Caguas.- La defensa de la adolescente Yaminely Parrilla Machín, imputada por el asesinato de otra adolescente en Juncos, anticipó esta mañana que impugnará la jurisdicción del Tribunal de Caguas en este caso.

También solicitó que se traslade a la joven, de 17 años, de la Cárcel de Mujeres en Vega Alta a una institución de menores.

Hoy, durante el primer señalamiento de la vista preliminar que se sigue contra la muchacha, el licenciado Luis Pérez Bonilla, de la Sociedad para la Asistencia Legal, inició su exposición ante la jueza Sylkia Carballo Nogueras solicitando 30 días para prepararse para el caso.

Luego realizó los planteamientos sobre la jurisdicción y la minoridad de su representada.

Afirmó que presentará una moción para impugnar la renuncia automática de jurisdicción del Tribunal de Menores y otra de rebaja de fianza.

Aseguró que Yaminely, a quien se le impuso una fianza de $1.1 millones, solo tenía 17 años y que debía estar en una institución de menores y no en la Cárcel de Mujeres, a donde fue ingresada.

En respuesta a los planteamientos del abogado defensor, el fiscal José Iván Carrasquillo Santana indicó que como parte de su investigación se desprendía que la imputada tenía 18 años, pero reconoció que la joven brindó una fecha de nacimiento que no concordaba con la edad.

"No hubo cooperación", indicó el fiscal sobre la actitud de la muchacha.

Ante estos planteamientos, la jueza Carballo Nogueras pidió al abogado defensor que presentara evidencia que confirme la edad de Yaminely.

La joven, que arribó al Tribunal pero que no estuvo presente en la sala 302 durante la vista, encara un cargo de asesinato por supuestamente matar a Nashaly de Jesús, de 17 años, un cargo de tentativa de asesinato por agredir a su amiga, de 16 años, y una violación a la Ley de Armas por posesión de un arma blanca.

Durante la audiencia también se discutió una moción del Ministerio Público solicitando el archivo de uno de los dos cargos de maltrato que pesaban contra Jennifer Cordero Machín y Yolanda Machín Peña, hermana y madre de la joven acusada de asesinato.

La magistrada aceptó la petición y enmendó los pliegos acusatorios para reflejar el cambio.

Jennifer, de 22 años, enfrenta ahora un cargo de agresión y otro de maltrato relacionado a su hija, 5 años.

El abogado Arturo Aponte Arché representa a la mujer, quien encuentra libre bajo fianza.

Su mamá Yolanda, 48, de años, quien se encuentra detenida y enfrenta un cargo de maltrato, uno de amenaza contra mamá de la víctima y otro de agresión, no contaba con representación legal.

Por ello, la jueza Carballo Nogueras le asignó al licenciado José Velázquez Grau como su abogado de oficio.

Ante una petición del fiscal para no fragmentar el caso y la falta de preparación de dos de los tres abogados, la magistrada señaló el inicio de la vista preliminar para el 13 de mayo a las 2:00 p.m.

Según el Ministerio Público, a eso de 6:30 p.m. del 30 de marzo pasado Nashaly de Jesús y su amiga se encontraban en la casa de la primera en el barrio Placita III en Juncos.

En una casa cercana, vivían las tres imputadas.

 Las tres imputadas abordaron un Toyota Corolla, que manejaba Jennifer. En ese vehículo también iban otro hermano de las imputadas y la hija, de 5 años, de Jennifer.

Jennifer supuestamente gritó un improperio a una persona que estaba en la casa de la víctima y recibió una respuesta de otra persona que se encontraba en el lugar, de acuerdo al Ministerio Público

En reacción, la mujer detuvo el vehículo y los pasajeros se bajaron. Supuestamente Jennifer peleó a los puños con la joven, de 16 años, mientras que Yaminely llamó a la víctima a quien supuestamente agredió en dos ocasiones con un cuchillo.

Luego Yaminely hirió con el arma blanca a la amiga de la víctima.

La niña, de 5 años, supuestamente presenció la agresión. Los cargos de maltrato contra su madre y su abuela están relacionados a la presencia de la menor en el lugar donde ocurrió la pelea.

Un día después de recibir las heridas, Nashaly de Jesús murió en el Centro Médico de Río Piedras.

El fiscal Carrasquillo Santana señaló que en un momento existió una orden de protección para que las imputadas no se acercaran a la familia de la víctima. Después hubo una orden de protección recíproca, que había expirado al momento de los hechos.