El abogado de Pablo Casellas Toro, Francisco Rebollo Casalduc, solicitó formalmente el cambio de jurisdicción en el caso que su cliente enfrentará a nivel federal a partir del 7 de abril por entender que en la Isla no es posible conseguir un jurado justo e imparcial, luego de la "publicidad excesiva, sensacionalista y altamente con prejuicios" del caso por el asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón.

En la moción radicada hoy en el expediente del caso federal, Rebollo Casalduc propuso al juez asignado a atender el caso, Joseph R. Goodwin, de Virginia Occidental, que el juicio por tres cargos por proveer información falsa a agentes federales se vea en el Tribunal Federal del distrito de Massachusetts, en Boston, catalogándolo como una jurisdicción "neutral".

Rebollo Casalduc presentó el documento de 22 páginas detallando la cobertura "extensiva" que recibió el llamado "caso Casellas" desde que ocurrieron los eventos, el 14 de julio de 2012 en la residencia de la pareja en la urbanización Tierralta III, en Guaynabo.

El escrito señala que a los pocos minutos de que Casellas Toro encontrara a su esposa muerta en el área de la piscina, llegaron las autoridades y emergencias médicas, y justo después llegaron los representantes de los medios de comunicación del país, y desde entonces, se convirtió en la noticia principal de los noticieros televisivos, radio, prensa escrita, Internet y programas de entretenimiento.

"El asesinato de Paredes Cintrón dominó las noticias en la pequeña isla de Puerto Rico de forma sin precedente", lee la moción.

"Desde poco después de los eventos del 14 de julio de 2012, el público en general y la prensa local, específicamente, declararon no oficialmente a Casellas Toro como el responsable de la muerte de su esposa y demandaron su arresto", agregó Rebollo Casalduc, quien recordó que el Departamento de Justicia declaró a Casellas Toro como sospechoso el 4 de agosto de 2012.

Resumió que se publicaron datos falsos, como que Paredes Cintrón llevaba horas muerta y que se encontró sangre en otras partes de la casa. Recalcó que la publicidad también se concentró sobre el padre del acusado, el juez federal Salvador Casellas, catalogando la situación como un "circo".

"Horas y horas fueron dedicadas a criticar el hecho de que el juez federal Salvador Casellas, el padre del acusado, había llegado a la residencia de su hijo mientras la Policía de Puerto Rico trabajaba en la escena del crimen. El público, y muchos analistas, reclamaban y discutieron por días y días que el juez Casellas había interferido u obstruido la investigación, que había alterado la escena, y que ejercía influencias a favor de su hijo. El público indicó que como Pablo Casellas Toro era hijo de una persona prominente, se saldría con la suya, contrario a una persona poco privilegiada... Lo tomaron en pijamas buscando el correo frente a su casa, lo seguían en el Tribunal Federal para pedirle entrevistas... La atmósfera de circo seguía y no tenía límites", manifestó el abogado.

Recalcó además que el caso coincidió con la campaña del plebiscito para enmendar la Constitución que garantiza el derecho a fianza a todo acusado por delitos criminales, y que Casellas Toro se convirtió en el "poster child" (niño símbolo) de la misma, especialmente cuando al ser arrestado el 6 de septiembre de 2012, se le impuso una fianza "sin precedentes" de $4 millones, la cual prestó.

Rebollo Casalduc informó que la defensa contrató a la firma Publimedia Inc. para tabular las noticias del caso en los medios de comunicación y los mismos fueron incluidas en la moción.

También contrataron a "The Marketing Center", que hizo un estudio de opinión pública en abril de 2013. El mismo reveló que el 70% de los residentes del distrito judicial donde se vio el caso a nivel estatal creían que el acusado era culpable de los cargos que enfrentaba. El 12% dijo no tener opinión sobre el caso, el 8% dijo no tener conocimiento del caso y el 5% dijo que la verdad se vería en su momento durante el juicio.

"Sería razonable concluir que después de que se diera el juicio estatal por cargos de asesinato que se dio entre octubre de 2013 y enero de 2014, después de que el público vio en vivo el veredicto de culpabilidad en la noche del 22 de enero de 2014, y después de la sentencia pública que se transmitió en vivo el 6 de febrero de 2014, y después que las autoridades federales revelaron los cargos que enfrenta, el porciento de ciudadanos en Puerto Rico que cree que Casellas Toro es culpable por estos delitos es al menos igual a lo que reveló el estudio, y probablemente sea más alto", expresó Rebollo Casalduc en el escrito.

Dijo que durante el juicio, "ningún otro juicio en la historia de Puerto Rico ha sido cubierto por los medios de comunicación a este extremo", y señaló que un juego de la liga de béisbol profesional en Mayagüez fue interrumpido para informar que Casellas Toro había sido encontrado culpable.

"Todos los factores pesan sobre la presunción de prejuicio en este caso. Esta corte tiene la discreción de ordenar el cambio de jurisdicción en este caso y debería hacerlo, por los intereses de la justicia y para ser justos, ejercer la discreción de ordenar que el juicio en este caso se mueva a una localización neutral, como lo sería el Tribunal Federal de Massachusetts, en Boston", concluyó el abogado.

Rebollo Casalduc había adelantado que solicitaría el cambio de jurisdicción en la vista del 7 de febrero pasado, a lo que el fiscal Michael E. Gilfarb, de Florida, no tuvo objeción.

El pliego acusatorio emitido por un gran jurado el 10 de abril de 2013, detalla que Casellas Toro "a sabiendas y voluntariamente ofreció testimonio falso, fraudulento y ficticio" al alegar que el 17 de junio de 2012 fue víctima de un robo a mano armada por dos individuos que supuestamente dispararon el cristal trasero de su vehículo y lo hirieron de bala en un brazo para robarle el carro. Según la acusación, el hoy convicto pretendía "crear la falsa impresión de que fue víctima de un crimen" para alegar que le robaron dos armas, que luego fueron recuperadas, una de ellas en su hogar y la otra fue el arma homicida del asesinato de su esposa.