos, siete menos que en el 2018, la diferencia que ha levantado alarma no es la cantidad sino el método utilizado por los pistoleros quienes a plena luz del día no importa el lugar ni la hora y hasta con el rostro descubierto, acechan a su objetivo hasta matarlo como si tuvieran la seguridad de que nadie va a intervenir. 

Este tipo de delitos, al que Pesquera no quiere llamar una crisis está enmarcado por el ausentismo de policías durante la temporada navideña, el éxodo de policías, por jubilación, renuncias, expulsiones o por el Programa de Transición Voluntaria y un movimiento iniciado por una ciudadana para que Rosselló Nevares para que le exija su renuncia y la inoperancia del Negociado de Drogas, Narcóticos, Armas Ilegales y Control del Vicio, entre otros factores.

“Si es por números estamos mejor que el año pasado, es una semántica, pero a pesar de esto lo que yo quiero es que entiendan que el Gobernador y este servidor toman esto en serio, no es una cosa pasajera, lo tomamos bien en serio y a base de eso él va a hablar con los alcaldes que se invitaron con las policías municipales”, expresó Pesquera. 

Al preguntarle si se siente seguro en Puerto Rico, repitió que sale solo todos los fines de semana con su esposa. 

También recabó la colaboración de todos los alcaldes porque considera que “esto no es un “issue” de partido o del municipio”. 

Sobre el recogido de firmas que comenzó una ciudadana para solicitarle al Gobernador que le pida la renuncia, afirmó que no tiene en planes abandonar el cargo. 

“Yo no vine aquí a un concurso de popularidad, yo vine a hacer un trabajo y el que tiene la responsabilidad de esa decisión es el Gobernador o este servidor…si tengo que renunciar por alguna situación renuncio, pero yo no voy a renunciar porque las redes sociales o alguien lo diga”, puntualizó Pesquera. 

Las firmas se acercan a las 10,000. 

Aclaró que no le ha solicitado al Gobernador la activación de la Guardia Nacional. 

Esta reunión podría ser la antesala a la Cumbre contra la Criminalidad que fue convocada ayer, lunes, por Rosselló Nevares la cual se llevará a cabo el 22 de enero e incluirá a las autoridades federales. 

Los alcaldes invitados son los de San Juan, Carolina José Aponte Dalmau, de Bayamón Ramón L. Rivera, Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez, Cataño Félix Delgado Montalvo, Caguas William Miranda Torres, Ponce María “Mayita” Meléndez Altieri, Mayagüez José Guillermo Rodríguez y Arecibo Carlos Molina. 

La alcaldesa de San Juan, Carmen “Yulín” Cruz Soto, junto al coronel José L. Caldero López, exsuperintendente de la Policía y actual comisionado de la Policía Municipal de la capital, a su llegada al Cuartel General, reconoció que la convocatoria del Gobernador es un primer paso que no va a resolver el problema que tiene raíces más profundas como lo es la desigualdad, la violencia machista y la falta de educación con perspectiva de género, entre otras. 

Agregó, que lo que ocurre en la isla es una guerra por el control del narcotráfico. “Hay que mirar para un problema permanente una solución diferente y tenemos que hablar de la legalización del uso de la marihuana en adultos para controlar un mercado que lo que hace es matando a nuestra gente”.

Pesquera, no quiso comentar sobre su propuesta.  

“Nosotros tenemos que mirar primero la parte punitiva ahora mismo porque estamos pasando por una situación donde 18 personas han sido asesinadas, en ocho días del comienzo del año, pero es un momento para buscar soluciones diferentes, número uno, ¿cómo podemos incentivar mejor a la uniformada, en el municipio de San Juan hemos pagado las horas extra mensualmente así es que es algo que hay que motivar a la gente a hacer un mejor trabajo”, sostuvo Cruz Soto, al resaltar la peligrosidad de la labor que desempeñan.

De su lado, el alcalde de Carolina indicó que en el caso de la balacera ocurrida en la marginal Villa Mar en Isla Verde y en otros similares el problema es ocasionado por comercios que solicitan permisos para operar y luego cambian el tipo de actividad, por lo que recomendó que se legisle al respecto.

“Lograr que mediante legislación se vea un proceso donde una vez el municipio o el estado detecten que un municipio o el estado detecten que una compañía o una corporación o un individuo que está alterando su permiso o está haciendo mal uso de su permiso ese permiso se cancele y ese establecimiento se pueda cerrar con intervención del tribunal”, respondió Aponte Dalmau, quien agregó que en la actualidad este proceso tarda demasiado tiempo.

Desde el 2017 el Tribunal de Carolina solicitó la revocación del permiso al negocio Zokkus donde se originó el conflicto que culminó con la balacera y todavía no se ha podido ejecutar la orden. Las multas son de miles de dólares y aun así siguen operando.  

El alcalde de Toa Baja, en cuyo municipio durante finales de diciembre se recrudeció la incidencia de asesinatos, calificó como importante la reacción del Gobernador de convocar a la cumbre, no obstante, puntualizó que es importante formular las estrategias de prevención. 

“La ineficiencia a través de los años en el uso de los recursos en la búsqueda de la participación y organización de las comunidades para que se empodere de sus espacios como son las canchas, los parques, los centros comunales, las propias escuelas, para tener resultados en el mediano y largo plazo”, dijo Márquez. 

A su vez, el alcalde de Bayamón, al aclarar que no quería minimizar la magnitud del problema de violencia comparó las estadísticas del 2011 cuando ocurrieron numerosas masacres en diferentes partes del país.

“No es la primera vez que ocurre, pero primero hay que buscar la raíz de los problemas y eso es fundamental, ese es un tema para discutirlo hoy nada más sino a largo plazo, por hoy yo creo que (debemos discutir) qué recursos aportar para ayudar a la Policía”, adelantó Rivera. 

En la reunión hay representación del Negociado de Ciencias Forenses, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, entre otros funcionarios.