El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente refirió para acción administrativa unas alegadas conductas delictivas por parte de una taquígrafa del Departamento de Justicia y su hija en relación a la compra de un auto.

Se indicó que la situación de hechos se relacionaba con una querella presentada por Mariangie Velázquez Vélez ante la Policía de Puerto Rico contra la taquígrafa Lillian Cruz Ayala y su hija Liza Maldonado Cruz. En la denuncia, Velázquez Vélez alegó que Maldonado Cruz utilizó información personal de ella para adquirir un vehículo.

Cruz Ayala junto a Velázquez Vélez trabajan en el Departamento de Justicia. Entonces, se implicaba que Cruz Ayala y Maldonado Cruz obtuvieron información personal del expediente de Justicia para realizar la transacción de compraventa.

A base del informe preliminar que el Departamento de Justicia refirió al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, el Panel determinó que existía prueba suficiente para designar un fiscal. A tales efectos, designó al licenciado Emilio Arill García como fiscal especial independiente y a la licenciada Cándida Sellés como fiscal delegada.

Los fiscales entrevistaron a empleados y funcionarios del Departamento de Justicia, incluyendo a la alegada perjudicada, Velázquez Vélez. Ninguno de ellos declaró haber observado que Cruz Ayala o Maldonado Cruz hubieran obtenido de manera ilícita la información personal de la querellante.

Asimismo, una representante del Oriental Bank, entidad donde Maldonado Cruz sometió una solicitud para financiar la compra del vehículo, declaró que la petición no se aceptó y se devolvió al “dealer” de autos.

Los fiscales solicitaron al “dealer” Adriel Auto el expediente de solicitud de compra. Este respondió que no logró encontrar el documento original. Entonces, los refirió a la institución financiera Toyota Credit Corp. Dicha compañía indicó, según constataron los fiscales, que el documento en controversia no se utilizó para realizar la transacción.

“Ante la situación expuesta, los fiscales especiales se reafirmaron en su conclusión sobre la insuficiencia de prueba para presentar el caso ante los tribunales... y no aparecen los documentos originales para poder probar quién falsificó y traspasó dichos documentos”, precisó el Panel en declaraciones escritas.

Determinaron que el expediente fiscal fuese referido al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, para que este asunto pueda ser atendido en el ámbito administrativo por la Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos de la agencia.