La vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 17, imputadas por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, fue pospuesta para el 18 de septiembre ya que los abogados de la defensa no estaban preparados para ver el caso.

Mientras que, la jueza Marielem Padilla Cotto, pautó para el 3 de septiembre a una vista sobre el estado de los procedimientos para, entre otros asuntos, asegurarse que la grabación de la vista de Regla 6, la Resolución del Tribunal Supremo autorizando a la difusión de la vista y las copias de las denuncias les sean entregadas a la licenciada Rocío Revelles Ponce, de Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), quien representará a la menor, junto a la Lcda. Athelyn Jiménez Emmanuelli.

“En cuanto a la menor de edad, Anthoneiska Avilés Cabrera, las cámaras en sala no podrán enfocar ni grabar en ningún momento del proceso el rostro de la menor”, sentenció la jueza, incluyendo durante su traslado al tribunal.

Según argumentó esta medida está fundamentada en que aun “cuando la señorita Anthonieska Avilés Cabrera está siendo juzgada como adulta a tenor con el artículo 4 de la Ley 88, este mismo articulado dispone que si este tribunal en algún momento, luego de escuchada la prueba hiciera una determinación por un delito menor, el expediente deberá ser remitido al Tribunal de Menores”.

Si esto ocurre la menor tendría unas protecciones de confidencialidad que resultarían ser académicas si el tribunal permite ahora la difusión de su rostro.

La progenitora contrató al licenciado Jesús R. Ramos Puca, quien tampoco estaba preparado para la vista, ya que recién el viernes pasado asumió su defensa y necesita tiempo para entrevistar a su clienta e investigar las alegaciones en su contra.

Las partes se reunieron con la jueza para discutir una moción radicada durante la vista anterior por el Ministerio Público, representado por los fiscales Brenda Lee Soto Santiago, Edwin Ortiz Rivera y Lourdes L. Cruz, para solicitar medidas de protección a los testigos para que no estén expuestos en transmisiones de medios de comunicación.

La jueza determinó que durante la transmisión pública del caso las cámaras no pueden enfocar ni grabar en ningún momento del proceso, el rostro de los testigos de cargo que sean civiles y menores de edad.

“Solamente se permitirá la difusión de testigos como agentes del orden público y personal investigativo”, sostuvo.

Sobre las piezas de evidencia el Tribunal realizará un análisis minucioso de todo documento o pieza de evidencia que habrá de presentarse en su momento y podrá ordenar la no difusión de alguna de ellas.

También porciones de testimonio de naturaleza confidencial o sensitiva, no se transmitirían.

Ninguna de las imputadas ni los testigos estuvieron presente en sala por entender que no era necesario.

Padilla Cotto le advirtió a los fiscales que no permitirá el testimonio de aquel testigo que no comparezca el día de la vista preliminar y que no sea juramentado.

“Para la fecha del 18 de septiembre del 2025 el Ministerio Público deberá tener en sala todos los testigos que pretende utilizar en la vista preliminar de manera que el tribunal los pueda poner bajo juramento y bajo las reglas del tribunal aquellos testigos que no se sienten a declarar en ese día.

Durante una vista sobre el estado de los procedimientos, el viernes pasado, la SAL notificó que todos los abogados de la región de Aibonito se inhibieron de asumir la defensa ya que conocen a las partes involucradas.

Revelles Ponce estuvo acompañada hoy por los licenciados Manuel Mayo López y del Lcdo. Félix Vélez Alejandro de Oficina Central de SAL.

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La licenciada y exfiscal Zulmarie Alverio Ramos, al finalizar la vista de Regla 6 en el Tribunal de Aibonito el día en que las arrestaron y les radicaron cargos renunció a su representación legal ya que que solo fue contratada para representarlas en la etapa inicial.

Ambas enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas de Fuego, por la portación y uso de armas blancas y se encuentran encarceladas, por separado y aisladas de la población penal, en el Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza de $1 millón que le señaló a cada una, la jueza Valery Telles Telles.

Madre e hija enfrentan cargos en común y mutuo acuerdo por el asesinato de la adolescente de 16 años, ocurrido a la medianoche del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de una pelea entre jóvenes que culminó con el asesinato con un objeto punzante contra la menor. Todo ocurrió tras el cierre de una fiesta de verano auspiciada por el Municipio de Aibonito.

Las autoridades no han revelado el motivo de los hechos, más allá de que fue una riña que ocurrió el mismo día de los hechos, mientras que familiares expresaron que ya había desavenencias entre ambas. En la denuncia se describe el arma blanca utilizada como de una pulgada de ancho, sin brindar otros detalles.

El Departamento de Justicia ha anunciado que podría radicar nuevos cargos contra las imputadas y a otras personas en un futuro cercano.

La semana pasada, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzzane Roig, reveló que un menor fue acogido bajo el programa de protección a testigos, en este caso ya se había iniciado un plan de acción protectora junto a su familia.

Mientras que las autoridades, han continuado con las entrevistas a potenciales testigos y participantes.