Un paro de policías podría estar a la vuelta de la esquina durante las épocas festivas agravando la crisis de seguridad que vive el país, si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no cumple con la Ley 81, que promueve un retiro digno para los miembros del sistema de rango del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), los bomberos y oficiales de custodia, entre otros servidores públicos.

Esa fue la advertencia que hizo hoy Gabriel Hernández Ramos, un policía retirado en el año 2014, con 20 años de servicio, quien organizó desde New Jersey, la protesta. Ni la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, ni sus miembros o de su equipo de asesores les hizo algún acercamiento para el diálogo.

“Yo los invité, los llamé, los convoqué, les di la oportunidad para que bajaran, no quisieron, pues yo les di el discurso, luego de eso, toda la responsabilidad cae ahora en ellos sea cual sea la acción que vaya a tomar la Policía de Puerto Rico de ahora en adelante. Hoy fue una amonestación, no una amenaza, de que si no ejecuta la Ley 81 la Policía de Puerto Rico va a reaccionar y no va a hacer más manifestaciones, eso se acabó, vamos a comenzar paralizando la seguridad de Puerto Rico”, sentenció Hernández Ramos.

El portavoz de la actividad no les dio un plazo fijo, sino que esperan por una acción inmediata del ente fiscal en su beneficio, pero recordó que las protestas de otros sectores del pueblo continuarán y se arriesgan a que uno de estos días no haya policías en las líneas de piquete.

Hernández Ramos, renunció al NPPR ya que según sus cálculos cuando hubiese llegado el tiempo para retirarse hubiese recibido una raquítica pensión de unos $500.00 mensuales.

“Se están acercando unos días muy importantes, esto va a ser sucesivamente hasta que ellos implementen la Ley 81, mientras tanto vienen fechas importantes, vienen más manifestaciones del pueblo puertorriqueño y si nos quieren ver en la línea, ejecuten la Ley 81, sino ahí no va a haber presencia policíaca”, advirtió Hernández Ramos.

Aseguró que cuenta con el apoyo de todos los gremios que representan a los policías. Además, asistieron a la actividad varios miembros de la alta oficialidad de la Policía que se afectarían directamente si no se acoge la ley y empleados de otras agencias.

“No queremos que esto suceda, pero el pueblo de Puerto Rico va a sufrir las consecuencias por una irresponsabilidad de parte de la Junta de Control Fiscal que teniendo la ley no la quiere ejecutar”, finalizó.

Los afectados directamente son alrededor de 2,000 agentes u oficiales activos que ingresaron en el año 1990 o antes, a quienes se les aplicó la Ley 447 del Sistema de Retiro de Empleados Públicos del Gobierno y los que fueron reclutados después de esa fecha, entre el 1991 al 1999, que quedaron bajo la Ley 1.

Los que están incluidos en la Ley 447, recibirán una pensión de un 42% de su salario y los de la Ley 1, solo un 28% del sueldo base que devengan para el 2013, cuando se cobraba un promedio de $1,800.00 a $1,900.00.

La Ley 81 procura otorgarles a los policías, bomberos, oficiales de custodia una pensión vitalicia a aquellos miembros de estos cuerpos de seguridad que tengan 30 años o más de servicio. Los miembros que cuenten con al menos 30 años de servicio, y que hayan cumplido 55 años podrán retirarse con hasta un 50% por ciento de su salario devengado a esa fecha.

Como incentivo adicional, mientras se culmina el proceso de reclutamiento, se establece que aquellos miembros que permanezcan en servicio hasta los 58 años, tendrán derecho a recibir hasta un 55% del salario devengado al momento de su retiro. Además, se les garantiza una aportación de $100 mensuales para seguro médico, beneficio que mediante la Ley 3-2013 se les quitó.