La lectura de sentencia contra Ramón Díaz Delgado, quien se declaró culpable por cometer soborno y fraude en un programa federal relacionado a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), quedó paralizada hasta nuevo aviso, a petición de la defensa.

La solicitud se fundamenta en la posibilidad de que se acusen a más personas en este caso.

En una conferencia de estatus ante el juez federal Jay García Gregory, el abogado Edgar Sánchez Mercado y la fiscal Heidi Boutros, de la División de Integridad Pública en Washington, se reunieron en el estrado con el juez a solicitud de la defensa. 

Se escuchó al juez indicar que mantendría la sentencia "sine die" o sin señalamiento hasta que las partes le informen que están listos. 

Fuera de la sala judicial, Sánchez Mercado expresó inquietud sobre otras personas acusadas en el caso. 

"No sé cuántas personas puedan ser acusadas por este caso", comentó y justificó dejar en suspenso la sentencia de su representado, quien se declaró culpable el 10 de diciembre de 2014, cuando se radicó en su contra una denuncia.

Su caso dio pie a la acusación contra la exadministradora auxiliar de programas de Adsef, Elaine Porrata Toro, que fue emitida el 15 de septiembre pasado. 

A Porrata Toro se le imputa conspirar para cometer soborno y extorsión a cambio de conceder contratos con Adsef a varios empresarios como a Díaz Delgado. Esta agencia está adscrita al Departamento de la Familia. La exfuncionaria también ha sido acusada de fraude electrónico y obstrucción a la justicia.

En el caso de Porrata Toro hay una vista de estatus citada para mañana, miércoles, ante el juez federal Gustavo A. Gelpí. La acusada está representada por el abogado Juan Matos de Juan.

Se alega que la exfuncionaria era recaudadora de fondos para el Partido Popular Democrático (PPD).

Según la acusación, los hechos ocurrieron entre enero de 2010 y junio de 2013, cuando se alega que Porrata Toro otorgó contratos por $1.6 millones, mientras recibió sobornos por parte de Díaz Delgado y del contable Ángel Avilés Rosario por aproximadamente $16,150 que depositó en su cuenta de banco del 30 de julio de 2010 al 18 de mayo de 2012, además de pagos en efectivo.

El pliego acusatorio alega que Porrata Toro obtuvo dos tarjetas de débito para cubrir sus gastos con fondos de las empresas Warehouse Operation Management Corporation y High Quality Multi Service, presididas por Díaz Delgado.

Díaz Delgado renunció a ser acusado por un gran jurado y se declaró culpable por la denuncia, a cambio de una sentencia recomendada de menos de cinco años y de cooperación con las autoridades federales.

Avilés Rosario hizo lo propio el 15 de septiembre pasado por un delito por conspirar para cometer sobornos con relación a un programa federal. A cambio de su alegación de culpabilidad, la pena recomendada es de cinco años de prisión. La lectura de sentencia en su caso está pautada para el 14 de diciembre ante el juez Gelpí.