La jueza Vivian Durieux Rodríguez, del Tribunal de Bayamón, pospuso hasta el próximo lunes la Vista Adjudicativa en la que se discute la moción solicitada por la defensa de Pablo Casellas Toro convicto por el crimen de su esposa, para la celebración de un nuevo juicio por la presunta conducta impropia del jurado.

La decisión fue tomada luego de que el Ministerio Público anunciara que acudirá al Tribunal Apelativo con una moción en Auxilio de Jurisdicción para que se paralice el proceso con el fin de que la jueza tome una decisión en torno a la moción radicada por la defensa con la prueba ya desfilada y no continúe entrevistando a jurados en corte abierta.

Durante su turno, la fiscal Phoebe Isales atacó la confiabilidad de la declaración jurada que fue presentada por la defensa que dio paso al testimonio de una de las jurados a pesar de que durante el proceso no objetaron que se admitiera como evidencia. También planteó que se pudo haber incurrido hasta en violaciones a los cánones de ética que rigen la profesión de abogado. 

“¿Por qué nosotros solicitamos que se pare aquí el proceso? Por esa santidad jurídica que tiene el jurado, porque si nosotros seguimos tocando al jurado con un proceso que se inició de esta manera estamos violentando la mácula del jurado y sería un fatídico precedente que la primera vez que se descorre el velo del jurado sea por actuaciones que podrían ser impropias”, manifestó de su lado en sala, la fiscal Janet Parra, al insistir en que no pretendían retrasar el proceso.

De su lado, el licenciado Harry Padilla respondió que “jurídicamente no tienen razón, pero es un derecho que tienen las partes”.

Durante la vista de hoy, martes, dos de los miembros del jurado que en votación de 11 a 1 emitió un veredicto de culpabilidad contra Casellas Toro, por el crimen de su esposa Carmen Paredes, fueron interrogados durante una vista adjudicativa.

"Éste es un caso novel porque no había acontecido en la historia del derecho de Puerto Rico, donde se trae a un jurado a testificar sobre el veredicto", expresó Durieux Rodríguez en sala. De su lado, la defensa respondió que este tipo de caso no es nuevo, solo a la luz de las nuevas reglas de procedimiento criminal.

Las deliberaciones de los jurados son confidenciales y permanecen selladas hasta que el tribunal permita su descubrimiento.

También deberán decidir si aceptan que la defensa presente un testigo, el cual no está disponible hoy, a pesar de que el Ministerio Público dijo que no era pertinente.

La primera en testificar fue la jurado número cuatro, Vilma E. Pérez Quiles, quien reveló que, para el 16 de mayo del 2015, firmó una declaración jurada ante un notario y el licenciado Harry Padilla en la que detallaba cómo otro jurado identificado como José Pérez, en tres ocasiones comentó que lamentaba que el único testigo de la defensa, el ingeniero Rafael Jiménez, no tuviese credibilidad porque sabía que había estado involucrado en un caso de presunto fraude durante la construcción del Tren Urbano.

La testigo alegó que Pérez hizo las declaraciones en tres ocasiones, una en el cuarto de jurados al terminar su testimonio frente a varios de sus compañeros, la otra cuando se secuestró al jurado durante el proceso deliberativo mientras eran transportados en una guagua para recoger sus pertenencias y la tercera durante la deliberación frente a todo el grupo.

En ninguna de las ocasiones Pérez Quiles entendió que era necesario exponerlo al alguacil o al juez.

Pérez Quiles, narró que al terminar el juicio se quedó con “dudas, lagunas” y le comentó a un amigo suyo que es abogado a quien identificó como Kiko Vega que si conocía al licenciado Padilla que le comentara que ella se había quedado con interrogantes que le gustaría aclarar. Todo esto ocurrió un año después de haber culminado el proceso.

Transcurrido el tiempo, su amigo la recogió para reunirse con Padilla y fueron hasta la residencia de otro licenciado de la defensa cuyo nombre no recordaba y le indicó que “me había quedado con unas dudas que yo quería clarificar y él me las clarificó”.

