A medida que se acerca la fecha de juicio que el ex senador Jorge de Castro Font enfrenta en la jurisdicción estatal, surge la interrogante de si éste enfrentará juicio o hará una alegación de culpa bajo algún acuerdo con la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) o el Departamento de Justicia.

El juicio está señalado para el 8 de noviembre y se extendería hasta el mes de diciembre.

Primera Hora supo que las partes que entienden en el caso, la abogada Lydia Lizarríbar y el FEI Guillermo Garau, se encuentran en el proceso de evaluar a los jurados, a quienes el tribunal les envió unos formularios con las preguntas generales que permiten descartar de inmediato a aquellos que no califiquen.

Ayer, el juez superior Enrique Arias denegó la desestimación de los cargos por los que ya se había determinado causa en la vista preliminar.

“Se probaron elementos del delito”

El fiscal Garau expresó estar satisfecho con la decisión del juez, al sostener que en la vista en alzada pasó prueba por los delitos de soborno y extorsión, de crimen organizado, lavado de dinero y los cargos de perjurio.

“En resumidas cuentas, vamos para juicio con 103 cargos, incluyendo los electorales, que son menos graves”, dijo Garau al ser abordado por Primera Hora.

Mencionó que probó los elementos de delito de soborno mediante la declaración prestada por la ex directora de Acodese, Betsy Barbosa.

Barbosa declaró que le dio $50 mil a De Castro, de los que $30 mil los pagó en facturas fatulas a la compañía de publicidad Sajo y García, y $20 mil se los dio en efectivo.

En el caso del empresario Ramón Mc Crohon, dijo que probó que éste le pagó $20 mil bajo el entendido de que se iba a aprobar el proyecto que tenía que ver con los rótulos de las paradas de guagua, de forma que no perjudicara los intereses de la corporación de Mc Crohon.

El ex presidente de Coca Cola, Alberto de la Cruz, indicó, le pagó $165 mil, que fue abonando durante cuatro años, a razón de $40 mil , para pagar la deuda que De Castro tenía con Sajo y García.

“Se probó que él recibió el dinero para detener la ley que proponía quitarle la exención de arbitrios a la cerveza local, que iba a perjudicar a la corporación”, apuntó.

Del cabildero Guillermo Zúñiga se estableció “que mediante intimidación y constantes amenazas hizo que el cabildero le pagara de $3,000 a $5,000 todos los meses”.