Con 18 de 26 testigos de la Fiscalía, el juicio contra el abuelo que en septiembre pasado se llevó a su nieta de cinco años a la fuerza del Hospital Pediátrico en Río Piedras estaba previsto para iniciar esta mañana, pero se pospuso para agosto cuando iniciara por jurado, según solicitado hoy por la defensa.

Kelly Robert Swayden enfrenta cargos por maltrato de menores, agresión menos grave a guardia de seguridad, violaciones a la Ley de Tránsito, tentativa de robo de auto y daño grave a propiedad pública.

De acuerdo con la fiscal del caso, Deborah Benzaquen, el cargo de maltrato está relacionado con la denuncia que “imputa el haber puesto a la niña en riesgo de sufrir grave daño emocional y corporal”.

La custodia de la menor de edad había sido tomada por el Departamento de la Familia, pero eventualmente fue devuelta a Swayden y a su hija, informó la fiscal a su salida de la Sala 1105 de la jueza Eloina Torres Cancel del Tribunal de San Juan.

El juicio por jurado se llevará a cabo del 7 al 25 de agosto.

Swayden se llevó a la niña el 17 de septiembre a toda prisa del hospital al enterarse de que Familia consideraba quitarle la custodia de la nena bajo la sospecha de que había cometido abuso sexual en su contra. Tras varios exámenes iniciales no se pudo confirmar ni descartar que hubiese abuso y por ello la agencia quería hacer pruebas adicionales. Fue cuando Swyden se llevó a la menor, salió en un auto en contra del tránsito, chocó varios vehículos en la avenida Américo Miranda en Río Piedras y rompió una valla.

Sobre el particular, Benzaquen indicó que la sospecha de abuso sexual no fue parte de su investigación.

De otro lado, la defensa del Swayden, el licenciado Francisco Reyes Caparrós, justificó a Primera Hora la solicitud de documentos que hará a Familia, Salud (relacionados con un rape kit) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de que la Fiscalía informara en sala que no tuvo acceso a la información que este requiere. “Se hicieron unas imputaciones que no proceden y tenemos que probar precisamente que el Estado… le tiró el sistema a mi cliente innecesariamente”, argumentó el licenciado.