Pudo haber ocurrido en cientos de ocasiones.

La revelación de presuntos actos de abuso sexual por parte del psiquiatra pediátrico Gerardo V. Navarro Rodríguez, de 59 años, contra dos pacientes menores de edad, levanta la preocupación de que pudieran ser muchas más las víctimas del supuesto depredador.

Es uno de los menores quien dio a conocer el abuso del que estaba siendo objeto ya que “se sentía agobiado” por la situación.

El menor de 17 años, quien recibía tratamiento psiquiátrico desde el 2011 debido a una depresión, relató a una maestra lo que estaba sucediendo. Este tomó fotos del galeno mientras tenía sexo oral con otro menor.

“Nadie me va a creer, como tomo medicamentos y es doctor, van a pensar que me estoy inventando esto”, se dijo el menor.

Las autoridades federales radicaron una querella a Navarro Rodríguez por transportar a menores con la intención de cometer actos sexuales ilegales y tráfico sexual de niños, ya que los actos ilegales ocurrieron no solo en la oficina, sino en su residencia en Cayey.

Las secuelas en los niños son terribles

Larry Alicea, presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, que ha visto más de 2,000 casos de abuso de menores, expresó que sería raro que estos fueran los únicos eventos.

“La literatura dice que cuando un caso es descubierto, ha pasado en cientos de ocasiones. Es raro que este sea el único evento y que ahora sea descubierto”, dijo.

“Las secuelas para los niños son terribles. Es una persona en posición de poder, llamado a velar por la salud mental de los niños. Para los niños, toda persona que está llamado a protegerlos, que los abusan, se está trastocando en el sentido básico de confianza”, dijo.

Lo que implica, indicó, es que van a tener problemas para confiar porque son los llamados a protegerlos y los abusaron.

“ Cuando crecen, la literatura nos dice, que si no reciben ayuda, cuando grande van a actuar agresivamente, sumamente defensivos y van a tener problemas para relacionarse con las personas, independientemente de quienes sean”, apuntó.

El trabajador social recomienda a los padres cuyos hijos se atendieron con este psiquiatra que les pregunten a los niños que se quedaron solos con él cómo fueron las sesiones y si sucedió algo que no les gustó.

“Si algún niño le revela algo, no le sigan preguntando. Busquen una persona experta que pueda preguntarles a los niños de un posible caso que pueda surgir. Que no abunden porque le trastocan la memoria al niño”, señaló.

Abominable

La socióloga Palmira Ríos calificó como abominables los actos de abuso sexual presuntamente cometidos por el psiquiatra, no sin antes hacer la salvedad de que estas imputaciones se tienen que probar en un juicio, ya que nuestro sistema de justicia reconoce la presunción de inocencia y es responsabilidad del Estado “probar todo esto”.

“De ser cierto, realmente es abominable, porque una persona que ocupa una posición de confianza a la cual otra persona accede para buscar apoyo profesional violenta los cánones profesionales básicos, que aunque las víctimas fueran adultas, tampoco serían aceptadas. Más aun, cuando son menores de edad, que van a buscar apoyo para una condición mental. Es más grave aún”, acotó.

Mientras, el sociólogo José Luis Méndez comentó que “respetando la presunción de inocencia”, es un asunto muy serio porque la psiquiatría es una profesión muy delicada, en la medida en que el psiquiatra tiene en sus manos el ayudar o hacer daño a una persona.

“Tiene la gran posibilidad de ayudar a personas con disturbios emocionales a recobrar su salud mental, como la posibilidad de hacer mucho daño, si se desvía de los requerimientos éticos de su profesión y se aprovecha del poder que le da la psiquiatría para satisfacer sus apetitos sexuales o su desviación”, dramatizó.

“Se envuelve en una profesión que le da acceso a la mente de la persona y no se duda que escojan la misma para estar cerca de los niños”, dijo.

Depredador por excelencia

La jefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, informó ayer en una rueda de prensa, que este caso fue referido a las autoridades estadounidenses por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

La fiscal relató que el 27 de abril pasado, Navarro Rodríguez llamó a uno de los menores, John Doe 1, para ver si podía ir a su casa a “verificar la electricidad”. El adolescente le dijo que estaba con un amigo de 17 años, identificado como John Doe 2, quien también es paciente mental, y el doctor le dijo que lo llevara.

“John Doe 1 dijo que tenía que atender una llamada y salió y al regresar vio a Navarro Rodríguez masturbándose con John Doe 2. John Doe 1 tomó fotos del acto”, indicó.

El menor relató que en al menos una ocasión el psiquiatra le recetó medicamentos para dilatar las eyaculaciones, pero no los tomó.

“Este acusado se aprovechó de la relación que tenía con su paciente, un menor de edad, para abusar de él sexualmente. Nuestro propósito, al denunciar este crimen, es que los padres que hayan llevado a sus hijos a visitar a este médico hablen con ellos, y denuncien cualquier sospecha que tengan de abuso sexual por parte del acusado”, señaló.

El director de la Oficina de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI) en Puerto Rico, Ángel Meléndez, dijo que “este es el depredador por excelencia, que usó su posición de confianza y de poder para atacar a menores de edad. Es escalofriante el relato que hacen los menores de lo que fueron objeto”.

Otros casos

Al menos dos casos judiciales contra profesionales de la salud han llamado la atención pública por la naturaleza de las denuncias:

En el primero, el juez José Montijo, del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, le impuso una sentencia de cinco años en probatoria al ginecólogo Pablo Domingo Soto, a quien se le imputaba ponerse fresco con dos de sus pacientes durante los años 2009 y 2010. Inicialmente Soto estaba imputado de dos casos de actos lascivos, pero el fiscal general, Obdulio Meléndez, y su abogado Harry Padilla llegaron a un acuerdo para reclasificar los delitos a unos de agresión, por lo que cualificó para probatoria. 

Otro caso, que no prosperó (2013),  fue el del dentista Marciano Avilés Roig, quien enfrentaba cargos de agresión contra Jaynary Rodríguez López. Sin embargo, el juez Iván Román no encontró causa contra el doctor.