En la conversación surgió la información sobre el jurado que conocía al perito de la defensa de quien opinaba que carecía de credibilidad y el abogado le preguntó si estaba dispuesta a dejar plasmados los datos en una declaración jurada, lo que ella aceptó. La misma se firmó en una pizzería de San Patricio.

¿Alguien le ha ofrecido algo a cambio de usted haber prestado la declaración jurada?, preguntó la jueza y Pérez Quiles respondió que “no”.

El segundo en tomar la silla de testigos fue José R. Pérez Torruella, quien aclaró que como empleado de una sección de la Autoridad de Carreteras donde se reciben fondos federales para su rembolso sabía que Jiménez, el testigo de la defensa, era un consultor del proyecto de construcción del Tren Urbano.

“Personalmente no lo conocía, no había tenido contacto con él. La primera vez que lo vi fue aquí (en la sala del tribunal). Yo sabía que había un consultor que se llamaba Rafael Jiménez…fue posterior a la lectura del veredicto que salimos de sala cuando la alguacil Alexandra dijo que ahora podemos hablar y yo lo que dije fue que cómo es posible que lo seleccionaran como perito en este caso cuando yo era un empleado de la Autoridad de Carreteras”, respondió Pérez Torruella.

Asimismo, dijo que no recuerda haber hecho el comentario en alguna otra ocasión y que no creyó pertinente comentarle que lo conocía a ningún funcionario del tribunal.

Uno de los abogados de la defensa, el licenciado Juan Ramón Acevedo, expuso a su llegada al tribunal que la moción radicada pretende probar que a su cliente se le privó de un juicio justo e imparcial.

"Es una moción de nuevo juicio por haberse violado el derecho del acusado Pablo Casellas a un juicio justo e imparcial y a un jurado que actuara imparcialmente", explicó el abogado.

Además, planteó que radicó otra moción de nuevo juicio porque presuntamente se le ocultó a la defensa evidencia sobre un testigo que les ofreció información incorrecta. 

El 17 de julio del año pasado, la defensa del convicto Casellas Toro, presentó al Tribunal de Primera Instancia una segunda solicitud de nuevo juicio por el asesinato de su esposa Carmen Paredes, en hechos ocurridos el 14 de julio de 2012.

Durante la mañana de hoy, la jueza les tomó juramento a los miembros del jurado, uno de los cuales se encuentra en Estados Unidos quien hará gestiones para que tan pronto sus médicos le den el visto bueno pueda viajar a la isla para prestar su declaración.

A su llegada a la sala Casellas lucía relajado, sonriente y le solicitó al alguacil que le removiera las esposas unidas a las cadenas que tenía en la cintura, pero se le indicó que la jueza no había dado la orden. 

Luego, preguntó por sus abogados que estaban en el pasillo y el licenciado Acevedo nuevamente solicitó que le removieran las esposas y las cadenas, siendo liberado. Las cadenas de los tobillos las tiene puestas.

En su petición original sus abogados plantearon que la solicitud fue promovida “al amparo del debido proceso de ley. Y ello, habida cuenta de que el Pueblo por conducto de una de sus fiscales le ocultó, aun cuando este lo había solicitado, unos beneficios que le habían buscado, obtenido e informado a uno de los testigos principales de cargo, de nombre Joselito Rivera Seda, para mover el ánimo de este y crearle un “prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad’”.

De igual modo, establecieron que ninguno de los testigos en el caso por el crimen era oculares. “Todos fueron indirectos o circunstanciales”, sostuvieron.

El 25 de abril del 2017, el Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó la decisión del Tribunal Apelativo que le concedía a Casellas Toro un nuevo juicio por el asesinato de su esposa, de 46 años, en la terraza de su residencia de la urbanización Tierralta III en Guaynabo.

Casellas, quien se dedicaba al negocio de bienes raíces, en enero del 2014, fue declarado culpable por un jurado de matar a su esposa en votación de 11-1. En esa ocasión su defensa afirmaba que el veredicto debía ser unánime a la luz del caso conocido como Sánchez Valle, mientras que la fiscalía aseguraba que no le aplicaba.

Por el crimen, Casellas cumple una sentencia de 109 años de cárcel por cargos de asesinato en primer grado, destrucción de pruebas, declaración o alegación falsa sobre delito y violación a la Ley de Armas.